Desde 1995, los chilenos han estado más insatisfechos que satisfechos con la democracia, indican los resultados arrojados recientemente por Latinobarómetro (1995-2020). En este último barómetro, 76% de los encuestados se muestran descontentos, lo que es el porcentaje más alto en los últimos 25 años. Aun así, no todo es negativo; también se observa que la pandemia ha reforzado la fe de las personas en la democracia en Chile, contrario a lo que se podría imaginar.
Entre descontento y una creciente esperanza en la democracia, los ciudadanos esperan reformas que permiten confiar más en el Estado y sus instituciones. Dado que el poder siempre se ha basado en el control de la información y de la comunicación, como dice Manuel Castells, en el centro de estas reformas debería haber una mayor y mejor transparencia, con énfasis en las acciones y resultados de quienes sostienen el poder en el sector público. La constante lucha en torno a quién controla la información es la clave del poder, según este sociólogo español.
Dentro de las reformas pendientes en el ámbito de la transparencia en Chile, quizás la más relevante sea la del gasto público, y la encuesta de presupuesto abierto del International Budget Partnership evidencia que Chile sostiene brechas importantes en estos ámbitos.
No es que no exista información. Paradójicamente, hay abundancia de información, y así, confusión acerca de cuáles datos existen, y dónde encontrarlos. Hay múltiples data sets a nivel del gobierno central, regional y municipal, pero muchos de ellos están sin mayor uso, por no tener información útil desde el punto de vista de los usuarios, o por ser de difícil acceso.
En paralelo, una cierta abundancia de datos también es inevitable en cualquier sociedad del siglo XXI, dado que cada persona o movimiento podría tener diferentes preguntas frente a los que sostienen el poder. Entonces, frente esto, no solo es relevante filtrar mejor los contenidos según la necesidad de los usuarios, sino también apoyar que la sociedad civil pueda encontrar y procesar de forma más masiva esta información, para así monitorear a las autoridades. El Ejecutivo está obligado a facilitar el uso de los datos y, como gesto democrático, el Ejecutivo está llamado a restringir su propio poder.
Hay algo adicional. La transparencia fiscal no solo está llamada a ajustarse según las necesidades de los usuarios, para así evitar que se emitan datos e informes que muestran principal o únicamente lo que el poder quiere mostrar. Entre cientos de data sets y documentos, la transparencia fiscal también deberá volver a lo esencial, porque dentro de la información actualmente disponible, no se encuentran datos que pudieran relatar cuáles son los objetivos y resultados finales del gasto. Así, en sus mil páginas, nuestra Ley de Presupuestos no explicita los objetivos que finalmente motivan y legitiman el gasto público, careciendo así también de indicadores estratégicos asociados.
¿Aumentó el porcentaje de personas que dicen que es fácil llegar a un espacio verde cercano? ¿Mejoró la calidad del aire? ¿Aumentó o, por último, se mantuvo estable la mediana de ingresos familiares? ¿Mejoraron los conocimientos de los alumnos en la prueba PISA en lectura, matemática y ciencia? Los indicadores del Presupuesto de Bienestar en Nueva Zelandia contestan estas preguntas y otras más. En aproximadamente 30 indicadores, este país dio un mensaje claro de que el Estado -y su economía- finalmente están al servicio del bienestar de las personas y no de otra cosa, y que se deben medir avances o retrocesos en este ámbito, para medir el progreso de la sociedad y dar insumos importantes al debate presupuestario.
Después de un año de trabajo, la Comisión de Gasto Público recomienda que también Chile avance en explicitar los objetivos finales que tiene el país y, así, el presupuesto público. Se trata de una recomendación central del informe final de la Comisión, que contiene un conjunto de lineamientos a considerar en una reforma presupuestaria. Como equipo, entregamos este informe como un insumo valioso y con el propósito de ser una contribución útil y transversal a la discusión, en un momento oportuno para ello, dada la situación fiscal.
Esperamos que se entienda como un documento con visión de mediano y largo plazo, para buscar consensos y avanzar de manera sistémica y progresiva en priorizar la asignación de recursos según las necesidades de la ciudadanía, con información más certera, transparente y accesible, y con especial consideración sobre los objetivos finales del gasto.
El caso de Nueva Zelandia podría iluminarnos en este sentido. Más allá de ello, lo que buscamos ahora, al concluir con este informe final el trabajo de la Comisión, es extender ante todo una invitación amplia y transversal hacia los líderes del ámbito público, para materializar reformas estructurales necesarias.
