Un vacío inaceptable en el borrador de los expertos constitucionales

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La inflación últimamente ha ocupado buena parte de los análisis en columnas e informes técnicos. Efectivamente, comprobamos que la inflación subyacente ha ido bajando, pero, mantiene la tendencia a la resistencia a una baja más significativa.

Por Ruben Francois

Publicado en: El Mostrador

La propuesta de la comisión de expertos encargados de preparar un borrador de una nueva constitución logró sintonizar perfectamente con el triunfo del rechazo a la propuesta de la anterior Convención redactando un texto que termina por encasillar y restringir al Estado a un rol incluso mayor al que le otorga la constitución del 80 para solo darle el título de ser un Estado social y democrático de derecho y al mismo tiempo, quitarle toda la fortaleza constitucional que necesita para lograr con la aprobación de la nueva Carta Magna instalar un Estado que asegure financiar y administrar lo que implica su nueva y más amplia misión.

La inflación últimamente ha ocupado buena parte de los análisis en columnas e informes técnicos. Efectivamente, comprobamos que la inflación subyacente ha ido bajando, pero, mantiene la tendencia a la resistencia a una baja más significativa. 

Se ha insistido en que la inflación importada sigue siendo relevante, no solo en productos finales sino también en materias primas básicas en la industria de alimentos y desde luego el combustible. Asimismo, se ha ido transparentando el sobreprecio de bienes y servicios que buscan maximizar ganancias, lo que favorece especialmente a las empresas que tienen poder oligopólico en el mercado y que puede explicar la persistencia de la inflación subyacente.

El empleo y los salarios han ido por debajo del incremento de las ganancias de capital traducidos a sobreprecios inflacionarios. Es decir, la eterna disputa entre la renta del trabajo y renta del capital se observa aún en los momentos más críticos que viven los trabajadores al ver reducidos sus salarios por causa de la inflación, mientras, las empresas influyentes en el mercado no dudan en acomodar sus precios para defenderse e incluso agregar más ganancias o ganancias anormales a los precios.

La inflación ha tenido un lugar privilegiado en las políticas públicas que es responsabilidad del BC por un lado y Hacienda, en menor grado, por otro. El alza de la TPM y la reducción del Gasto Fiscal han ido juntos para lograr enfrentar la inflación lo que a estas alturas ha inhibido o rigidizado el despegue del PIB, el incremento del empleo formal y, por otro lado, se observa que lo anterior ha llevado a un incremento permanente del empleo informal, precario y sin seguridad social.

La cuestión es cómo revertir este proceso recesivo provocado en gran medida por la acción de entes del Estado que finalmente, para frenar la inflación, conducen a inhibir la demanda, postergar las inversiones, además de reducir la capacidad fiscal para enfrentar tanto la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, el desempleo y las inversiones públicas. La inflación sigue castigando más a quienes viven de un sueldo o salario.

Lamentablemente, la crisis política que vive el país tiene dividido en bandos irreconciliables a políticos, legisladores e incluso en el mundo técnico entre quienes creen que fundamentalmente mediante la política monetaria y las acciones del BC se puede lograr el máximo de eficacia en la marcha económica y quienes creen que la política fiscal es una herramienta crucial para enfrentar los ciclos y morigerar sus efectos y que para eso se requiere elevar la carga tributaria en forma progresiva. Los primeros insisten en reducir el gasto fiscal, la intervención y el tamaño del Estado para justificar no subir impuestos y estimular al sector privado con certezas de no más carga tributaria y regulaciones, ni menos que el estado intervenga en los mercados como un competidor.

La derecha en la discusión pública y en el ámbito político legislativo ha conseguido dar un giro en 180 grados en materia de cambios en la institucionalidad y rol del Estado desde el último plebiscito de salida. Ha logrado paralizar al gobierno del presidente Boric restándole todo apoyo a sus propuestas legislativas y dejándolo sin recursos para financiar proyectos, incluso, del gobierno pasado como la PGU.

Pero, es más. La propuesta de la comisión de expertos encargados de preparar un borrador de una nueva constitución logró sintonizar perfectamente con el triunfo del rechazo a la propuesta de la anterior Convención redactando un texto que termina por encasillar y restringir al Estado a un rol incluso mayor al que le otorga la constitución del 80 para solo darle el título de ser un Estado social y democrático de derecho y al mismo tiempo, quitarle toda la fortaleza constitucional que necesita para lograr con la aprobación de la nueva Carta Magna instalar un Estado que asegure financiar y administrar lo que implica su nueva y más amplia misión.

Esa propuesta ignora la necesidad de que un Estado social y democrático de derecho tiene que disponer de capacidad de manejo responsable de las finanzas públicas lo que implica adecuar la carga tributaria conforme a la demanda que se requiere para cumplir a cabalidad con el mandato de hacer valer los derechos sociales e individuales que establece la nueva Constitución. El vacío inaceptable del borrador de los expertos respecto de lo que implica ese nuevo estado y la facultad para llevar a cabo una política fiscal eficaz y eficiente no es comparable con la preocupación que muestra el borrador al dotar de independencia y recursos al Banco Central que finalmente es el instrumento más importante de la política monetaria en el país y el mecanismo preferido por los economistas neoliberales que no quieren más Estado ni siquiera uno mejor.

La política fiscal y la estabilidad institucional que ello garantiza es por lejos materia central en la Constitución. Cuando se le pide Estado responsabilidad fiscal y ello no solo tiene que ver con una gestión de excelencia en el uso de los recursos sino también en recaudarlos vía impuestos en la proporción que permita garantizar el gasto permanente con ingresos permanentes esto implica que el Estado debe tener legitimada en la constitución – y no sólo por ley – su intervención en el sistema tributario como instrumento fundamental de recaudación de ingresos fiscales y la facultad de usar esos recursos para posibilitar equidad, justicia e igual acceso al bienestar a toda la sociedad sin privilegios ni exclusiones.

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