El Borrador de la Nueva Constitución ya está escrito, falta armonizarlo y generar las normas transitorias para someterlo a plebiscito. Una de las novedades relevantes es la propuesta de un “Estado Regional”, concepto que expresa la nueva arquitectura de nuestra organización territorial.

El debate sobre la nueva Constitución en materias económicas ha ido bajando de decibeles y la mayor parte de los comentaristas internacionales saluda que Chile haya encaminado una salida a la profunda crisis social y política de 2019 mediante un proceso constituyente participativo.

En el borrador de la nueva Constitución, que será sometido a una redacción final armonizada y luego a la consideración de la ciudadanía el 4 de septiembre, se incluye normas que permitirán caminar a un modelo de desarrollo distinto al de tipo concentrador y depredador y con espacios mínimos para las políticas redistributivas y de protección ambiental actualmente vigente.

En medio de los discursos mediáticos y atizado por muchos despropósitos que surgen de aquí y de allá pareciera una ingenuidad mayúscula decir que la Convención Constituyente se está acercando a la construcción de la casa de todas y todos.

Como se sabe, el borrador de la nueva Constitución estará terminado en la tercera semana de mayo. Mientras tanto, resulta difícil para la ciudadanía distinguir entre lo aprobado y lo que está en discusión. Eso permite, a quienes atacan a la CC, promover falsedades, como que el reconocimiento de los derechos reproductivos implicaría que el aborto no tendría límites en el tiempo; que los fondos previsionales serán expropiados, en circunstancias que el reconocimiento del derecho de propiedad deja en claro que no se puede expropiar sin un justo pago (que en el caso de los fondos equivale al dinero ahorrado); o que las autonomías indígenas implican la división del país y la posibilidad de que se apropien de bienes, en circunstancias que las autonomías tienen el límite absoluto de la unidad del país y que los bienes comunes naturales son inapropiables.

Desde el punto de vista sustantivo, se critica que el acuerdo “deja sin voz a las regiones”. Ello presupone que el Senado era la “voz de las regiones”, opinión que debería ser al menos fundamentada. De partida, porque los críticos no explican por qué, si el Senado era la voz de las regiones, no lo es la actual Cámara de Diputados y no lo será la futura Cámara de Diputadas y Diputados.

La idea de esta disposición transitoria Tercera, de fusionar los tribunales especiales con los tribunales administrativos, no es buena en calidad jurídica y es confusa, ya que los primeros forman parte de lo que actualmente se denomina jurisdicciones especializadas por materias, en que el Estado ha invertido ingentes recursos financieros en el establecimiento de las mismas, que están entregadas al conocimiento y resolución de jueces especiales, respecto de los cuales existe una calificante en razón de conocimientos de las materias que deben resolver y que son complejas en su contenido jurídico.