¿Son viables las Isapres?

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Un panorama de crisis como el actual exige tomar posición frente al salvataje de un sector que durante años no cumplió con mínimos de transparencia y servicio a sus clientes, recuerda el autor de esta columna para CIPER, economista y profesor universitario: «Desde el gobierno y el Parlamento, gobierno y oposición debieran asumir la quiebra del sistema y concordar la creación de uno nuevo.»

Escrito por: Andrés Palma Irarrázaval

Esta publicación fue obtenida de la plataforma: Ciper

«Hoy día el costo de operación de una isapre es mayor que los ingresos que recibe», ha declarado hace dos domingos el presidente de Clínicas de Chile, Gonzalo Grebe, agregando que «lo que tenemos es un sistema asegurador que claramente y estructuralmente no es sano ni sustentable».

Lo señalado por el presidente de la principal organización de prestadores privados de servicios de salud del país pareciera indicar que el origen de la crisis del sistema de isapres no se origina en el fallo de la Corte Suprema que ordena aplicar, con efecto retroactivo, la Tabla de Factores que se dictó en 2010 y que las compañías no aplicaron hasta ahora [ver columnas y cartas previas sobre el tema en CIPER-Opinión]. Asimismo, no es atribuible a la instancia reguladora la responsabilidad en este asunto: a menos de la mitad del plazo-límite que otorgó la Corte, la Asociación de Isapres no ha definido aún la forma de implementar el mandato supremo.

El desafío para el país ante el panorama actual es no menor, y, como siempre, la clave estará en la transición. No es justo ni eficiente «salvar» a las isapres como se rescató a la banca en la crisis de 1982, debido a que se han apropiado indebidamente de recursos de sus cotizantes y que están técnicamente quebradas e incumplirán con los estándares que se les exigen. Pero tampoco es posible implementar un sistema alternativo con la inmediatez que se requeriría.

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De alguna manera, al hacer exigible la legislación para cada una de ellas, la Corte está definiendo el futuro de las isapres «abiertas» (aquellas a las que cualquier persona puede afiliarse); a saber, Colmena Golden Cross, Cruz Blanca,  Vida Tres, Nueva Másvida, Isapre Banmédica y Consalud. Excluyo de este análisis a la isapre recién creada por la Clínica Alemana de Santiago y a las isapres «cerradas» (la primera, por estar recién en etapa de instalación, y las otras por su particularidad distante del mercado general).

Si se examinan los resultados de estas seis isapres, considerando sus flujos de los últimos seis años, tres de ellas presentan una situación crítica, ya que las pérdidas de los últimos tres años superan las utilidades de los tres años precedentes. Estas tres empresas reúnen a dos de cada tres cotizantes y cargas del sistema; en total, algo más de 2,1 millones de beneficiarios.

Considerar estos plazos —los tres años previos a la pandemia y los tres años que siguen— permite proyectar la situación de cada una de las isapres en perspectiva de retornar a una situación de normalidad, o de estabilidad de los indicadores de morbilidad. En ese escenario, tiene sentido buscar una solución intrasistema para los beneficiarios de las tres isapres cuya situación es crítica. Pero la situación actual es que la Corte Suprema ha establecido que en los últimos años los ingresos de las isapres han sido superiores a lo que legalmente correspondía, por lo que deben corregirse sus proyecciones de ingresos y, como han obtenido una ingreso indebido, deben restituir ese mayor ingreso a cada uno de los cotizantes afectados por este ilegal sobreprecio.

El escenario que corresponde proyectar es, por lo tanto, uno en que las isapres deben reducir sus proyecciones de ingresos en la magnitud del sobreprecio que han venido cobrando, e incrementar sus gastos en el monto de lo sobrefacturado hasta la total restitución de dicho cobro indebido.

La corrección de las proyecciones de ingresos, de acuerdo al fallo de la Corte Suprema tiene dos componentes: por una parte, deben cobrar de acuerdo a la Tabla de Factores fijada por la Superintendencia, que es lo que no hicieron y motivó la presentación de las demandas que ha acogido la Corte, y que se estima corresponde a un 7% de sus ingresos; y, por otra parte, deben dejar de cobrar por las cargas menores de dos años de edad, ya que la Corte ha determinado que están completamente cubiertas por las garantías GES y que establecer una cotización como carga sería una duplicación del cobro. Se ha estimado que esta reducción de ingresos por lo/as menores de 2 años alcanzaría la suma de $40 mil millones anualmente.

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Si las cifras comentadas hasta aquí son correctas —algo que debiera quedar despejado cuando la Superintendencia termine de revisar los miles de planes con los que vienen operando estas isapres, probablemente hacia fines del mes de febrero—, los resultados para cada una de las isapres son catastróficos, y explicaría el por qué, sabiendo que debían ajustar las Tablas de Factores, en todos estos años no lo hicieron.

Para no tener la influencia de la pandemia, y considerando como normal el último año en que estas seis isapres tuvieron utilidades (2018), al aplicar el ajuste por los menores ingresos, todas ellas transforman sus utilidades en pérdidas. En conjunto estas seis empresas aseguradoras, de haber aplicado en 2018 las normas legales tal como lo ha refrendado la Corte Suprema, habrían pasado de tener resultados operativos por un 13% de sus ingresos a solo un 5% de estos; y sus utilidades por un 2,3% de sus ingresos se habrían transformado en una pérdida equivalente al 6,8% de sus ingresos.

De ser empresas viables se transforman en empresas no viables, o de discutible viabilidad.

No son pocos recursos los que se apropiaron indebidamente y hacen esta diferencia. Basta proyectar el resultado de 2018, un sobrecobro por más de $200 mil millones (unos US$280 millones), y multiplicarlo por el número de años en que se materializó este sobreprecio.

Por ello, si a la pérdida de viabilidad resultante del ajuste en precios que deben hacer —y que las hace inviables considerando un año «normal»— se agrega la devolución de lo injustamente cobrado, se justifica el calificativo de catastrófico utilizado en un párrafo anterior.

La señal de la Superintendencia respecto a que la deuda contingente se incorpore como una nota en los estados financieros de cada isapre es adecuada y va en este sentido, pero no es suficiente. Una señal parecida debiera esperarse de las propias isapres, asumiendo su comportamiento irregular. En tanto, desde el gobierno y el Parlamento, gobierno y oposición debieran asumir la quiebra del sistema y concordar la creación de uno nuevo. Hay proposiciones serias sobre en qué debe consistir un acuerdo de cómo transitar hacia ello. Es lo que dará tranquilidad tanto a los usuarios del sistema fallido como a los de los sistemas públicos.    

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