En el artículo titulado “Después del Neoliberalismo”, el premio nobel de economía Joseph Stiglitz se pronuncia sobre las ideas y las políticas económicas que, a su juicio, tienen potencialidad como para llenar el vacío que deja un neoliberalismo que ya ha perdido vigencia y credibilidad a nivel intelectual, académico y político. Las ideas que Stiglitz propone las agrupa dentro de lo que él denomina “capitalismo progresista”.
Una idea central de ese capitalismo progresista, según el autor que comentamos, se refiere a restablecer el equilibrio entre mercado, Estado y sociedad civil. Esta idea, que parece simple, es en realidad profunda, significativa y novedosa. Hay cientos de artículos y de escritos de toda naturaleza en que se pregona la necesidad de buscar un equilibrio entre el mercado y el Estado. Frente a la hipervalorización del mercado -que hacen el viejo liberalismo originario, con Adam Smith a la cabeza, y que retoma el neoliberalismo, con figuras como Hayek o Friedman- se intentó durante mucho tiempo hacer jugar al Estado un rol contrarrestante. Se asumía que el Estado podía ser portador de los valores sociales y de los horizontes de largo plazo de los cuales carece el mercado. Pero los avances históricos concretos en esa dirección, capitaneados básicamente por la socialdemocracia europea, no han logrado ni darle capacidad de crecimiento al capitalismo, ni responder a las crecientes necesidades sociales de la población. Pero Stiglitz no insiste en el binomio mercado-Estado (y ahí reside su originalidad), sino que suma un nuevo actor en ese escenario: la sociedad civil.
Entrando ya en el análisis de la sociedad chilena, podemos decir que la sociedad civil tiene una inmensa potencialidad como para incidir en el curso de la economía y de la política del país. Dejar que el mero binomio Estado-mercado resuelva las cuestiones relativas a las directrices de un nuevo modelo de desarrollo y que imponga en la sociedad la vigencia garantizada de los derechos sociales parece, al menos, insuficiente. Solo la participación activa, organizada e institucionalizada de la ciudadanía puede ayudar a una resolución progresista de esa pugna entre mercado y Estado, en la cual este último, librado a sus propias fuerzas y tendencias internas, no siempre se cubre de gloria, ya sea por el alcance de sus propósitos o por la cuantía de sus logros. Más aun, parece que hay una tendencia perversa que apunta a generar vínculos y dependencias con el mercado, que aminoran o le restan capacidad de acción al Estado.
Por ello, la sociedad civil -la tercera variable en esta ecuación- tiene que tener una participación activa, organizada e institucionalizada no solo en la definición de los grandes derroteros de la sociedad, sino también en el control y en las definiciones de corto y de mediano plazo. Esa participación puede asumir varias formas: un consejo económico social de alto nivel jerárquico a nivel nacional; consejos consultivos a nivel de muchos de los ministerios; sindicatos y centrales sindicales con capacidad de negociación y de huelga a nivel empresarial, sectorial, regional o nacional; comunidades vecinales con capacidad de incidir en el quehacer de los municipios, sobre todo en la definición de los presupuestos respectivos; cabildos a nivel municipal con alta capacidad resolutiva; la capacidad legal de convocar a referéndum revocatorios y aprobatorios de la gestión de las autoridades electas; la participación de las asociaciones de padres en las comunidades escolares; el fomento de las asociaciones de consumidores a nivel regional o nacional; la participación de los trabajadores en ciertos aspectos de la gestión o administración de las empresas; asociaciones de las empresas familiares campesinas, así como de las pequeñas y medianas empresas en cooperativas o asociaciones que defiendan sus intereses y funcionen como interlocutores frente al aparato del Estado. En última instancia son las propias organizaciones de la sociedad civil las que irán descubriendo e imponiendo sus propias formas de participación.
Las formas institucionalizadas de participación no son la únicas que pueden existir -ni pueden sustituir ni entrar en conflicto- con otras formas no institucionalizadas, pero legales, de presión o de expresión, que pueden y deben desplegar las organizaciones sociales, gremiales o políticas y que son propias de una sociedad democrática.
Un Estado recorrido de arriba a abajo por un denso tejido de organizaciones sociales, con capacidad de incidir en los rumbos de su país y de su comunidad, es un Estado cualitativamente distinto al Estado meramente tecnocrático y burocrático convencional. Ojalá la Convención Constituyente nos acerque a ello.
Contenido publicado en El Clarín
