¿Por qué este repentino apuro? Se trata indudablemente de un asunto que hay que analizar.
En las reglas del juego que presidirán las deliberaciones de la próxima Convención Constituyente, figura la prohibición de meterse a analizar – para rechazar o modificar -los tratados internacionales actualmente vigentes en el país. Eso ha sido hasta ahora aceptado – aun cuando a regañadientes por algunos – no porque a las materias internacionales no se les asigne importancia. Se asume con claridad que las normas y mecanismos a través de los cuales nos insertemos en los circuitos comerciales y políticos del mundo contemporáneo definen mucho de lo que se puede hacer o no hacer dentro del país.
Pero, aun en el caso de tratados internacionales vigentes que pueden requerir de ciertas modificaciones o actualizaciones, o incluso de rechazos absolutos, se ha aceptado como recomendable que esos cambios no se hagan por la vía unilateral, como sería una decisión de una convención constituyente, sino que mejor se deja que ese trabajo se haga posteriormente por medio de la negociación y la diplomacia. La Convención Constituyente podrá, en todo caso, establecer y consagrar algunos principios generales que presidan las relaciones internacionales del país y que sirvan de guía para las negociaciones de nuevos tratados internacionales o para la modificación de algunos de los actuales.
Se aceptaba, en síntesis, hasta ahora, un cierto statu quo en materia de tratados internacionales. No se modificaría nada en esa materia por la vía de la Constituyente, pero estaba implícito que no se agregaría nada tampoco por la vía parlamentaria en este interregno de discusión sobre los contenidos de la nueva constitución. Ahora, con la decisión gubernamental de discutir y eventualmente aprobar, rápidamente el TPP11, se rompe con ese criterio y se pretende rayar la cancha, antes de que la Convención inicie sus labores, de modo de dejar establecidos – grabados en piedra – determinados acuerdos internacionales que atarán a Chile, por largo tiempo, en materias de gran importancia económica.
Toda esta situación obedece no solo a una pasión por responder a compromisos y presiones internacionales – que sin duda existen y es legítimo que así sea – ni al deseo de consolidar el modelo primario exportador a como dé lugar, sino también a la necesidad de hacer politiquería interna y oportunista a costa de las relaciones internacionales del país. El Gobierno sabe perfectamente bien, pues es un hecho público y notorio, que en la oposición no hay unidad de criterios respecto al rechazo o a la aprobación de ese tratado internacional. Por lo tanto, poner este palito para que la oposición se tropiece en él, puede otorgarle una pequeña victoria a un gobierno que está bastante desesperado por ganar algunos puntitos.
No vale la pena sumar argumentos en un artículo como este este, a pocas horas de que el tema se debata en el Senado, en contra del mencionado tratado. Baste decir que, en las materias propiamente comerciales, en materia de inversiones, en materia de libertad para llevar adelante políticas económicas internas, y en materia de mecanismos internacionales para resolución de conflictos, el país queda amarrado a disposiciones que no son buenas. Más aún, no son necesarias, pues muchos de los aspectos positivos que el tratado pueda tener están ya presentes y vigentes tanto en los acuerdos bilaterales actualmente existentes, como en otros tratados multilaterales que están en desarrollo. Los propios sectores económicamente dominantes del país deberían darse cuenta, si mirasen más allá de su nariz, que es más ventajoso para ellos y para el país, conservar en este caso unos mayores espacios de soberanía.
Ojalá la discusión de este tratado se pueda postergar, en su discusión parlamentaria, hasta después de los debates de la Convención Constituyente. Sería una buena señal de respeto al poder constituyente.
Contenido publicado en El Clarín
