La necesidad de una Reforma Tributaria
La pandemia ha desnudado globalmente las debilidades en los sistemas de seguridad social, en particular en salud y seguros de desempleo, antes invisibles a políticos y economistas. Las medidas sanitarias de restricción al desplazamiento han reducido la capacidad de los hogares para generar sus ingresos acostumbrados y obligado a ingentes esfuerzos fiscales para ir en su ayuda.
El desafío para las cuentas fiscales en el orbe es doble. Será necesario invertir y gastar en fortalecer los sistemas de seguridad social y, además, financiar la reactivación económica para recuperar los empleos perdidos.
El FMI sorprendió modificando su tradicional postura por la austeridad y la consolidación, abriéndose a un mayor rol de la política fiscal. Además, el tradicional defensor de la ortodoxia económica plantea un impuesto temporal aplicado sobre las rentas altas y la riqueza.
El Secretario General de la ONU fue más lejos y propone un nuevo pacto social basado en la solidaridad como fundamento para un desarrollo sostenible e inclusivo. En ese pacto, el impuesto a la riqueza sería un instrumento para reducir la extrema desigualdad.
La CEPAL se unió a la demanda por mayores impuestos, proponiendo fortalecer la capacidad redistributiva de la política tributaria. Subrayó que se debe terminar con la evasión, establecer una tasa global mínima a las corporaciones y aplicar impuestos solidarios a la riqueza.
La OECD pidió a Chile una reforma tributaria que acelere la recuperación tras la crisis y combata la gran desigualdad socioeconómica. Criticó que en Chile «el impacto redistributivo del actual impuesto sobre la renta de las personas físicas es débil». Aunque tiene uno de los más altos ingresos per cápita de Latinoamérica, su índice Gini de 0,44 es muy elevado y el aporte del sistema tributario a la reducción de las desigualdades resulta ser limitado e insuficiente.
Así, Chile no sólo debe lidiar con la recuperación de la actividad económica, sino también combatir la desigualdad invirtiendo importantes sumas que se hagan cargo de los rezagos de los sistemas de salud, de vivienda, de educación y, en particular, de pensiones. Como se sabe, ante la resistencia del gobierno a impulsar un programa de emergencia fiscal de amplia cobertura, monto suficiente y acceso sencillo, el Congreso chileno aprobó retiros desde las cuentas de ahorro previsional de las AFP. Los retiros alcanzan un monto agregado superior a US$ 35 mil millones, una suma del orden de 15% del PIB.
Es útil recordar que el aporte tributario de la economía chilena muestra un gran rezago respecto de referentes internacionales. Lo mismo ocurre con su gasto público y con su gasto social, enmarcados en un bajo nivel comparado de deuda pública.
La estructura económica-fiscal chilena muestra el apego de sus políticas macroeconómicas a la austeridad fiscal, al Estado pequeño y a la baja deuda pública. Tal enfoque impulsó el crecimiento de Chile en las décadas de los 90 y los 2000 y lo instaló como el país de mayor ingreso per cápita de Sudamérica, pero tuvo consecuencias.
Basado en salarios bajos y alto consumo financiado con deuda, ese modelo muestra un agotamiento en su capacidad de impulsar la actividad. La alta concentración económica que se le atribuye como resultado fue un factor clave en el estallido social de octubre de 2019.
Se estima que el 1% de mayores ingresos concentra el 27,8% del ingreso total, quizá la cifra más alta de Latinoamérica. Diversos estudios revelan que la tasa media de tributación a la renta que paga ese pequeño grupo es menor a la que paga la clase media.
Tal escenario ha abierto un debate público sobre la necesidad de dar un salto cualitativo en materia de protección social. Aunque ello se puede financiar inicialmente con deuda, los equilibrios fiscales de largo plazo requieren de una reforma tributaria que provea una mayor recaudación y asegure ingresos permanentes.
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