Decisiones difíciles, algunas veces impopulares y controvertidas por la inversión comprometida o las expectativas de actividad económica, pero es de esperar que siempre sean apegadas al cumplimiento de la normativa ambiental.
Entre las escasas funciones de los nuevos gobernadores, que se discutieron tardíamente en el parlamento, no se encuentra la de presidir el cuerpo colegiado que califica ambientalmente los proyectos; sin embargo, resulta aconsejable que dicha función no sea del delegado presidencial y que esta se traspase al gobernador regional.
En primer lugar, el gobernador presidirá el Gobierno Regional que debe continuar pronunciándose, en el marco de sus competencias, para verificar la compatibilidad de un proyecto con los instrumentos de planificación territorial. Segundo, la calificación ambiental de un proyecto debe considerar las políticas, planes y programas regionales de desarrollo que paulatinamente se irán fortaleciendo. Y tercero, es preferible una fundamentación formal de un gobernador para aprobar o rechazar un proyecto, el cual será un antecedente importante en la instancia de revisar un recurso de reclamación en sede administrativa o judicial. Es muy distinto contar con una mera opinión de un gobernador a un pronunciamiento fundado en el uso de sus atribuciones.
Si se entregara al delegado presidencial la tarea de presidir la comisión regional de evaluación ambiental, el organismo no sólo pierde su objeto, sino también la debida fundamentación de su calificación final, que dejará en los hechos y en el derecho, a titulares, comunidades y terceros en general, en un estado de indefensión en las instancias de revisión posterior.
Ello debilita, además, la lógica de la evaluación ambiental de los proyectos de inversión, cuyo permanente desafío estriba en la calidad y suficiencia técnica de los pronunciamientos que sirven de base para la calificación final de los proyectos. También se socava el marco y objetivo del sistema contencioso administrativo ambiental, cuando corresponda revisar, bajo estándares -cada vez más exigentes- los fundamentos que sirvieron de base a la calificación de los proyectos. Y, al mismo tiempo, priva de argumentos a quienes legítimamente requieran dicha revisión de las instancias que conforman dicho sistema.
De este modo, no resulta aconsejable innovar específicamente en esta materia. Para bien o para mal, un gobernador regional debe ser un actor con voz y voto en estas decisiones, más cuando se refieren directamente al potencial de desarrollo integral y equilibrado del territorio que deberán gobernar.’Un gobernador regional debe ser un actor con voz y voto en las decisiones de evaluación ambiental de proyectos’.
Autor: Pablo Badenier Exministro del Medio Ambiente
Contenido publicado en La Segunda
