Osvaldo Rosales: La situación económica es delicada y requiere un enfoque de emergencia

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En Chile, el efecto recesivo se sentirá con mayor fuerza en el segundo semestre de este año. Por tanto, las políticas domésticas –fiscal y monetaria– no deberían ampliar este efecto contractivo. Dados los efectos rezagados de la tasa de interés y el alto riesgo de recesión, tanto por la contracción de la demanda como por el aumento de los precios internacionales, continuar elevando la tasa de interés no es la política adecuada.
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Este año terminaremos con una inflación elevada y un crecimiento muy bajo. La situación se deteriorará también en empleo y salarios. El Gobierno heredó esta pésima combinación de los impactos económicos de 2021, la prolongación del COVID-19 en países claves, como China, y las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania. Se trata, por tanto, de un escenario económico adverso que habría afectado por igual a cualquiera que hubiese llegado a La Moneda y que se ha visto agravado en las últimas semanas por la elevación de tasas de interés en EE.UU. y los anuncios del Banco Central Europeo que hará lo propio.

En 2021, el gobierno de Piñera implementó tardíamente una política fiscal excesivamente expansiva que se sumó a retiros desde las AFP que, en conjunto, superaron 20% del PIB. El ajuste del gasto a las posibilidades sustentables de la economía era, pues, inevitable.

Así, la inflación no partió en marzo de este año. En efecto, la inflación supera el 1% mensual desde septiembre 2021 y en marzo ya era de 9,4% en 12 meses. En mayo, la inflación en energía en 12 meses fue 21%, y en alimentos, 19%.   

A estas alturas, el componente externo de la inflación es determinante y muy potente: alimentos, energía, fertilizantes, y ahora se agrega la apreciación del dólar, empujada por las decisiones de la Reserva Federal de elevar sus tasas para combatir la elevada inflación estadounidense. Esto, y el menor crecimiento en China, han desatado expectativas recesivas que se están reflejando, entre otras variables, en una abrupta caída del precio del cobre, por debajo de US$4,00/lb.

A la vez, la economía chilena se está desacelerando desde principios de año. Pese a que el Imacec en los 12 meses a abril creció en 6,9%, el índice desestacionalizado cayó en 0,7% en el primer trimestre de este año en comparación con el último trimestre del 2021. A ello se ha sumado la caída en 0,3% en el mes de abril en comparación con el mes de marzo.

Las expectativas negativas respecto del crecimiento de la economía nacional para los próximos meses se refuerzan al mirar el desempeño que muestran los principales indicadores económicos internacionales. Proyecciones recientes del FMI (abril 2022), de la Comisión Europea, la OCDE y el Banco Mundial (mayo 2022), apuntan a una fuerte desaceleración del crecimiento del PIB mundial. El PIB de nuestros principales socios comerciales crecería 3,0% anual en 2022 y 2023, inferior al 4,0% de los años previos a la pandemia (2017 – 2019), incluyendo un fuerte ajuste a la baja en el crecimiento económico de China (en torno a 4% en 2022).

En Chile, el efecto recesivo se sentirá con mayor fuerza en el segundo semestre de este año. Por tanto, las políticas domésticas –fiscal y monetaria– no deberían ampliar este efecto contractivo. Dados los efectos rezagados de la tasa de interés y el alto riesgo de recesión, tanto por la contracción de la demanda como por el aumento de los precios internacionales, continuar elevando la tasa de interés no es la política adecuada. En efecto, el propio Banco Central estima que se contraerán el consumo y la inversión, como ya lo hicieron en el primer trimestre, en términos desestacionalizados. Vale decir, el componente doméstico de la inflación tenderá a disminuir, junto con la demanda.

Se debe enfatizar que no estamos solo en presencia de un shock monetario. El BC ha llevado la tasa de interés de política monetaria desde 0,5% en junio de 2021 a 9% en junio 2022. Entretanto, la Reserva Federal, con inflaciones similares a la nuestra, ha elevado esa tasa en dos ocasiones, llevándola al rango actual de 1,5% a 1,75%.  No hay que olvidar que el gasto público este año se está contrayendo en 20% real respecto del gasto efectivo en el año pasado. Es una reducción gigantesca e inédita que por sí misma está contribuyendo a frenar la demanda agregada. De hecho, el saldo global del gobierno central mostró un superávit de 0,5% PIB en el primer trimestre de 2022.

Todo indica que la economía mostrará su menor nivel en la última parte del año. Si el BC continúa elevando las tasas de interés, el efecto contractivo de la política monetaria llegará justo en el peor momento de la actividad económica, con lo cual se profundizará una recesión que podría ser más suave. El menor nivel de actividad económica afectará al mercado laboral, dificultando aún más la situación de empleo e ingresos.

Han sido necesarios 24 meses para recuperar los niveles absolutos de empleo prepandemia. Sin embargo, como la población en edad de trabajar ha aumentado en cerca de 450 mil personas respecto de fines de 2019, para conseguir la tasa de ocupación de prepandemia resta aún generar alrededor de 165 mil empleos. Peor aún, si consideramos la calidad del empleo en los puestos creados, encontramos 102 mil empleos formales menos que en diciembre 2019 y 215 mil empleos informales más. Es decir, se ha recuperado el número absoluto de ocupaciones, pero a costa de empeorar la calidad de las mismas. Por cierto, esto se expresa en menores salarios y ausencia o deficiencia de prestaciones sociales. El desafío, pues, es recuperar la cuantía y calidad de los empleos. Como es obvio, una eventual recesión solo agravaría estas tendencias.

También es preciso reconocer que el compromiso que derivó en la actual Ley de Presupuestos fue adquirido en otro contexto de la economía global. No estaban presentes ni la elevada inflación internacional, ni la guerra con su impacto sobre precios de energía, alimentos y fertilizantes. Tampoco se contaba con las mayores tasas de interés en las economías industrializadas y la consecuente valorización del dólar. Como si fuese poco, la gestión del Covid en China ha afectado severamente su capacidad de crecimiento. En ese escenario, las perspectivas de bajo crecimiento global –incluso de amenazas de recesión en USA y en la UE– se suman a una tendencia de alta inflación que podría acompañarnos un par de semestres más, a lo menos.    

De este modo, la gestión de la política monetaria es compleja en las actuales circunstancias. El país y el mundo no han enfrentado situaciones similares que entreguen orientaciones precisas. Un estudio reciente ha concluido que el 70% de la inflación en Chile se explica por causas externas. En abril, la inflación en doce meses alcanzó una cifra de 11,5%, la mayor en mucho tiempo. No obstante, el resto del mundo está también enfrentando altas tasas: al mismo mes, la inflación estadounidense fue de 8,6%, 8,1% en la Eurozona y 9,1% en Reino Unido. América Latina no es la excepción. Excluyendo a Argentina, que tiene otros problemas, en mayo la inflación en Brasil fue de 11,9% anual y 9,1% en Colombia.

Una serie de elementos confirma lo inédito de la actual situación. El tipo de cambio alcanzó su mayor nivel histórico, presionado por factores de riesgo idiosincrático (político) que podrían diluirse en el tiempo, estimándose que, con los actuales precios del cobre, debería ubicarse 100 pesos o más por debajo de los niveles actuales. Ha mostrado, además, una gran volatilidad. El nivel del consumo sigue comparativamente alto por la liquidez de que disponen los grupos de altos ingresos, en parte producto de las distribuciones de dividendos, en parte producto de los retiros de fondos de pensiones y de la irresponsable política fiscal expansionista de 2021. No obstante, una fracción relevante de ese gasto se filtra al exterior vía importaciones, sin presionar los mercados domésticos, lo que en parte explica el alto déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos que alcanzó un 6% del PIB en el primer trimestre, déficit que se está financiando sin que el país pierda reservas por ese motivo.

Sin duda, es necesario dar señales para contener las expectativas inflacionarias. No obstante, cabe tener presente también que las tasas relevantes de los créditos rotativos (líneas de crédito y tarjetas de crédito) superan el 30% anual. Solo se piden créditos a esas tasas para evitar drásticas reducciones del consumo familiar. La expansión del crédito no es la fuente de la inflación doméstica. Tasas de interés aún más elevadas agravarían el escenario recesivo, elevarían el desempleo y afectarían severamente las perspectivas de mediano plazo de las pymes, las que tienden a utilizar el crédito de corto plazo como capital de trabajo.

Como bien lo señalaran un expresidente del BC, Rodrigo Vergara, y el propio ministro de Hacienda, es el momento de la cautela en la política monetaria, esperando que operen tanto el efecto rezagado de los incrementos de tasas ya realizados como el efecto de desaceleración que muestran las cifras internas y el escenario internacional.

Desde el Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible proponemos seguir el camino de la Reserva Federal y del BCE, los que se han puesto como objetivo controlar la inflación ojalá sin afectar seriamente el empleo ni provocar una recesión.

El consenso indica que la inflación seguirá elevada en Occidente en el resto del año y probablemente habrá que esperar al 2024 para retomar niveles de inflación prepandemia. Una economía pequeña y abierta como la chilena inevitablemente importa la inflación externa, así como por años importó deflación desde China. Alejarnos mucho de ella, intentando reducir significativamente la inflación doméstica por debajo de la internacional, exige una recesión interna, un remedio, por cierto, peor que la enfermedad.

Por ello conviene preguntarse si tiene sentido mantener un objetivo rígido de política (inflación de 3%) al que habría que converger, cualquiera fuese el escenario global. Si la inflación en Occidente siguiese elevada este año y el próximo, sería más sensato flexibilizar esta meta, sea en su plazo o en el guarismo, atendiendo a la contingencia del ciclo económico global. La meta inflacionaria del 3% surgió en un contexto internacional bastante más estable y cuando la inflación internacional rondaba el 2%. Hoy día esa inflación externa es del 8% y, por ende, tiene menos sentido jugarse por llevar nuestra inflación al 3%.

De hecho, si la crisis se agravase y la volatilidad financiera se acentuase, correspondería reaccionar con un régimen macroeconómico distinto, más adecuado a ese nuevo contexto. Habría que pensar, por ejemplo, y de modo excepcional y transitorio, en una banda cambiaria o una cuenta de capital menos abierta. Hay que reconocer que salidas de capital elevadas presionan el dólar al alza y agravan las presiones inflacionarias, como ha acontecido con las millonarias e inéditas políticas de distribución de dividendos. El actual régimen macroeconómico no es el óptimo para lidiar con crisis del tipo que estamos enfrentando.

En vista de lo anterior, dada la gravedad y lo inédito del escenario económico global y nacional, proponemos:

  1.  
    1. Pausar la política monetaria hasta evaluar el impacto de las alzas de tasas ya realizadas;
    2. Moderar la consolidación fiscal, acudiendo a endeudamiento por 1 o 2 puntos del PIB, buscando elevar la inversión pública en proyectos que generen empleo directo e indirecto, en alianza con gobiernos regionales y que arrastren inversión privada. En la actual coyuntura, la inversión pública tiene hoy el rol insustituible de construir futuro, incentivando a la inversión privada a apoyar las actividades que puedan prefigurar la transformación productiva inclusiva y con sello verde.
    3. Realizar esfuerzos para que los proyectos en innovación y transformación productiva no sean postergados, dado el adverso escenario económico. Elegir y difundir ya un par de proyectos emblemáticos ayudaría bastante a reposicionar los temas de crecimiento e innovación en la agenda pública;
    4. Hay un sentido de urgencia en remecer la institucionalidad pública, reduciendo las trabas burocráticas al despliegue de la inversión pública. De la misma forma, la recuperación del crecimiento y el avance en normativas ambientales deben ser acompañados de una drástica aceleración de los plazos que demora la evaluación ambiental. Sabemos que hay países OCDE con normativas mucho más exigentes que la nuestra y que demoran mucho menos en estas evaluaciones. Aquí tenemos otra urgencia clave para crecer y generar más y mejores empleos.
    5. Compensar a los grupos de menores ingresos por los aumentos de precio de la canasta básica, evaluando la aplicación de un IVA diferenciado a alimentos y medicamentos, como ocurre en la mayoría de los países de la OECD (22 de 35)
    6. Compartir el ajuste, pues los ingresos del trabajo están cayendo y ello no acontece con los del capital. Proponemos un esquema solidario de impuestos por una vez a las ganancias extraordinarias de 2021 (contra valores de 2018-2019), lo que podría verificarse con los datos del Global Complementario. Esto generaría recursos para financiar los puntos previos, reduciendo las necesidades de endeudamiento público.
    7. Fortalecer al Sernac y a la Fiscalía Económica para detener abusos en precios de alimentos y medicamentos.   

Contenido publicado en El Mostrador

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