Por Lysette Henríquez Amestoy // Contenido publicado en La Mirada Semanal
La demanda más sentida en el Estallido Social era, sin duda alguna, las pensiones. Existe bastante consenso que éstas son mayoritariamente exiguas, que no se trata de un Sistema de Pensiones propiamente tal, sino de uno de Ahorro Individual Obligatorio y que dista mucho de ser un Sistema de Seguridad Social. Hay certeza respecto a cuánto se cotiza, pero total incertidumbre de cuánto se recibe al momento de jubilarse, ni para cuánto tiempo va a alcanzar, según el régimen seleccionado. Muy al contrario de un Sistema de Seguridad Social, que otorga certidumbre sobre las prestaciones a recibir y que pretende garantizar que estas sean dignas, de acuerdo con el contexto.
Llevándolo a lo anecdótico, en el sistema actual, si Trump se pelea con los chinos, y queda la hecatombe con el comercio mundial, la pensión de un señor que está a punto de jubilarse en Curepto o en cualquier otro lugar de Chile, puede verse seriamente afectada.
Llevándolo a lo anecdótico, en el sistema actual, si Trump se pelea con los chinos, y queda la hecatombe con el comercio mundial, la pensión de un señor que está a punto de jubilarse en Curepto o en cualquier otro lugar de Chile, puede verse seriamente afectada. En el mismo sentido, un obrero de la construcción tiene 30 opciones financieras para seleccionar (5 fondos y 6 AFPS) con relación a cómo obtener los mejores retornos de sus fondos para una futura pensión, pero sus conocimientos de ingeniería financiera no son precisamente los de un profesional de Sanhattan. Claro, Free to Choice, dirían los amantes del libre mercado, pero ¿Tiene sentido algo así para la tan preciada jubilación de una persona? ¿Es de mínima justicia y racionalidad aquello? ¿Es lo que queremos para nuestro país? Sin embargo, es así, la capitalización individual y nuestras futuras pensiones están expuestas totalmente a los riesgos del mercado financiero nacional e internacional y parten de la base que los cotizantes son personas informadas en el manejo de esos riesgos. El Pilar Solidario (2008) a partir del Gobierno de Bachelet-1 intentó mitigar en cierta medida -y con un esfuerzo fiscal importante- las deficiencias más graves del sistema. Mientras pasan los años, cada vez hay más coincidencia entre especialistas previsionales y no especialistas, que el problema de las pensiones, no tienen solución dentro del actual sistema y que requiere cirugía mayor.
Mientras pasan los años, cada vez hay más coincidencia entre especialistas previsionales y no especialistas, que el problema de las pensiones, no tienen solución dentro del actual sistema y que requiere cirugía mayor.
¿Qué pasa ahora con la Reforma de Pensiones?
Con la actual Constitución y el Decreto 3.500, sólo el Ejecutivo puede tener iniciativa para plantear reformas permanentes en materia de Seguridad Social. La iniciativa del retiro del 10% de ahorro de las AFP pudo generarse en el Congreso porque era una modificación transitoria, en el contexto de la Emergencia. Esto indica que cualquier cambio de fondo al sistema realistamente debe esperar a la nueva Constitución. En el Gobierno de Bachelet-2 se presentó un proyecto de Reforma al Sistema de Pensiones que avanzaba en el sentido de la seguridad social, pero éste no contó con los votos favorables de la derecha ni del Frente Amplio. En el actual Gobierno de Piñera, nuevamente se presenta una Reforma de Pensiones. En esta ocasión, en el Senado, la Oposición ha hecho una propuesta alternativa sustentada en cálculos actuariales (realizados en modelo de la DIPRES) que demuestran su viabilidad en el tiempo como asimismo el otorgamiento de sustantivas mejores pensiones que el proyecto del Ejecutivo, con el mismo monto de contribuciones.[1] En la Tabla que se presenta a continuación se señalan las principales diferencias entre la propuesta de la Oposición y el proyecto de ley del Ejecutivo. Si bien estamos conscientes, que los cambios mayores al sistema están sujetos al proceso constituyente, reconocemos la necesidad de avanzar en el intertanto, en aspectos que apunten a cambios estructurales del sistema y en ese sentido, transita la propuesta de la Oposición. Por ejemplo, y entre los aspectos más destacables cabe mencionar:
REFORMA DE PENSIONES: PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE PROPUESTA DEL GOBIERNO Y OPOSICION



Incorporación de solidaridad en el sistema que mejora las pensiones actuales y futuras y reduce el sesgo de género.
Claramente destinar el 6% de los aportes empresariales a un fondo solidario colectivo posibilita mejoramientos que no es posible obtenerlos por la vía de la capitalización individual. Esto es lo que ha llevado a que la tendencia generalizada en el mundo sea hacia sistemas mixtos. Por una parte, permite a través de la garantía solidaria intergeneracional, mejorar las pensiones a los actuales jubilados desde ya – no sólo a los que tienen una alta densidad de cotizaciones como sucede con el proyecto del Gobierno- favoreciendo con esto, en particular a las mujeres, que se quedan casi en un 66% fuera de esas posibilidades con el proyecto actual. Por otro, a través de la garantía solidaria intrageneracional, posibilita mejorar sus pensiones a futuro, por sobre el proyecto del Ejecutivo y dar certidumbre a los potenciales pensionados, y considera solidaridad en aportes desde altas rentas a bajas rentas anualmente (cuentas nocionales). También, introduce equidad de género, reduciendo brechas y posibilitando que, a igual edad y saldo de cotizaciones, se obtenga igual pensión a partir de los 65 años y se reconozca a través del bono Mujer, el cuidado de adultos mayores y familiares en condiciones de dependencia. Por último, por la garantía solidaria del sistema, se garantiza que ninguna pensión que se origine en 30 años de cotizaciones sea menor a 11 UF. Por lo tanto, a través de este fondo solidario, se enfrentan una gran cantidad de problemas que acarrea el sistema actual y se avanza hacia un sistema de seguridad social.
Por lo tanto, a través de este fondo solidario, se enfrentan una gran cantidad de problemas que acarrea el sistema actual y se avanza hacia un sistema de seguridad social.
Separación de las funciones en el sistema reduce el rol de las AFPS, mejora resultados y legitimidad de éste, fortaleciendo el rol del Estado
En el actual sistema, el Estado está presente sólo como regulador y aportador de recursos para mitigar sus falencias, constituyendo el corazón de éste las AFPS. Lo que se mantiene en el proyecto del Ejecutivo. Es más de lo mismo. En tanto, en la propuesta de la Oposición, el rol del Estado cobra otra dimensión, como patrocinador y agente del sistema y de la participación de los afiliados. Las funciones del sistema se agrupan en dos ámbitos: un ente público- que recauda, cobra, administra, orienta al afiliado frente a sus opciones de gestión de los fondos y paga las pensiones y que es la única puerta de entrada al sistema; y en los gestores de fondos, que son los que invierten el 10%. Este último, de gestor de fondos, es el rol al que se limitaría la participación de las AFP y eventualmente, otros potenciales gestores de fondos que se establezcan, que incluso podría ser también el ente público, a través de un área especializada. Lo anterior significa reducir bastante el rol de las AFPS en el sistema. Además, puede traducirse en fuertes economías de escala, posibilitando probablemente un mejor manejo de los riesgos financieros.
En tanto, en la propuesta de la Oposición, el rol del Estado cobra otra dimensión, como patrocinador y agente del sistema y de la participación de los afiliados.
La creación del CACS, Consejo de Ahorro Colectivo Solidario, tendría la tarea de administrar el 6% de aporte empresarial, lo que podría hacer por sus propias capacidades o licitando el servicio con gestores de fondos. Adicionalmente, la propuesta de la Oposición incorpora la participación de los afiliados en los diversos directorios de las instituciones del sistema y un rol más preponderante de la Comisión de Usuarios. También se considera regular las utilidades y comisiones de las AFP estableciendo límites. Adicionalmente, se incluye un Consejo Asesor de alto nivel que analice periódicamente los parámetros y sustentabilidad del sistema. En particular la participación de los afiliados en los órganos de la dirección del sistema, le harían ganar legitimidad al sistema, de lo cual actualmente es muy deficitario.
La creación del CACS, Consejo de Ahorro Colectivo Solidario, tendría la tarea de administrar el 6% de aporte empresarial
Fortalecimiento del Pilar Solidario que garantiza un piso mínimo a todos los ciudadanos y garantía solidaria
En la propuesta de la Oposición se plantean dos mínimos. En el Pilar Básico Solidario se plantea que éste debe tender a ser universal y no menor a la Línea de Pobreza. Esto quiere decir que ya sea que una persona contribuya o no al sistema de pensiones, sólo por vivir en este país, tiene derecho cuando cumpla determinada edad, a tener ese piso garantizado. Por otra parte, al haber aportado con cotizaciones al sistema de pensiones, tiene derecho a otra Garantía Solidaria. Si lo ha hecho por 30 años no puede ser menor a 11 UF (garantía solidaria). Si bien ambas cosas a primera vista pueden parecer modestas, actualmente estamos muy lejos de ambas.
En síntesis, la propuesta de Reforma de la Oposición es claramente superior a la del Gobierno, en cuanto a mejorar las pensiones de los actuales y de los futuros pensionados; y en el caso de los actuales lo hace desde ahora; en abordar los sesgos de género; en garantizar algunos mínimos; en empezar a reducir el rol de las AFP en el sistema y darle mayor preponderancia al Estado y a los afiliados en el mismo; en otorgar más certidumbre, transparencia y seguridad respecto a las prestaciones a recibir. En resumen, en ir avanzando hacia un sistema de seguridad social. El resto es tarea para el proceso constituyente.
En síntesis, la propuesta de Reforma de la Oposición es claramente superior a la del Gobierno, en cuanto a mejorar las pensiones de los actuales y de los futuros pensionados; y en el caso de los actuales lo hace desde ahora; en abordar los sesgos de género; en garantizar algunos mínimos; en empezar a reducir el rol de las AFP en el sistema y darle mayor preponderancia al Estado y a los afiliados en el mismo; en otorgar más certidumbre, transparencia y seguridad respecto a las prestaciones a recibir. En resumen, en ir avanzando hacia un sistema de seguridad social. El resto es tarea para el proceso constituyente.