La bancada de diputados del Partido Demócrata Cristiano ha presentado un proyecto de reforma constitucional que, «en caso de decretarse un estado de excepción constitucional de catástrofe por pandemia», introduciría como derecho constitucional recibir una renta básica universal. El Presidente estaría obligado a presentar al Congreso, un proyecto de ley que establezca una renta básica y universal de emergencia que no podría excluir a más del 10% de la población.
La iniciativa es en respuesta a la evidente incapacidad de nuestro aparato estatal para apoyar adecuadamente a la población frente a una situación excepcional. Las medidas para combatir la pandemia, especialmente las cuarentenas, no permiten desarrollar las actividades económicas habituales y generar los ingresos necesarios para cubrir los gastos de supervivencia y obligaciones financieras.
La incapacidad del Estado para apoyar a los ciudadanos, usando los instrumentos tradicionales de apoyo a la población de bajos ingresos, ha quedado en amplia evidencia durante estos últimos 12 meses. Las ollas comunes, el aumento del número de personas viviendo en campamentos y en situación de calle, el ausentismo escolar cuando no la deserción, y la acumulación de impagos por servicios básicos, servicios educacionales, deudas hipotecarias y otras son la prueba palpable de dicha incapacidad.
A estas deficiencias, que es necesario corregir con urgencia, se suma una cierta arrogancia ideológica de los sectores conservadores que parten de la idea que el apoyo a los grupos de menores ingresos constituye una suerte de acto caritativo hacia aquellos que son «merecedores» de recibirla. Esto supone una arbitrariedad ética injustificable para distinguir entre los merecedores y los demás.
Por cierto, refuerzan esta visión y comportamiento algunos economistas que apelan a las «restricciones fiscales» para limitar el gasto social. Lo que no dicen estos colegas es que las restricciones fiscales tienen dos caras. Una es el nivel de gasto y otra, que es la que prefieren olvidar junto con el gobierno, es el nivel de ingreso tributario requerido para generar un sistema de protección social adecuado. El país cuenta con los recursos económicos necesarios para proteger a los menos favorecidos y tiene capacidad de endeudamiento para cubrir las brechas financieras que se generen temporalmente para atender debidamente las consecuencias socioeconómicas de la crisis sanitaria.
Los beneficios de un esfuerzo mayor de protección social son evidentes. En primer lugar, evita que las personas queden dañadas económicamente y facilita que puedan pagar sus cuentas. El beneficio en términos de aumento de la actividad económica es evidente. En segundo lugar, evitamos dañar el futuro económico de las personas y del Fisco ya que no será necesario recurrir a los ahorros de pensiones, al seguro de cesantía y al endeudamiento para alimentarse y poder pagar sus cuentas. En tercer lugar, aumenta el sentido de pertenencia a una sociedad donde los menos favorecidos sienten que sus intereses y preocupaciones son atendidas por el gobierno y los grupos más acomodados.
En resumen, el costo económico de un sistema de ingreso universal es mucho menor que el costo de hacer poco o nada y daña mucho menos el futuro del país que obligar a las personas a recurrir a sus ahorros previsionales y seguros de cesantía. Además, el beneficio en términos de convivencia social no tiene precio.
Contenido publicado en Diario La Tercera
Un vacío inaceptable en el borrador de los expertos constitucionales
junio 26, 2023
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