Ramón López y Gino Sturla Zerene: Los ricos, los súper ricos y el financiamiento de la crisis

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Con la mirada puesta en evitar un estallido social, los economistas autores de esta columna elaboran un plan que contempla entregar un ingreso mensual equivalente a un salario mínimo, a 3,5 millones de familias de menores ingresos; y la entrega de créditos subsidiados para las Pymes, con ventas inferiores a 25.000 UF anuales.
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Con la mirada puesta en evitar un estallido social, los economistas autores de esta columna elaboran un plan que contempla entregar un ingreso mensual equivalente a un salario mínimo, a 3,5 millones de familias de menores ingresos; y la entrega de créditos subsidiados para las Pymes, con ventas inferiores a 25.000 UF anuales. Estiman el costo de este plan en torno a un 8% del PIB. Para financiarlo, opinan que Chile no debe endeudarse si no recurrir, vía impuesto patrimonial, al “único segmento de la sociedad chilena que tiene los medios para contribuir mucho más a este esfuerzo”: los ricos y súper ricos. Aunque ellos también han sido golpeados por la crisis (“su riqueza ha caído probablemente en alrededor de 7% u 8%”) cuentan con US$ 250.000 millones, poco menos de lo que Chile produce en un año.

Los costos fiscales necesarios para mitigar siquiera parcialmente los impactos sociales y económicos de la crisis sanitaria son de una gran envergadura. Proponemos aquí un plan bien diseñado que priorice el apoyo a muchos millones de chilenos que van a ver su sobrevivencia amenazada. Este plan aseguraría un ingreso mensual equivalente a un salario mínimo para los 3,5 millones de familias de menores ingresos del país por un periodo de cuatro meses y además un programa de créditos subsidiados para las Pymes con ventas inferiores a 25.000 UF anuales. Este programa debe contemplar un monto aproximado de US$20.000 millones, es decir, en torno a un 8 % del Producto Interno Bruto, PIB. Esto, bajo el supuesto de que la emergencia sanitaria no dure más de 4 meses; si esta se prolonga, los costos pueden ser aún mayores.

Un argumento que debiera convencer al Gobierno y sus elites económicas es que, si no hacen algo significativo en apoyo de las familias y de las Pymes, vamos a tener una catástrofe social de grandes proporciones, quizá comparable a la de 1981-83 en plena dictadura. Esta catástrofe agravará las tensiones sociales que siguen completamente vigentes desde el estallido del año pasado, lo cual podría llevar a un verdadero terremoto social, gatillando un proceso político y social caótico que sabemos cuándo empieza, pero no cuándo ni cómo termina.

Recordemos el estado cuasi revolucionario que se vivió durante la crisis de principios de los años ochenta, a pesar de que el país estaba bajo el yugo de una dictadura brutal. Y recordemos también que este levantamiento obligó a la dictadura a negociar con las fuerzas de oposición, lo que a la postre condujo al país al camino del restablecimiento democrático. La lección de esta historia y del estallido social del año pasado es clara: el pueblo chileno, avasallado por las injusticias y por la pobreza generalizada que sobrevendrá si no se cambian radicalmente las políticas actuales, es capaz de levantarse con gran decisión y sin miedo a la represión por brutal que esta sea.

«Recordemos el estado cuasi revolucionario que se vivió durante la crisis de principios de los años ochenta, a pesar de que el país estaba bajo el yugo de una dictadura brutal. Y recordemos también que este levantamiento obligó a la dictadura a negociar con las fuerzas de oposición, lo que a la postre condujo al país al camino del restablecimiento democrático.«

Ojalá esta lección la tuviera clara el Gobierno, las elites económicas y los partidos de oposición al momento de responder a esta dramática crisis. Tal vez debieran pensar en cómo no dejar morir la gallina de los huevos de oro que constituyen sus enormes privilegios, cuestión inevitable e irreversible en un escenario de caos social.

En cuanto a los costos fiscales requeridos para prevenir un eventual escenario caótico hay dos grandes interrogantes fundamentales. La primera es si este Gobierno va a tener la voluntad política y la capacidad para gastar esas sumas. La segunda es si es que efectivamente se van a gastar esos cuantiosos recursos en un plan de rescate social masivo de apoyo a las familias y a las verdaderas Pymes, un plan que permita anteponerse a un desastre social que puede afectar dramáticamente a más de 10 millones de ciudadanas y ciudadanos en situación de mayor vulnerabilidad.

Es posible que enormes recursos no se gasten en quienes más desesperadamente necesitan apoyo, si no que en rescatar a las medianas y grandes empresas pertenecientes a unos pocos grandes grupos económicos.

FINANCIAMIENTO

  1. Un programa de la envergadura del que proponemos aquí no puede solventarse meramente vía endeudamiento fiscal o utilizando el total de los fondos soberanos disponibles. Las agencias evaluadoras internacionales ya muestran signos de estar dispuestas a aumentar su estimación del riesgo país de Chile. Más aún, los mercados internacionales de capital han cambiado mucho en los meses recientes y no olvidemos que Chile no va a estar solo en la búsqueda por financiamiento para solventar su déficit. De hecho, hay un centenar de países que han inducido grandes déficits fiscales y que van a salir casi simultáneamente al mercado de capitales, lo que augura una fuerte competencia. Esto sugiere que en el momento en que Chile incurra en estos déficits y tenga que recurrir a la búsqueda de fondos, se puede encontrar con costos de capital mucho mayores de lo que actualmente se está pensando, lo que a su vez implicaría un oneroso servicio de la nueva deuda para los años futuros, que haría muy difícil el manejo fiscal.
  2. El enorme esfuerzo fiscal debe ser en parte financiado con recursos internos para evitar nocivos desequilibrios fiscales. En estos momentos hay solo un segmento de la sociedad chilena que tiene los medios para contribuir mucho más a este esfuerzo. Estos son los súper ricos, quienes han tenido enormes ganancias y otros beneficios a lo largo de muchas décadas y son dueños de la mayor parte de la riqueza nacional. En efecto, recientes estudios extranjeros y nacionales que se detallan más abajo (hecho por Boston Consulting Group, Credit Suisse y La Universidad Del Desarrollo, UDD), concuerdan en estimaciones similares de la riqueza de los individuos y grupos económicos más ricos de Chile.

«La lección de esta historia y del estallido social del año pasado es clara: el pueblo chileno, avasallado por las injusticias y por la pobreza generalizada que sobrevendrá si no se cambian radicalmente las políticas actuales, es capaz de levantarse con gran decisión sin miedo a la represión por brutal que esta sea.»

IMPLICANCIAS

Destacamos cuatro implicaciones de lo anteriormente expuesto. Primero, si se quiere prevenir un descalabro social mayor se debe aumentar el gasto en protección social de manera muy drástica.

Segundo, si esto se hace solamente en base a aumentar el déficit fiscal, el costo de financiar este déficit puede causar profundos desequilibrios financieros, que pondrían en riesgo la capacidad futura del Estado para invertir, llevando al país a un estancamiento económico.

Tercero, son los súper ricos quienes pueden y tienen que contribuir con una parte significativa al financiamiento de este plan.

Cuarto, un argumento importante para convencer a los súper ricos es que, si el país se precipita en una debacle social, ellos van a tener pérdidas mucho mayores que la contribución que se les demanda aquí. Como ejemplo concreto de este último punto, cabe recordar la propuesta de un impuesto patrimonial por parte del más grande empresario del país durante el estallido social.

«En estos momentos hay solo un segmento de la sociedad chilena que tiene los medios para contribuir mucho más a este esfuerzo. Estos son los súper ricos, quienes han tenido enormes ganancias y otros beneficios a lo largo de muchas décadas y son dueños de la mayor parte de la riqueza nacional

CUÁN RICOS SON LO SUPER RICOS

De acuerdo con datos en los cuales coinciden CreditSuisse y el Boston ConsultingGroup, es posible identificar dos pequeños grupos de individuos que concentran la gran masa de la riqueza nacional.

  1. La riqueza financiera (la cual excluye participaciones mayoritarias en empresas y activos inmobiliarios) de solamente 140 individuos, que tienen más de US$100 millones cada uno, llega a US$90.000 millones. Si a esto le agregamos la riqueza no financiera, estimada por CreditSuisse, llegamos a que la riqueza total de estos 140 individuos asciende a US$150.000 millones. A este grupo le llamamos los súper ricos.
  2. La riqueza total (financiera y no financiera), estimada en base al Boston ConsultingGroup, de 5.700 individuos que ostentan un patrimonio entre US$5 y US$100 millones cada uno, llega a US$ 120.000 millones. A este grupo le llamamos los ricos.

De esta forma, sumando ambos grupos, unos 5.840 individuos poseen una riqueza total de US$ 270.000 millones, un 32% de la riqueza privada total de todos los chilenos, cifra equivalente a todo lo que produce el país en 1 año.

Estos datos corresponden a diciembre 2018. A raíz de la crisis social el índice de precios de la bolsa de comercio de Santiago ha caído en alrededor de 20%. Así, podemos asumir que la riqueza en acciones de estas personas ha caído en ese mismo porcentaje. Sin embargo, el patrimonio bursátil de ellas es solo una proporción de su riqueza total. De acuerdo con la UDD, para los 33 grupos económicos más grandes del país, su patrimonio bursátil no llega al 40% de su patrimonio total. Esto significa que la riqueza total de los ricos y súper ricos ha caído probablemente en alrededor de 7% – 8% con respecto a la época en que estos datos fueron obtenidos. O sea, la riqueza de ellos es todavía, a pesar de las crisis sociales y sanitarias, superior a US$ 250.000 millones.

¿Alguien podría poner en duda la justicia de solicitar a estos individuos de inmensa riqueza una contribución significativa para financiar el apoyo a los millones de chilenas y chilenos más vulnerables, a quienes esta crisis amenaza su sobrevivencia? Y no por caridad, si no que por la necesaria reciprocidad que permita una convivencia social sin riesgos de llegar a un escenario caótico.

«Unos 5.840 individuos poseen una riqueza total de US$270.000 millones, un 32% de la riqueza privada total de todos los chilenos, cifra equivalente a todo lo que produce el país en 1 año.«

LA CONTRIBUCIÓN DEMANDADA

Sugerimos que un 30% del esfuerzo total para financiar el plan propuesto, el que alcanza los US$ 20.000, debe provenir de estos grupos. Y que de este 30%, tres cuartos (22.5% del total) provengan de los súper ricos, y un cuarto (7.5%  del total) de los otros ricos. Esto significa que este pequeño grupo de personas deben contribuir con un monto de aproximadamente US$6.000 millones, lo que representa un 2,4% de su riqueza total.

Esta recaudación se logra con:

  1. Un impuesto patrimonial de 3,5% para fortunas de más de US$ 100 millones (140 individuos), lo que puede recaudar US$4.900millones.
  2. Un impuesto patrimonial de 1,5% para fortunas mayores a US$ 5 millones e inferiores a US$ 100 millones (5.700 individuos), lo que puede recaudar un total de US$ 1.700 millones.

Así, en total este impuesto patrimonial puede potencialmente recaudar alrededor de US$ 6.600 millones. Sin embargo, esta es la recaudación teórica ya que es posible que esta se vea afectada por evasión y elusión.  Un buen sistema de recaudación puede mantener estas pérdidas por debajo de un 10%. Así, la recaudación efectiva puede llegar a los US$ 6.000 millones.

«No olvidemos que el más grande empresario de Chile ya sugirió la implementación de un impuesto patrimonial a raíz del estallido social de octubre del año pasado. ¡Atención Gobierno, Parlamento y estimados colegas economistas, no sean más papistas que el Papa!«

IMPLEMENTACIÓN

Mucho se han criticado los diversos esquemas de impuesto patrimonial implementados en un gran número de países en el pasado. La principal crítica es que estos impuestos no han recaudado lo que se esperaba de ellos. ¿Cuáles han sido los factores centrales?:

a) Han sido dirigidos a un alto número de personas, a menudo afectando a la clase media;

b) Su diseño ha sido de gran complejidad, incorporando una multitud de tasas impositivas.

El primero de estos factores ha generado una gran resistencia entre la población, haciendo estos impuestos muy impopulares, lo que últimamente llevó, en muchos casos, a su disolución. El segundo factor facilitó la evasión en gran escala, lo cual se transformó en otra razón poderosa para que muchos gobiernos optaran por su eliminación.

Lo importante es aprender de estas lecciones. Por eso proponemos un diseño muy simple que va a afectar solamente a un muy pequeño grupo de las personas más ricas del país, y no a cientos de miles como ha ocurrido en otros países. Esta focalización permite evitar que la inmensa mayoría de la población se vea afectada, lo cual debiera minimizar su rechazo. También sugerimos solamente dos tasas de impuesto, lo que permitiría una gran simplicidad para su fiscalización.

Además, el foco en un número reducido de personas debiera también facilitar la fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos. El SII debería pedir una declaración jurada formal del total de la riqueza de estas personas, ya sea se encuentre en el país o en el extranjero y, en caso de evasión, por ley debieran fijarse multas de un tamaño igual a varias veces lo evadido.

Otro tema importante es que estos impuestos están dirigidos a las fortunas personales de estos pocos individuos y no a las empresas. Este hecho implica que el impuesto patrimonial, a diferencia de los impuestos sobre las utilidades de las empresas, no debiera afectar el funcionamiento o incentivos de ellas.

Finalmente, confiamos en que, en la medida que se entiendan las funestas y dramáticas consecuencias sociales de dejar las cosas como están (sin aplicar planes masivos y efectivos de apoyo a familias y Pymes), los dueños de las grandes fortunas van a estar dispuestos a integrar un pacto social que les permita cooperar al bienestar de Chile, aportando una pequeña proporción de su enorme riqueza. No olvidemos que el más grande empresario de Chile ya sugirió la implementación de un impuesto patrimonial a raíz del estallido social de octubre del año pasado. ¡Atención Gobierno, Parlamento y estimados colegas economistas, no sean más papistas que el Papa!.

Contenido publicado en: CIPER

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