Es un imperativo alertar a la opinión pública respecto de una grave situación que podría significar que, a futuro, las pensiones que otorgan las AFP fuesen aún más bajas.
El gobierno ha colocado “discusión inmediata” al Proyecto de Ley que “Modifica distintas leyes con el fin de cautelar el buen funcionamiento del mercado financiero” (Boletín 13.564- 05) que, en el artículo primero del Mensaje, pretende modificar el DL 3.500 para liberalizar los resguardos previstos para la seguridad de las inversiones de los fondos de pensiones, permitiendo que las AFP puedan invertir en una extensa variedad de instrumentos de inversión, disminuyendo e incluso eliminando la evaluación de riesgo.
Esto puede significar que, a futuro, los fondos previsionales tengan pérdidas cuantiosas, disminuyendo los fondos acumulados de cada chileno, a causa de inversiones altamente riesgosas.
Este proyecto de ley deja en evidencia tres elementos importantes.
Primero, que mientras el gobierno y el empresariado de derecha establecen que los trabajadores gasten sus propios ahorros destinados a enfrentar la carestía, proponen que los grandes grupos económicos, lo hagan usando los ahorros previsionales de los trabajadores.
Segundo, el gobierno y los dirigentes empresariales hacen una defensa cerrada contra el retiro del 10% de los fondos previsionales y, al mismo tiempo, quieren reducir la evaluación de riesgo sobre las inversiones de los fondos de pensiones, para que puedan ser usados por sus propias empresas. Lo que están haciendo no es defender los fondos depositados en las AFP, ni los recursos de los trabajadores, ni menos los intereses generales de la nación, sino solamente sus intereses particulares.
Tercero, el sistema de AFP fue concebido como un sistema de ahorro forzoso de capitalización individual y no de seguridad social, que debería ser el motivo fundamental de todo sistema previsional. Ello explica porque más del 40% de las pensiones recibe una pensión inferior al salario mínimo. Al mismo tiempo, las AFP orientan los ahorros de casi una decena de millones de chilenos hacia inversiones financieras y solo parcialmente al financiamiento productivo. Esto evidencia que ha fracasado como instrumento eficaz de seguridad social, pero también como de ahorro para el financiamiento productivo.
Lo consecuente, en defensa de los ahorros de los trabajadores y del interés nacional, es rechazar esta propuesta, tal como lo ha hecho la Comisión de Hacienda del Senado.
