El gobierno del Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, presentó ayer un proyecto de reforma del sistema de pensiones que busca aumentar en 40% la prestación por jubilación y rebajar el tiempo de cotización, pero que según los expertos podría implicar riesgos inflacionarios e incrementar el empleo informal.
El actual sistema, del año 1997, ha sido cuestionado por el bajo rendimiento que otorga a los empleados, mientras que especialistas han advertido que es una especie de bomba de tiempo por el creciente aporte del Estado al sistema, poniendo en riesgo las finanzas públicas.
La reforma busca que el monto de jubilación se acerque ‘muchísimo’ al último salario que recibió el trabajador e incrementa el porcentaje de contribución de las empresas, dijo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, al anunciar el plan junto al mandatario.
El plan prevé que el límite inicial para recibir la jubilación baje de 25 a 15 años, sin necesidad de que aumente la contribución de los trabajadores. Dispone además una subida progresiva del aporte de los empleadores al sistema, a 13,87% desde el 5,15% actual, y reduce las comisiones que cobran las administradoras privadas de fondos de pensiones, hoy en torno al 1%, hasta llegar a 0,7%.
Estas entidades, también conocidas como Afores en México, administraban ahorros por unos 192.800 millones de dólares al cierre de junio, según datos oficiales.
El Consejo Coordinador Empresarial, la mayor patronal del país, dijo que la reforma ‘permitirá ingresos en la vejez por arriba de la línea de bienestar’.
Para Alberto Ramos, economista de Goldman Sachs, la reforma es positiva porque aumentará los activos administrados por la industria local de fondos de pensiones, pero ‘la peor parte del ajuste recaerá en el sector corporativo’. El encarecimiento del empleo formal ‘podría empujar una parte aún mayor de la fuerza laboral al sector informal y generar presiones sobre la inflación’, agregó.
Contenido publicado en El Mercurio
