El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha desvelado este viernes su propuesta inicial de presupuesto federal para el año fiscal 2022, más una declaración de intenciones políticas que un cálculo dinerario del coste de las acciones de Gobierno previstas. Entre las prioridades destacan partidas para luchar contra el cambio climático, potenciar la salud pública global y un aumento de más del 40% en educación. También una importante inversión de 860 millones de dólares en Centroamérica, el primer paso de un programa a cuatro años para frenar la inmigración irregular.
En total, esta petición inicial de gastos discrecionales del Gobierno federal aspira a lograr 1,5 billones de dólares para el próximo año fiscal, un aumento del 8,4% sobre el aprobado por el Congreso para el ejercicio fiscal en curso. De la petición total, 753.000 millones se dedicarán a gastos de defensa y otros 769.000 millones a otras partidas, entre ellas la lucha contra la crisis climática, el refuerzo de la salud pública global y la investigación médica y la decidida apuesta por casi doblar el presupuesto de educación.
El Gobierno pretende invertir 36.500 millones de dólares en escuelas de los quintiles más desfavorecidos, así como financiar proyectos de investigación médica enfocados a enfermedades como el cáncer, la diabetes y el alzhéimer.
La propuesta, presentada un día después del anuncio de una reforma fiscal para financiar un ambicioso plan de infraestructuras, obedece a la convicción de Biden de que ampliar el papel del Gobierno federal, y no limitarlo, es clave para potenciar el crecimiento económico al dar respuesta a algunos de los problemas más acuciantes del país, como la amenaza del cambio climático y la profunda desigualdad social.
Biden ha adelantado parte del paquete completo que la Casa Blanca desvelará en las próximas semanas, y el anticipo, además de un tanteo de la opinión pública, revela también las prioridades políticas de su mandato, entre ellas reforzar la ayuda a Centroamérica cuando se han disparado las llegadas de indocumentados a la frontera sur de EE UU, con el mayor nivel de detenciones en 20 años, a la par que un récord histórico en la afluencia de menores solos. Los millones anunciados este viernes por Biden son “el primer paso” de un objetivo mayor, invertir 4.000 millones de dólares en la región en un plazo de cuatro años, como prometió durante la campaña electoral, para “afrontar las causas que originan” el fenómeno.
La propuesta de presupuesto de Biden, que muy probablemente será modificada por el Congreso durante su tramitación, contempla también fondos para reformar el sistema de asilo, deficitario desde el mandato de Donald Trump. La Casa Blanca quiere destinar 890 millones de dólares a contratar un centenar de jueces de inmigración y equipos auxiliares, para acelerar el proceso de miles de solicitudes atascadas.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, señaló que esta petición de fondos “hace las cosas más justas” e “inyecta” dinero “en las comunidades donde el capital llega con dificultad”. El plan inicial de Biden supone un incremento del 16% en las partidas no relacionadas con defensa, que equivaldrían si se aprueban a un 3,3% del PIB, según la carta al Congreso enviada por la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca.
La propuesta tentativa de Biden no incluye medidas fiscales o programas obligatorios como el Seguro Social, que se incluirán en una solicitud de presupuesto formal que la Casa Blanca publicará más adelante.
Contenido publicado en El País
