Por este motivo, Apple debía nada más y nada menos que 13.000 millones de euros al Fisco irlandés. Esta monumental factura correspondería a los impuestos no pagados durante un periodo de algo más de dos décadas.
Apple había podido esquivar este gravamen gracias a un trato preferencial concedido por Irlanda en virtud de dos resoluciones fiscales de ‘impuestos a la carta’, confeccionadas especialmente para la emblemática compañía. De este modo, se consintió que Apple estableciese un ‘doble irlandés’, una táctica que hasta 2015 permitía a algunas multinacionales reducir cuantiosamente los impuestos sobre sus ingresos con todas las de la ley, aprovechando un vacío legal entre las normativas estadounidense e irlandesa. Durante la rueda de prensa en la que se anunció la decisión, la comisaria de competencia Margrethe Vestager explicó, a modo ilustrativo, que “por cada millón de euros de ingresos, [Apple] pagó tan sólo 500 euros de impuestos”. Pese a la indignación que un tipo impositivo del 0,005% pueda desatar, más aún teniendo en cuenta que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en este país puede llegar al 40% de los ingresos, el Tribunal General de la UE estimó el recurso de Apple y anuló la decisión de la Comisión. A juicio del Tribunal, no se habría demostrado la existencia de un requisito fundamental para la aplicación del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE): la concesión de una ventaja selectiva que afecte de alguna manera a la competencia.
Las reacciones a la sentencia no tardaron en llegar. Algunos comentaristas la han tachado de «enorme contratiempo», porque supone un «importante revés» a la posibilidad de utilizar el elenco normativo referente a ayudas de Estado (cuya pieza fundamental es el citado artículo 107 del TFUE) para controlar la evasión de impuestos y el exceso de competencia fiscal entre estados. A pesar de ello, la catedrática Ruth Mason ve con buenos ojos el triunfo de Apple al existir, en su opinión, agujeros en los argumentos jurídicos que sustentan la decisión anulada.
Lo cierto es que el resultado no ha causado demasiada conmoción entre los conocedores de la jurisprudencia de los tribunales europeos. Además, es posible que se esté sobrevalorando su efecto demoledor en la posibilidad de tirar del 107 del TFUE para combatir las artimañas con las que las multinacionales diluyen sus obligaciones fiscales. Es cierto que la Comisión se ha llevado un buen tirón de orejas por haber dado por sentado que existía una ventaja sin realizar un análisis exhaustivo del montante de los negocios de las filiales irlandesas de Apple. Así, se ha quedado corta a la hora de demostrar que los ingresos atribuidos a las mismas no cuadraban. Sin embargo, el Tribunal ha dejado claro que este tipo de resoluciones fiscales sí pueden ser contrarias a la normativa europea.
La nueva sentencia reitera, por tanto, lo establecido meses antes en los casos ‘Fiat’ y ‘Starbucks’. En el primero, el Tribunal confirmó que el trato especial conferido por Luxemburgo a la multinacional italiana era ilegal, mientras que en el segundo no estimó que se hubiese probado que los Países Bajos otorgasen una ventaja a la conocida franquicia de cafeterías. De esta forma, la Comisión parece haber salido airosa en lo que respecta al principal asunto de fondo.
El frente contra el trato fiscal especial para multinacionales se abrió en el 2013, y no parece que la ofensiva vaya a escampar. Desde entonces, se han iniciado 12 investigaciones, de las cuales ocho ya han concluido. En siete de ellas, la Comisión estimó que los arreglos bajo escrutinio constituían ayudas ilegales. Como explicó la propia Vestager en 2015 cuando se anunciaron las primeras decisiones, “las resoluciones fiscales que reducen de manera artificial la carga tributaria de una empresa no se ajustan a las normas de la UE en materia de ayudas estatales y son ilegales”.
Comprensiblemente estas tretas, que vienen a ser un Robin Hood al revés, levantan ampollas. En el periodo inmediatamente anterior a que se investigase a Apple (2007-2014), la media de los ingresos correspondientes al Impuesto de Sociedades en los países miembros de la OCDE bajó un 0,8%, hasta llegar al 2,8% del Producto Interior Bruto (PIB). Durante ese mismo periodo, los ingresos relativos al IRPF aumentaron ligeramente, pasando a constituir el 8,9% del PIB. Resulta alarmante que, como ha dicho la propia OCDE, “los contribuyentes corporativos continúan encontrando formas de pagar menos, mientras que los individuos acaban soportando la factura.” Cuando menos, esta tendencia pone en entredicho el ‘goteo hacia abajo’ económico que algunos sectores doctrinales defienden que se produce cuando se da un trato de favor a las grandes empresas, con la esperanza de que su riqueza cale a toda la sociedad.
Se puede hacer una lectura positiva de la atención que ha generado esta saga. El estrepitoso fracaso de la Comisión ante una prominente empresa tecnológica estadounidense pone en duda algunas de las leyendas urbanas relativas a la aplicación del Derecho europeo. La decisión anulada había metido el dedo en la llaga del proteccionismo tecnológico, es decir, la idea de que la ley pueda aplicarse tácticamente contra empresas extracomunitarias para favorecer a las de casa. Ya en 2015, el entonces presidente estadounidense Barack Obama sugirió que algunas investigaciones podrían estar comercialmente motivadas: “Hemos sido los dueños de internet. Nuestras compañías lo crearon, expandieron, perfeccionaron en formas que [los europeos] no pueden competir. Y a menudo lo que se presenta como posturas magnánimas… está simplemente diseñado para extraerles [a las big tech de EE.UU.] parte de sus intereses comerciales”. En su línea, Donald Trump fue menos políticamente correcto cuando le dijo a Jean-Claude Juncker sobre Vestager: “Tu dama de los impuestos realmente odia a los Estados Unidos”. Un sinfín de titulares hace referencia a la guerra contra las ‘big tech’, pero se centran en el ‘quién’ en vez de en el ‘por qué’. Y hay un claro porqué: precisamente, el éxito del que habla Obama suele acarrear poder de mercado, y las empresas que lo poseen son más proclives a dañar la competencia.
Del mismo modo, la sentencia del Tribunal pone en entredicho las críticas relativas a la ausencia de riguroso control jurisdiccional sobre los actos de la Comisión. El catedrático Damian Chalmers encapsuló esta postura cuando dijo que “el Tribunal de Justicia tiene demasiado interés institucional en el desarrollo de la Unión Europea para desempeñar con éxito su labor de control y equilibrio”. No obstante, ante el recurso presentado por Apple, el Tribunal General llevó a cabo un minucioso análisis de la decisión de la Comisión, sopesando si había suficiente sustento para sus conclusiones. En último término, no dudó en fallar en contra aun a sabiendas de la repercusión mediática y del coste político del desenlace. Como ha señalado Alfonso Lamadrid, tal rigurosidad sugiere que “el sistema europeo de revisión jurisdiccional funciona adecuadamente, con independencia de la identidad y nacionalidad de los recurrentes, y de los importes e intereses económicos en juego”.
La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal de Justicia, así que todavía no está claro quién tendrá la última palabra. Decida o no la Comisión seguir dándole quebraderos de cabeza a Tim Cook, el panorama general de la lucha contra la evasión de impuestos es esperanzador. Cuatro meses después de que se abriera la investigación de Apple, Irlanda comunicó su intención de introducir cambios legislativos inminentes para poner fin al doble irlandés, que ya es historia. Además, en enero de este año la matriz de Google (Alphabet) confirmó que dejaría de beneficiarse del viejo vacío legal, en virtud del cual se había diseñado también su sistema impositivo. El mismo día que encajó la derrota frente a Apple, la Comisión publicó un nuevo Paquete Fiscal europeo, marcando “el camino hacia sistemas fiscales más justos, sencillos y modernizados” con varias propuestas para atajar de raíz la evasión de impuestos y la competencia fiscal injusta. La institución puede haber perdido esta batalla, pero es posible que gane la guerra.
Contenido publicado en Agenda Publica- El País
