Sería hacer oídos sordos y un error de proporciones que los futuros convencionales electos por la ciudadanía se encapsulen en sus debates y deliberaciones sin establecer previamente compromisos y, una vez constituidos como tales, no establecer y concordar una reglamentación de funcionamiento que no considere a los principales actores que abrieron este camino: los y las ciudadanos/as, las organizaciones sociales y populares en cada uno de los territorios del país.
Si algo expresó claramente los resultados del reciente plebiscito fue el sentido de unidad para el cambio y transformación hacia un nuevo orden político, económico y social, y de participación en el proceso constituyente.
Por ello, uno de los principales desafíos de la futura Convención Constitucional será reglamentar diversos mecanismos participativos de la ciudadanía, a través del desarrollo de cabildos – recogiendo la experiencia y contenidos ya desarrollados -, audiencias públicas con las representaciones territoriales, mecanismos de rendición de cuentas de los convencionales y también, con la colaboración de los municipios, la realización de plebiscitos, como ya lo anticiparon el año 2019, para dirimir eventuales controversias en el seno de la Convención.
Lo anterior, sin embargo, también es un desafío para las organizaciones sociales, ciudadanas y territoriales en todas las regiones y en Tarapacá en este caso. Reponer y fortalecer los cabildos, temáticos y/o territoriales, de manera virtual o presencial, según lo ameriten las circunstancias, para debatir y proponer contenidos constitucionales de largo aliento – y ojo, no políticas públicas-, conlleva un enorme requerimiento de organización, que deberá tener alguna forma de expresión territorial por comunas, y una clara voluntad social de convergencia para articular una Tarapacá Constituyente. La suma de cabildos particulares o específicos, sin duda será un aporte valioso, pero su potencia regional y local se alcanzará en la medida que exprese el ideario constitucional de la región y sus comunas.
Es el momento del dialogo, de escuchar pluralmente a todos/as y la deliberación regional. Las organizaciones populares, sociales, ciudadanas e institucionales (municipios, universidades, ONG), tienen una palabra protagónica.
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