Muchos son los actores y estudios que hoy denuncian el avance en Chile hacia una economía secuestrada por monopolios, oligopolios, y su incidencia en una escasa competencia, productividad (Von Wolfersdorff, 2020; Zingales, 2019; PNUD, 2017), crecimiento (Converti, 2019) y amenaza a un capitalismo democrático como lo advierte el Premio Nobel Angus Deaton.
Hasta ahora el foco del problema se ha puesto en el sector privado. ¿Pero qué rol cumple hoy el Estado para revertir ese escenario y evitar un falso dilema, incluso a nivel constitucional, de Estado-mercado? Uno muy pobre. Sobre todo, a la hora de trabajar en los cuatro grandes nudos que convierten al Estado en antagonista de la libre competencia. Estos son:
1.- Un Estado ineficiente: de acuerdo al informe “Un Estado para la ciudadanía” (CEP, 2017), se ha ido generando un progresivo aumento del tamaño del Estado (que se profundiza con la actual crisis sanitaria y económica, donde el gasto público será del orden del 28,7% del PIB, el más alto en 30 años), pero con escasa incidencia en una mejora de la calidad de vida de las personas o una redistribución de riqueza y oportunidades (por ejemplo, a emprendedores o Pymes). Chile, a pesar de ser el país con más ministerios de la OCDE (24 en total), y contar con una dotación cercana al millón de empleados públicos (que registra un aumento de 26,3% en solo cinco años), presenta una brecha cada vez más grande entre ciudadanía y Estado. Solo dos de cada 10 personas confían en él, y un 76% asegura recibir un mal trato. Incluso los mismos funcionarios públicos critican su actuar al señalarlo como un actor lejano a la hora de promover “un aparato de los mejores”, promotor de competencia (en Primera Encuesta Nacional de Funcionarios Públicos, un 36% reconoció haber obtenido empleo gracias a la ayuda de familiares, amigos u otros). A eso se suma que cerca de la mitad del gasto público, y de acuerdo a datos del Observatorio Fiscal, se destina a programas gubernamentales fundamentales; pero la otra mitad, no se sabe claramente cómo se gasta. Tal como señalan Fournier y Johansson (2016), más importante que el tamaño del Estado como factor de equidad y crecimiento (extensible incluso a una equidad de los mercados), es la composición específica del gasto público y la eficacia de su burocracia.
2.- Un Estado sin una mirada estratégica de desarrollo con un foco claro en innovación y competencia. Quizás la única excepción a la regla en la última década sea la apertura del mercado energético a una nueva matriz limpia, competitiva y costo eficiente por el exministro Máximo Pacheco. Pero la norma has sido un Estado cómplice en la pérdida de complejidad productiva y competitiva. Y ello, como ha señalado el académico César Hidalgo, no tiene que ver solo con la exacerbación de una economía commodity dependiente. Países como Nueva Zelanda o Australia también tienen una matriz basada en commodities, pero con un nivel de innovación y competencia muy distinto, que se refleja en un registro importante de patentes o exportaciones variopintas de servicios (como servicios tecnológicos). La concentración de la economía también juega un rol fundamental porque lleva a una menor innovación y hace que las decisiones de inversión queden radicadas en pocos actores y actividades más bien especulativas y rentistas.
3.- Un Estado que no establece estándares éticos y competitivos creíbles: un caso paradigmático es el cumplimiento de la ley de pago a 30 días de empresas a sus proveedores. El problema no solo radica en el cumplimiento efectivo de esta normativa por empresas privadas. Cabría suponer que el Estado en esta materia debiese actuar con el ejemplo, sobre todo cuando se trata de cumplir con Mipymes con menor capacidad negociadora. El primer semestre de 2019, el Estado demoró en promedio 42,4 días en pagar a diversos proveedores. La cantidad de reclamos por no pago oportuno al Estado aumentó en un 20% entre 2018 y 2019 de acuerdo a portal ChileCompras. Eso redunda en pérdidas de ingresos que dificultan el crecimiento de las empresas, sobre todo aquellas con menor musculatura y su derrota en muchos casos frente a grandes compañías u oligopolios.
4.- Un Estado cooptado por ciertos intereses empresariales. Una alta concentración y poder negociador de un grupo minoritario de empresas (la propiedad de las grandes empresas chilenas se concentra en solo 64 grandes accionistas) puede tener una alta injerencia en la cooptación de recursos del Estado (licitaciones públicas), influir políticas o regulaciones específicas (Ley de Pesca por ejemplo), promover un incremento en los casos de corrupción, una falta de transparencia desde el sector público y una profundización de la concentración económica y escasa competencia en algunos mercados (Cárdenas y Guzmán Concha, 2019).
Por lo tanto, si queremos mejores mercados, más competitivos y auténticamente libres, debemos renovar con urgencia nuestro Estado (y a quienes lo componen y lideran).
Contenido publicado en La Tercera
