El cuestionable proceso de licitación del Instituto de Tecnologías Limpias revela la pobreza de la visión de desarrollo que tiene el Gobierno actual, toda vez que impide la posibilidad de generar capital humano y dejar capacidades instaladas en nuestras regiones. El actuar político debe tener altura de miras y, por lo tanto, está sujeto a un escrutinio mayor. Cuando el director de Corfo no se planteó en su momento la irregularidad del proceso, parece desentenderse de su deber de máxima rigurosidad que exige el desempeño de su cargo, máxime si estudió en la Universidad del Desarrollo (UDD), la cual pertenece al consorcio que se adjudicó la licitación.
Vivimos en tiempos de cambio climático, pandemia y de radicales avances en tecnología de la información. Estos cambios nos traen como consecuencia inestabilidad política y económica, que azota por igual a grandes potencias como EE.UU. y países en desarrollo como el nuestro. Ante este escenario, una sociedad resiliente exige un nuevo modelo de desarrollo, especialmente en Chile, un país que se ha caracterizado por basar su desarrollo en la explotación de sus recursos naturales, en gran medida, por capitales privados.
Para que lleguemos al desarrollo, necesitamos ser un actor partícipe en la era del conocimiento. Queda clara la necesidad de contar con ciencia y conocimiento de punta, cuando la mayoría de los Estados deben tener difíciles negociaciones con empresas privadas para obtener acceso a vacunas contra el COVID-19. Esto nos enrostra que los países que triunfarán en esta nueva era son los que logren tener ciencia y conocimiento de punta, capaces de enfrentar los desafíos de los tiempos complejos de hoy.
Chile tiene un claro potencial de liderazgo mundial por su afortunada geografía, con gran potencial también de generar energías limpias, reservas de minerales y un privilegiado acceso al océano. Esto permite potenciar el progreso del norte de nuestro país, a través de un virtuoso proceso de desarrollo tecnológico que irradie al resto del país con el hidrógeno verde, la energía termosolar y nuevas tecnologías para la desalación de agua de mar, a través de una minería seca que reduce drásticamente la producción de relaves.
Hace falta un deber político y moral mayor para proteger la ciencia chilena de intereses particulares y conflictos de interés. Si nuestro país quiere implementar una minería de alto estándar y disminuir sus impactos ambientales, la investigación y el desarrollo científico deben ser objetivos e independientes de los intereses económicos y políticos de turno. Solo así el Estado podrá garantizar que la ciencia esté al servicio del interés público, del desarrollo del país y no al servicio de unos pocos, a costa de la integridad ambiental y la estabilidad social de Chile.
Contamos, además, con capacidad de generar energías limpias y tenemos casi el 60% de las reservas mundiales de litio, mineral que puede generar baterías de alta capacidad para vehículos eléctricos y permite aleaciones livianas de aluminio-litio, entre otras innovaciones.
Consciente de esta oportunidad, la expresidenta Michelle Bachelet terminó con la negligencia del Estado respecto a nuestros salares y obligó a Soquimich a aportar cerca de $140 mil millones para crear un instituto diseñado para desarrollar minería de bajas emisiones, llamado Instituto de Tecnologías Limpias (ITL). La idea era, justamente, tener una mirada a largo plazo en que el Estado participa de las ventajas competitivas que tiene nuestro país por su geografía y recursos en el norte.
El cuestionable proceso de licitación del ITL revela la pobreza de la visión de desarrollo que tiene el Gobierno actual, toda vez que impide la posibilidad de generar capital humano y dejar capacidades instaladas en nuestras regiones.
En primer lugar, Corfo modificó el contrato con SQM para poder ampliar el destino de los fondos y hacer calzar la licitación con uno de los oferentes, por medio de una modificación de las bases. Todo esto, sin revisión alguna de Contraloría.
Corfo seleccionó la propuesta presentada por el consorcio extranjero liderado por Associated Universities Inc. (AUI), por encima de las universidades nacionales, que tienen mucha más trayectoria e investigación al respecto. AUI no cuenta con agendas de investigación propias significativas y menos en energías renovables y minería, más bien están orientados al área de la astronomía. Además, señalan que universidades como el MIT o Harvard son parte del proyecto, pero ninguna de ellas ha comprometido su participación.
Como si fuese poco, el consorcio de universidades extranjeras está asociado a universidades ideológicamente ligadas estrechamente a la UDI: la Universidad del Desarrollo (UDD) y la Universidad San Sebastián (USS), con mucha menos experiencia en estas materias. No es necesario indagar mucho en internet para observar cómo la gran masa crítica de investigaciones y publicaciones científicas se producen por las universidades del consorcio nacional, mientras que la UDD y la USS aparecen muy por debajo en los rankings, ocupando los lugares 20 y 22 a nivel nacional.
Es un contrasentido que Chile no pueda generar capacidades propias en áreas donde tenemos posibilidades de liderazgo mundial.
La situación es aún más grave si se considera que un grupo de senadores le pidió al director ejecutivo de Corfo postergar la decisión sobre la licitación, lo que no fue tomado en cuenta. Por último, cuando llegó el momento de tomar la decisión, muchos ministros manifestaron conflictos de interés y se inhabilitaron, dejando la decisión a ministros subrogantes que menos experiencia tienen en la materia y que dependen de sus superiores jerárquicos inhabilitados.
Los actos políticos no solo están sujetos a las leyes. El actuar político debe tener altura de miras y, por lo tanto, está sujeto a un escrutinio mayor. Cuando el director de Corfo no se planteó en su momento la irregularidad del proceso, parece desentenderse de su deber de máxima rigurosidad que exige el desempeño de su cargo, máxime si estudió en la UDD, la cual pertenece al consorcio que se adjudicó la licitación.
Lo mismo ocurrió hace poco con la recientemente creada Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), dependiente del Ministerio de Ciencia, la cual firmó un convenio con la compañía minera Anglo American por US$3,5 millones para financiar investigación científica en la montaña. Ello ocurre a la vez que la empresa aún tiene una causa pendiente con el Estado de Chile por daño ambiental irreparable, por escurrimiento de ácidos tóxicos a una vega de alta montaña, existiendo hasta hace poco incluso una visita en terreno del Primer Tribunal Ambiental por lo mismo.
Nadie puede creer que Anglo American desembolsará tal cantidad de dinero sin opinar, especialmente si tenemos en cuenta que incluso un Premio Nacional de Ciencias reconoció en noviembre de 2019 –en pleno estallido social–, públicamente y en video, que existe existe influencia indebida de los intereses económicos sobre el quehacer científico. Por lo demás, es un secreto a voces que existen consultoras ambientales que distorsionan información científica, para hacerla calzar con los intereses de sus clientes. Es justamente por ello que en el proyecto de Delito Ambiental hemos propuesto castigar dichas prácticas con penas de cárcel.
Además, este convenio con Anglo American se da al mismo tiempo que la ANID pone en duda la continuidad de los Fondos de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas Prioritarias (Fondap). Estos fondos son esenciales para el desarrollo del país. Han permitido, entre otros, la creación del Comité Científico COP25 y la elaboración de la Contribución Nacionalmente Determinada de Chile (NDC), en la que se involucraron directamente cinco proyectos Fondap y más de 600 científicos de todas las áreas del conocimiento. Nuevamente, este tipo de conducción política en materia de ciencias no es coherente con la necesidad de contar con independencia científica en las diversas áreas prioritarias para el país.
Hace falta un deber político y moral mayor para proteger la ciencia chilena de intereses particulares y conflictos de interés. Si nuestro país quiere implementar una minería de alto estándar y disminuir sus impactos ambientales, la investigación y el desarrollo científico deben ser objetivos e independientes de los intereses económicos y políticos de turno. Solo así el Estado podrá garantizar que la ciencia esté al servicio del interés público, del desarrollo del país y no al servicio de unos pocos, a costa de la integridad ambiental y la estabilidad social de Chile.
Es por esto que el Senado le ha pedido al Presidente, Sebastián Piñera, declarar desierto el proceso licitatorio, además de instruir una completa investigación destinada a clarificar las irregularidades y a sus responsables. Asimismo, es importante generar una revisión del panel de expertos neutrales, como piden los rectores de las universidades.
Esta situación es muy grave, porque sacrifica parte importante de nuestras posibilidades de acceder a un efectivo desarrollo sustentable. La ciencia es un patrimonio público, no lo olvidemos. El Gobierno no parece entender que con la ciencia no se juega, porque sin ella se pone en juego el tipo de desarrollo que requerimos para nuestro país.
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