Gobierno debe anular licitación del ITL y realizarla en condiciones de máxima transparencia

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El Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible critica la licitación del ITL, exige que ella sea anulada y señala que por tratarse de la decisión más relevante en la historia nacional, en términos de recursos y de institucionalidad, para la innovación y el desarrollo tecnológico, se justifica hacerlo en el marco de un debate nacional amplio e informado.

Esta declaración del Foro fue preparada por Jacqueline Saintard, economista, exsubsecretaria de Minería; Gonzalo Herrera, doctor en Sociología y exvicerrector de Investigación en la Universidad de Talca y Osvaldo Rosales, economista, magister en Economía y exdirector general de Relaciones Económicas Internacionales.

  1. Este 11 de enero, la CORFO anunció la adjudicación de la licitación abierta en octubre de 2019 para la creación del Instituto Chileno de Tecnologías Limpias (ITL). El propósito del ITL sería desarrollar actividades de investigación, desarrollo, tecnología e innovación en energía solar, minería sustentable, materiales avanzados de litio y otros minerales y desarrollo de tecnologías complementarias a la industria del litio en el desarrollo de baterías. Sobre la base de estas tecnologías Chile no sólo renovaría sus ventajas competitivas mineras sino que, además, lo haría en línea con las mejores prácticas ambientales, diversificando sus exportaciones de bienes y servicios hacia rubros de alto contenido tecnológico, en sectores claves en las próximas décadas.
  2. El objetivo del ITL era crear capacidad tecnológica nacional, en una alianza público-privada que involucraría a empresas mineras y a proveedores, generando demanda por investigación aplicada hacia nuestras universidades en industrias intensivas en cobre, materiales avanzados de litio, energías renovables y electromovilidad.  El ITL aparecía como gran oportunidad, para desarrollar liderazgo mundial en tecnologías de energías limpias para minería verde e hidrógeno verde. El ITL también podría proyectarse como eje activador de un emergente sistema nacional de innovación, que vinculase a empresas, universidades y centros tecnológicos, con un fuerte componente de desarrollo regional.
  3. La licitación fue adjudicada al consorcio estadounidense Associated Universities Inc. (AUI), en asociación con la Universidad de Utah y la Escuela de Minas de Colorado, además de las universidades locales U. del Desarrollo, San Sebastián, Autónoma y de Atacama. La AUI es una entidad creada en 1946 en EE.UU. para administrar instalaciones científicas de ese gobierno. Con el tiempo, AUI se especializó en la administración de infraestructura en astronomía. Entre sus capacidades no aparece la gestión de centros de investigación en minería ni en energía. Si bien las universidades de Harvard, MIT, Johns Hopkins y Yale, entre otras, contribuyeron a la creación de la AUI a mediados del siglo pasado, ninguna de ellas participa del proyecto ITL.
  4. Esta licitación recibió otras propuestas. Una de ellas fue la presentada por el consorcio Asociación para el Desarrollo del Instituto de Tecnologías Limpias (ASDIT), conformado por la corporación Alta Ley y las principales universidades de investigación chilenas: las universidades de Chile, Católica de Chile, de Concepción, Federico Santa María, USACH, de Antofagasta, de Atacama, Católica del Norte, de Tarapacá, de Talca y Católica de Valparaíso. Además, este consorcio incorporaba a la Asociación de Industriales de Antofagasta y a un importante conjunto de empresas y centros de investigación nacionales y europeos de los sectores minero y energético.
  5. El comité evaluador de esta licitación estuvo compuesto por cinco funcionarios del gobierno: tres de la CORFO, uno del Ministerio de Ciencias y uno del Ministerio de Economía, funcionarios con currículums insuficientes para la envergadura de esta operación. La evaluación contó con una asesoría experta de nivel internacional, que recomendó adjudicar el ITL al consorcio chileno ASDIT. El Consejo de la CORFO, sin embargo, desoyó esa recomendación y sesionando con mayoría de subrogantes, dados conflictos de interés de sus titulares, adjudicó la licitación a la propuesta estadounidense. Las razones que ha dado la CORFO para explicar esta decisión han sido cuestionadas por todas las universidades nacionales adscritas al ADSIT, por la Sociedad Nacional de Minería, por la Academia Chilena de Ciencias, por las universidades regionales e, incluso, por El Mercurio.
  6. Los rectores de nuestras principales universidades, sin excepción, denuncian opacidad e irregularidades en el proceso. Las universidades marginadas del proceso son exactamente las que poseen la masa crítica más relevante en las áreas del conocimiento involucradas. Al contrario, la academia no conoce de ventajas comparativas de las universidades locales de la AUI en estos temas. Sí se conocen los estrechos vínculos de ellas con autoridades del gobierno.
  7. Desde su inicio, este proceso muestra un marcado sesgo neoliberal, con desconfianza ideológica en la acción del Estado. Desafiando toda la evidencia internacional, la derecha no cree que el Estado tenga que jugar algún rol en el desarrollo industrial y tecnológico; se opone a cualquier esbozo de política industrial y, por ello, prefiere apoyarse en un consorcio internacional y en universidades locales que no tienen capacidad crítica en el tema.
  8. La evidencia internacional muestra que los países más avanzados desarrollan políticas públicas en ciencia, tecnología e Innovación, que no se agotan en la asignación de subsidios para compensar fallas de mercado ni en supervisar el adecuado uso de esos recursos. Son políticas que se estructuran en torno a “misiones” de largo plazo, fundadas en alianzas público-privadas que incluyen a los principales actores empresariales y académicos del país. Esto no es ideología y lo encontramos en Europa, Asia e, incluso, en varios rubros relevantes en Estados Unidos. En esta visión, el Estado actúa como conductor de este proceso y no como mero espectador o supervisor.
  9. Las lecciones que deja la pandemia en este campo son abrumadoras: excesiva dependencia de fuentes externas para enfrentar desafíos sanitarios, tecnológicos y productivos claves y, al mismo tiempo, una notable reacción de nuestras universidades, las cuales -pese a sus limitados recursos-  han podido aportar al control de la pandemia en trazabilidad, equipos mecánicos de respiración y análisis del genoma del coronavirus, entre otras contribuciones. La evidencia es clara: con transformaciones económicas cada vez más moldeadas por la dinámica tecnológica, la inversión en ciencia, tecnología e innovación es decisiva para crecer y, además, para hacerlo de un modo sostenible e inclusivo.
  10. La mayor asignación de recursos públicos que recuerde la historia nacional en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación, junto con la toma de decisiones sobre los mismos, es transferida por el gobierno a agentes privados y, en este caso, además extranjeros. Desde la creación de la CORFO en 1939 esta es la principal decisión de Chile en materia de ciencia, tecnología e innovación. Por tanto, se justifica el más amplio y documentado debate nacional al respecto.
  11. Tenemos la oportunidad de convertirnos en un referente mundial en tecnologías limpias aplicables a la minería y la energía, así como a los sectores económicos ligados. La decisión de CORFO le regala esta oportunidad a una entidad extranjera, sin experiencia en gestión tecnológica en estos rubros. Esto no sólo desconoce la capacidad de nuestra comunidad científica, sino que además desperdicia una oportunidad histórica para fortalecer nuestra capacidad de innovación, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos de clase mundial.
  12. Como Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible levantamos nuestra enérgica protesta por la forma en que se ha conducido este proceso y por los resultados del mismo. Exigimos anular la licitación. Demandamos que los actores relevantes del medio nacional participen en su ejecución y agreguen un fuerte componente de formación de capacidades nacionales en ciencia y tecnología minera y energética. Llamamos a que el Congreso cumpla su rol en esta importante decisión.

Santiago, 17 de enero de 2021

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