Profesionales de distintas disciplinas nos hemos organizado para contribuir a la formulación de propuestas orientadas a promover un desarrollo justo y sostenible. Para ello hemos constituido un Foro permanente.
La atención del Foro estará puesta en la economía con una mirada amplia, que integre la historia, el derecho, la sociología, la antropología, la ciencia política, la psicología social y se valga de los mejores instrumentos de las ciencias exactas. Nos proponemos enriquecer el debate recuperando la noción clásica de Economía Política y la idea de la economía como resultado de relaciones sociales que combinan el conflicto y la cooperación. La economía no se reduce solo a la competencia entre individuos racionales y egoístas. Somos partidarios de privilegiar la cooperación entre las personas, las empresas y el Estado en un marco de sólidos principios éticos y de criterios de estabilidad y solidaridad social.
Nos sentimos parte de una corriente de economía crítica que en muy diversos lugares del mundo desarrollado y en desarrollo brega por ampliar el debate poniendo el énfasis en la calidad del crecimiento, la distribución de los ingresos, la prospectiva estratégica del desarrollo económico, la sustentabilidad, la competencia y transparencia de los mercados, la democratización del emprendimiento, la recuperación del rol del Estado como garante principal del bien común. Se trata de una corriente hoy día en alza alimentada por contribuciones intelectuales muy destacadas, entre ellas las de varios Premios Nobel (Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Amartya Sen y otros), más pensadores como Thomas Picketty, David Harvey, Mariana Mazzucato, Noam Chomsky y otros en Latinoamérica y el mundo en desarrollo que buscan, desde diversas perspectivas, dar respuesta allí donde el neoliberalismo no ha sido capaz de generar un sistema económico y social que transforme en progreso real para la mayoría de la población las enormes potencialidades que ofrecen las nuevas tecnologías, la innovación y el pensamiento en diversos ámbitos del saber.
Postulamos un tipo de crecimiento económico que haga posible la expansión del empleo decente y la ampliación permanente de los derechos sociales, fundamento de una democracia sólida. Este crecimiento debe ser compatible con un medio ambiente sano, la sustentabilidad en el uso de los recursos naturales y la estabilidad de los ecosistemas. Asumimos el desafío de construir una economía que se base en la creación de valor y no en la apropiación privada de rentas. Debemos promover un desarrollo que supere las grandes diferencias materiales actuales, asegure la valorización plena del trabajo femenino y no su trato discriminatorio y promueva al mismo tiempo la descentralización y la regionalización.
Se debe trazar una frontera nítida entre una “economía de mercado” y una “sociedad de mercado”. La salud, la educación, la previsión social deben ser bienes sociales regidos principalmente por lógicas solidarias y no mercantiles como sucede en la actualidad en nuestro país.
Somos partidarios de una economía abierta al mundo, inserta activamente en las grandes cadenas de valor superando nuestra condición periférica. Para lograrlo, una economía pequeña como la nuestra debe necesariamente integrarse regionalmente con otros países de América Latina y garantizar en acuerdos comerciales internacionales, asegurando la autonomía en las decisiones de políticas públicas en los ámbitos de la macroeconomía, el desarrollo productivo, el financiamiento para el desarrollo, los ingresos fiscales y tributarios, el empleo decente y la ampliación de los derechos laborales, así como la protección de nuestro medio ambiente. El reimpulso de la integración de nuestro continente, en la actualidad peligrosamente debilitada, debe constituirse nuevamente en una preocupación prioritaria.
Discrepamos con fuerza del pensamiento único propuesto por la corriente neo liberal y su dominación actual, sin contrapesos, en la mayoría de los departamentos de economía de las universidades chilenas. Se debe promover el pluralismo académico en Economía y las ciencias sociales. No existen enfoques, recetas y modelos universales de cómo organizar un sistema económico valido en todo país y momento histórico. La aplicación mecánica de modelos económicos no funciona. La experiencia chilena y mundial así lo demuestra.
Una vez más, en el caso de Chile, el objetivo de alcanzar el desarrollo invocado una y otra vez por gobernantes de distinto signo político sigue siendo una meta esquiva. No ha sido por falta de esfuerzos o sacrificios por parte de millones de hombres y mujeres. Son, por el contrario, las políticas y las estructuras predominantes las que no lo han hecho posible. En las últimas décadas Chile ha progresado pero un número importante de desafíos permanecen pendientes. No nos hemos estancado. Más aún, en muchos aspectos hemos avanzado y somos un mejor país. El problema es que no hemos avanzado lo suficiente y la trayectoria actual de nuestra economía no apunta a un estadio superior. De mantenerse, las tendencias actuales conducen a perpetuarnos como país de ingresos medios, extremadamente desigual producto de la enorme concentración de la riqueza, con una especialización internacional precaria, poco innovador, con altos niveles de contaminación y sobreexplotación de los recursos naturales, población envejecida y débil protección social.
En días recientes la acumulación de tensiones sociales ha generado un estallido de grandes proporciones. Existe consenso en que se trata de la ola de protestas de mayor envergadura desde el inicio de la transición.
Se ha ido generando también un amplio acuerdo en cuanto a que la salida de esta crisis pasa por: una agenda social inmediata que responda a las urgencias (pensiones, salario mínimo, tarifas servicios públicos, precios medicamentos) y un Pacto Social que garantice nuevos derechos sociales refrendados en una Nueva Constitución. El nuevo texto constitucional debe depurarse de todas las restricciones que impone la actual Constitución a la puesta en práctica de una estrategia pos-neoliberal.
Una nueva Carta Magna debe garantizar un equilibrio entre nuevos derechos y no un privilegio unilateral a uno solo: el derecho de propiedad a la cual no se le asigna, en la práctica, ninguna función social. Debe, por ejemplo, establecer que una salud de calidad constituye un derecho garantizado. Debe asegurar el derecho a un trabajo decente, un avance civilizatorio fundamental. También es preciso también superar la condición subsidiaria del Estado, que, si bien no está expresamente mencionada, resulta de todas las cortapisas que la Constitución pone a su intervención.
Una estrategia como la que estamos proponiendo como Foro supone un Estado ágil, musculoso, con capacidad de anticipación y no un Estado subsidiario, lento y permanentemente atrasado en sus respuestas a los desafíos planteados.
Una Nueva Constitución debe garantizar también la propiedad pública plena de los recursos naturales, en particular los derechos de agua hoy día privatizados. Deberá también hacer posible un mayor equilibrio entre los poderes, limitando en algunos ámbitos la iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Asimismo, debe consagrar la existencia de una estructura administrativa descentralizada y regionalizada que supere una asfixia metropolitana altamente insuficiente y entregue a las regiones mayores capacidades para orientar su propio desarrollo.
El modelo de crecimiento vigente se está agotando. La desaceleración económica de los últimos años no es coyuntural, es estructural. Ella resulta de varios factores acumulativos: el estancamiento de las exportaciones, una baja tasa de inversión productiva, un patrón de especialización muy concentrado en la minería y los servicios que ha descuidado el sector industrial, un bajo gasto en innovación y desarrollo, un porcentaje modesto de inversión pública y otros factores. Nuestra canasta exportadora se basa, en gran medida, en recursos naturales con bajos niveles de procesamiento e incorporación de valor agregado. La sostenibilidad ambiental y de recursos de la actual matriz productiva está cada vez más cuestionada. El sector manufacturero como proporción del producto está un mínimo histórico desde la década de 1930.
Chile necesita recuperar dinamismo preservando la estabilidad macroeconómica. La experiencia histórica muestra que la responsabilidad fiscal, baja inflación y una balanza de pagos equilibrada son imprescindibles para crecer y avanzar hacia una transformación productiva. La macroeconomía para el desarrollo debe complementarse con políticas específicas de desarrollo productivo. Avalados por la experiencia internacional esto debe hacerse sin complejos. La diversificación productiva y la corrección de las grandes desigualdades no será el resultado de la libre operación de las fuerzas del mercado. Se requiere un Estado activo que vaya más allá de la subsidiaridad y que intervenga a través de una política de desarrollo productivo e industrial que genere empleo decente, ampliamente consensuada con los actores sociales y no impuesta burocráticamente desde el Estado.
El mundo sindical, hoy día marginado, debe ser parte de estas decisiones. Hay que abandonar los fetiches de la política industrial de los sesentas que imponía decisiones desde arriba y se reducía al ámbito manufacturero. Tenemos que dar un gran salto en innovación, elevando nuestro gasto en Ciencia y Tecnología. Hay que abrir un mayor espacio a las PYMES. Asimismo, tenemos que aprovechar más creativamente nuestras ventajas comparativas naturales. Las tecnologías de información, la biotecnología, la nanotecnología y otras corrientes de innovación deben combinarse para asegurar la transformación de nuestra matriz productiva en una más avanzada, más creativa y más innovadora, asegurando empleos decentes y consolidando los derechos sociales y la protección del medio ambiente.
