Eugenio Rivera: Tres concepciones de la democracia en el debate constitucional

Comparte este artículo

WhatsApp
Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
Email
Es necesario superar la contraposición entre una presunta democracia “real” que se construye en los barrios, en las empresas, en los territorios, y una democracia representativa, presuntamente solo “procedimental”, cuando en realidad configuran procesos que deben articularse y complementarse.

La nueva Constitución debe superar los problemas que la democracia representativa ha experimentado en los últimos 30 años, para permitir una creciente ampliación y profundización que apunta a generar un autogobierno ciudadano en que todos tienen un lugar y un protagonismo. Se trata de entender la imbricación virtuosa de la democracia participativa o directa y la democracia representativa y la necesidad de defenderlas contra los diversos tipos de autoritarismo. En la discusión constitucional esto se expresa en avanzar hacia un semipresidencialismo o parlamentarismo y mecanismos de decisión sobre las políticas públicas que no excluyan a la ciudadanía.

La revisión de las propuestas constitucionales de las listas de la oposición y las listas de independientes deja en evidencia una amplia coincidencia en torno a que la Nueva Constitución (NC) explicite y garantice los derechos económico-sociales y establezca un nuevo equilibro entre esos derechos y los derechos de propiedad y emprendimiento que privilegia la Constitución vigente. No obstante, esta fuerte preocupación por los derechos no tiene, como contrapartida clara, una igual preocupación por la organización del poder.

Más aún, en varias listas aparecen constituyentes (también en la Lista del Pueblo) que sin más expresan, por ejemplo, un apoyo al Banco Central Independiente, paradigma de un sistema político que blinda a las instituciones públicas frente a la incidencia e influencia ciudadana en las áreas principales de la política pública. La posibilidad de asegurar derechos sociales en el contexto de habilitación de la política que posibilitará la nueva Constitución, depende en buena medida de estructurar mecanismos de toma de decisiones consistente con la profundización y perfeccionamiento de la democracia representativa, la inserción de mecanismos de democracia directa y, más en general, canales de comunicación dinámicos entre la sociedad civil y el sistema político. 

Del mismo modo, pese al derrotero exitoso que representó la interacción entre la movilización popular y el sistema político luego de la movilización del 18-O, aparece como contrapartida una visión de la democracia que adjudica el fin de la Constitución del 80 a la rebelión popular, sin entender el rol jugado por el sistema político en canalizar esa energía hacia el plebiscito que sancionó formalmente el fin de dicha Constitución y estableció una Convención Constitucional paritaria (primera en el mundo) con escaños reservados a los pueblos originarios y que abre por primera vez en Chile la posibilidad de construir democráticamente la nueva Carta Magna. Esta falta de comprensión del proceso que vivimos deriva de la visión de sectores ortodoxos de la izquierda, en cuanto a que la democracia representativa es solo procedimental y sin contrapartida material. 

Ambas visiones hacen difícil resolver adecuadamente el desafío constitucional de avanzar hacia un sistema político más democrático y una sociedad más igualitaria y diversa. Se necesita, en consecuencia, una concepción de la democracia que supere estas visiones parciales.

La relación virtuosa entre movilización popular y sistema político democrático en la experiencia chilena reciente

El corsé de hierro con que la Constitución del 80 oprimió a la sociedad chilena y excluyó la expresión y la participación política de amplios sectores populares y que parecía imposible de abrir, fue abierto por la rebelión popular del 18-O. El sistema político, encerrado en sí mismo, no había sido ni era capaz de abrir la cerradura. La intervención de fuerzas desde fuera del sistema político no era algo inusitado ni extraordinario; el poder económico de una sociedad con una alta concentración del ingreso y de la propiedad, incidía permanentemente en las elecciones a través del financiamiento de las campañas, pero también, día a día, en el proceso legislativo (piénsese, por ejemplo, en la Ley de Pesca) y en la captura técnica (sin poder descartarse otros tipos de captura) de una serie de autoridades reguladoras que, en lugar de fiscalizar a las empresas y servir así el interés ciudadano, se constituían en los principales promotores del interés de esos empresarios.

Todo ha tenido como consecuencia una competencia de débil intensidad en la economía, servicios de calidad deficiente y altos precios –baste mencionar los precios de los medicamentos, de las autopistas, de los servicios de telecomunicaciones, electricidad y sanitarios, de la salud privada, y el caso de las AFP–. Las grandes ganancias han servido además para financiar gastos millonarios en la defensa del sistema neoliberal. Piénsese, por ejemplo, en el gasto publicitario de las AFP en contra de la reforma del sistema de pensiones.

El 18-O hizo posible el acuerdo del 15-N, en que el sistema político, con todos sus problemas, fue capaz de abrir un proceso constituyente que ha culminado en un plebiscito que permitió el triunfo de los partidarios de una NC y una CC paritaria y con escaños reservados para los pueblos originarios. El proceso, además, abrió la posibilidad de incidir en el sistema político a sectores hasta ese entonces excluidos y que tengan una participación significativa en la CC. El sistema democrático representativo, que había permanecido cerrado a la incidencia popular, enfrenta la posibilidad de una profunda reforma y, con ello, la posibilidad de dar un paso gigantesco hacia una mejor democracia, que incluye la propuesta de perfeccionar la democracia representativa y complementarla con formas de democracia directa.

Esta evolución no estaba en los análisis de aquellos que consideraron la rebelión del 18-O como una amenaza a la democracia y a la convivencia y que siempre han apostado a una democracia liberal profundamente desconfiada de la ciudadanía, ni tampoco de aquellos que siguen considerando el sistema democrático-representativo como democracia burguesa o procedimental.

La visión neoliberal de la democracia y la política pública

Para los primeros, la democracia está amenazada permanentemente por la participación ciudadana en la vida política y, por tanto, consideran indispensable establecer todo tipo de medidas que obstaculicen la incidencia real de las mayorías en la vida democrática y en la definición de las políticas públicas. Los grandes teóricos de esta visión son Hayek y los distintos exponentes de la teoría de la elección pública (public choice) que tanta influencia tuvieron en el orden constitucional pinochetista y en una cohorte de economistas que ignoran o eluden los ingredientes antidemocráticos de las teorías económicas asociadas con esta visión. Sobre esta base, se defiende la idea de la democracia limitada –por ejemplo, alto quórum que inhabilita la democracia o la idea de que las políticas públicas tienen que estar en manos de tecnócratas aislados de la política democrática, pues se trata de temas “demasiado complejos” para la ciudadanía–. Es así como, incluso, alguien con patente de economista progresista, como es Guillermo Larraín, ha sostenido recientemente:

«En los últimos días se ha planteado utilizar democracia directa durante el proceso constituyente. Se ha dicho, por ejemplo, que se podría consultar respecto de la autonomía del Banco Central. Es una mala idea. La fortaleza de los instrumentos de la democracia directa aparece cuando se trata de temas de contenido moral (matrimonio homosexual en Irlanda o uso de velo islámico en Suiza) o para aclarar preferencias ciudadanas (uso de pesticidas artificiales en Suiza). Si bien en este último caso hay componentes técnicos envueltos, son fácilmente medibles y socializables para que la ciudadanía se arme responsablemente una opinión. En el caso del Banco Central hay un componente técnico complejo que toma mucho tiempo entender. No se puede esperar que la ciudadanía se forme un juicio adecuado en plazos breves. De eso se trata la representación: que el representante analice temas complejos y vote en conciencia lo que cree que es mejor» (El Mercurio, 25 de mayo 2021, p. A.2).

No deja de llamar la atención que Larraín considere que es más sencillo resolver el tema del matrimonio igualitario que el relativo a la independencia del Banco Central. Los problemas filosóficos involucrados en el primero superan con creces los debates respecto del segundo. No toma en cuenta que, si la ciudadanía puede resolver los problemas “de contenido moral”, podría, entonces, resolver directamente si se incluye la pena de muerte en el Código Penal. Son no obstante muchos los que consideran que es justamente un tema que no cabría plebiscitar. Las decisiones sobre la política monetaria incluyen, sin duda, elementos técnicos, pero las consideraciones políticas respecto de los efectos distributivos y sobre su impacto en el desarrollo económico son igualmente fundamentales.

Más aún, a quién, si no a la ciudadanía, le corresponde determinar si quiere que el Banco Central tome por sí y ante sí sus decisiones; si sus consejeros deben o no ser responsables políticamente; si considera que debe incluir o no entre los objetivos de la institución los niveles de actividad; y si debe coordinarse o no con el Poder Ejecutivo. Se trata de decisiones políticas que, también, aluden a la visión de la democracia y, en tal sentido, tienen que ser tomadas por la ciudadanía. Tampoco se entiende que Larraín piense que el ciudadano es incapaz de reflexionar respecto a estos temas y, al mismo tiempo, afirme que sí tiene la capacidad para optar entre un representante que está a favor del Banco Central Independiente y otro que considera necesario limitar la autonomía de la institución.

La democracia representativa como meramente procedimental

Una segunda visión es la que entiende que la democracia representativa es simplemente un remedo de democracia, una democracia “procedimental” que impide la manifestación de la voluntad popular y constituye un simple disfraz de la dictadura de la burguesía. Esta visión ignora la larga lucha de los grupos subalternos por ampliar la democracia. Fueron el movimiento sindical, los partidos obreros, socialdemócratas y también partidos socialcristianos y las feministas de la primera ola los que en Chile y el mundo hicieron posible transitar desde la democracia como un club de los ricos y la oligarquía, donde solo unos pocos hombres tenían derecho a voto, a una democracia que incluye a todo(a)(e)s. Deriva además de una visión que considera que la política, el derecho y las visiones del mundo están determinadas mecánicamente o en “última instancia” por la economía. Producto de esta visión, se concibe a la democracia como falsa e inexistente mientras predominan relaciones de propiedad capitalista.

Como contrapartida, se considera que, apenas se modifiquen dichas relaciones de propiedad, se generará automáticamente un sistema democrático “verdadero”. Se pierden de vista los procesos de aprendizaje y de perfeccionamiento que caracterizan el desarrollo del derecho, de la democracia, de la cultura y de la ciencia. De esta visión se derivan las dificultades que la reflexión marxista occidental (para qué decir el marxismo leninismo) ha encontrado para pensar lo político y la democracia como componentes fundamentales de la lucha por un mejor autogobierno ciudadano y una sociedad más igualitaria. Esta perspectiva impide ver la productividad de la democracia representativa. Durante mucho tiempo, por ejemplo, consideraron que el llamado “Estado de bienestar” era un simple engaño de la burguesía.

Esta visión hoy está impidiendo visualizar el círculo virtuoso que se generó entre la movilización popular y el sistema político. La condena virulenta del acuerdo del 15-N por parte de algunos sectores se hace insostenible cuando constatamos que hizo posible un plebiscito en que el triunfo del Apruebo a una nueva Carta Fundamental terminó para siempre con la Constitución pinochetista, hizo posible instalar por primera vez en el mundo una constituyente paritaria y que, además, incluye a 17 constituyentes elegidos por los pueblos originarios. Y como si ello fuera poco, las elecciones del 15 y 16 de mayo han permitido la elección de más de 100 constituyentes independientes, de los cuales al menos entre 30 y 40 surgieron directamente de las movilizaciones iniciadas el 18-O. 

Una tercera visión de la democracia

Se hace necesaria una tercera visión de la democracia que busque superar las dos visiones anteriores, sobre la base de articular el mejoramiento de la democracia representativa con la permanente ampliación de los mecanismos de democracia directa y de deliberación ciudadana. La democracia representativa pudo en el pasado ampliar la participación ciudadana y el desarrollo del Estado de bienestar en muchos países. Hoy, la democracia representativa ha entrado en crisis, ha perdido dinamismo y capacidad transformadora, está expuesta a diversas amenazas –desde el poder económico, la concentración de los medios de comunicación, el populismo y el autoritarismo– y requiere, por tanto, perfeccionamientos sustanciales, sin los cuales enfrenta el riesgo de un grave retroceso. Ello, sin embargo, no basta. Requiere incorporar mecanismos de democracia directa –iniciativa popular de ley, plebiscito, participación en la toma de decisiones sobre políticas públicas–. No obstante, la democracia directa encuentra dificultades serias para construir procesos de decisión política.

Llega un momento en que los ejercicios de democracia directa se deben conectar con los procesos democráticos representativos, para proyectarse hacia las grandes decisiones políticas. Es exactamente esa complementación virtuosa lo que triunfó en las elecciones del 15 y 16 de mayo. Importantes sectores ciudadanos que se vincularon con la vida política en las luchas del 18-O o que venían impulsando movimientos contra las AFP, en defensa del medioambiente, las zonas de sacrificio y la naturaleza como sujeto de derecho, han alcanzado una posibilidad de incidencia global justamente al asociarse en un movimiento político como la Lista del Pueblo y las otras listas de independientes, y ser partícipes protagónicos de la Convención Constitucional y de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias.

Este protagonismo, en el marco de la democracia representativa, puede permitir un avance democrático sustantivo en la elaboración de una nueva Constitución y un salto en igualdad, al establecer los derechos sociales universales y garantizados. Ello debería proyectarse en un gobierno de izquierdas que tenga como tarea fundamental la implementación de la nueva Constitución.

En este contexto, en el debate constitucional es necesario superar ambas visiones limitadas de la democracia. En primer lugar, la visión de una democracia protegida de la ciudadanía que se expresa hoy en las posiciones que apuestan por un hiperpresidencialismo “atenuado”, pero hiperpresidencialismo al fin y al cabo; por un Congreso que, siendo la principal institución de la democracia representativa, sea entendido como simple buzón del Ejecutivo, al cual se le niega la iniciativa en materias económicas y sociales; y en un sistema de instituciones autónomas, donde tecnócratas independientes de la decisión ciudadana –no así de los intereses a los que, en lugar de regular y fiscalizar, sirven con ardor– definen por sí y ante sí qué le conviene a la ciudadanía. 

En segundo lugar, es necesario superar la contraposición entre una presunta democracia “real” que se construye en los barrios, en las empresas, en los territorios, y una democracia representativa, presuntamente solo “procedimental”, cuando en realidad configuran procesos que deben articularse y complementarse. La nueva Constitución debe superar los problemas que la democracia representativa ha experimentado en los últimos 30 años, para permitir una creciente ampliación y profundización que apunta a generar un autogobierno ciudadano en que todos tienen un lugar y un protagonismo.

Se trata de entender la imbricación virtuosa de la democracia participativa o directa y la democracia representativa y la necesidad de defenderlas contra los diversos tipos de autoritarismo. En la discusión constitucional esto se expresa en avanzar hacia un semipresidencialismo o parlamentarismo y mecanismos de decisión sobre las políticas públicas que no excluyan a la ciudadanía.

Contenido publicado en El Mostrador

Contenidos Relacionados

Foro por un Desarrollo Justo y Sustentable

Integramos una corriente de profesionales de la economía y las ciencias sociales que a nivel mundial privilegia la calidad del crecimiento, una distribución justa de los ingresos, la sustentabilidad, la competencia y la transparencia de los mercados.

Síguenos en Redes Sociales

Últimas publicaciones

Últimos Tweets

Contenido Audiovisual Reciente

Suscríbete a nuestro Newsletter