Eugenio Rivera: Retiro de fondos de pensiones e impasse constitucional.

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Luego de criticar fuertemente la reforma constitucional que autoriza un segundo retiro de los fondos de pensiones, el Gobierno ha presentado un proyecto que dispone algo muy similar a la iniciativa criticada pero que establece restricciones y condiciones al retiro para luego presentar un requerimiento de inconstitucionalidad del proyecto surgido en el Congreso.

El ya complejo conflicto político que vivimos se agudiza aún más pues se pretende que la Constitución del 80 siga regulando la vida política del país como si la ciudadanía no hubiese votado con una mayoría de 80%, su derogación. En tal sentido si bien es cierto, que la constitución del 80 es la norma vigente, el Gobierno debe aceptar la decisión del soberano y no recurrir a subterfugios para obstaculizar las transformaciones que demanda el país. El proyecto gubernamental que autoriza un segundo retiro y el requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) tendrán sólo como efecto una mayor polarización del país, un agravamiento de la falta de legitimidad del TC y una profundización de los problemas que genera el interregno entre la derogación de la Constitución del 80 en el plebiscito y la elaboración y aprobación de la Nueva Constitución. Para reducir la virulencia del conflicto político es ineludible que el gobierno deje de lado los subterfugios y trate de sintonizar con la ciudadanía.

El proyecto gubernamental que autoriza un segundo retiro y el requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) tendrán sólo como efecto una mayor polarización del país

El proyecto gubernamental sobre un segundo retiro de fondos se diferenciaba del proyecto en discusión en el Congreso en que reducía el monto máximo a retirar (de 4,3 millones a 2,8 millones), que más que un retiro constituía un auto préstamo que debería ser reintegrado mediante una cotización adicional a determinar por la Superintendencia de Pensiones, que podrían acceder afiliados con ingresos máximos de 2,9 millones de pesos y sería entregado en plazos mayores a los afiliados. El debate en el Congreso llevó a que se le introdujeran modificaciones al proyecto gubernamental de manera que se elevó el tope al monto a retirar; se eliminó la idea de que fuera un préstamo y se le dio carácter universal. En este contexto resultan confusas, en consecuencia, las razones del presidente Piñera para presentar un proyecto en lugar de negociar los contenidos de la iniciativa que se discutía en el parlamento. Pero, además, si se iba a terminar aprobando el proyecto del Congreso ¿por qué presentar el requerimiento al TC?

El debate en el Congreso llevó a que se le introdujeran modificaciones al proyecto gubernamental de manera que se elevó el tope al monto a retirar; se eliminó la idea de que fuera un préstamo y se le dio carácter universal.

Es probable que el gobierno al analizar la correlación de fuerzas en el Congreso haya concluido que la derrota del proyecto era inevitable y el requerimiento al TC podía limitar los efectos de una nueva derrota política del Gobierno. Se buscaba así centrar el debate en torno al, según el Gobierno, el “resquicio” que usaban los diputados de impulsar una reforma constitucional para eludir la norma constitucional según la cual en materia de seguridad social la iniciativa legal corresponde exclusivamente al presidente de la República. Dos son los problemas del requerimiento: primero que es contradictorio y confuso y segundo que pretende defender la actual constitución echando gasolina al fuego y poniendo al TC en una difícil situación.

Dos son los problemas del requerimiento: primero que es contradictorio y confuso y segundo que pretende defender la actual constitución echando gasolina al fuego y poniendo al TC en una difícil situación.

En relación con lo primero el requerimiento indica que serían inconstitucionales modificaciones transitorias que modifican implícitamente las disposiciones permanentes. Como señala Fernando Atria, esto no ha sido nunca parte del derecho chileno. Por otra parte, es contradictorio pues señala que el retiro, al modificar el derecho a seguridad social, no podría ser autorizado por ley, que es precisamente lo que hace el proyecto de retiro de fondos presentado por el gobierno. Finalmente se indica que el proyecto del congreso viola la iniciativa exclusiva del presidente, lo que es insostenible pues se trata de una reforma constitucional (https://www.latercera.com/opinion/noticia/y-al-final-hubo-requerimiento/RMZZMP5UXNGVFAG66NGXPRQ4JU/)

Finalmente se indica que el proyecto del congreso viola la iniciativa exclusiva del presidente, lo que es insostenible pues se trata de una reforma constitucional

Respecto de lo segundo cabe señalar que el gobierno se resiste a asimilar las consecuencias políticas del plebiscito del 25 de octubre. La ciudadanía fue categórica en su rechazo a la constitución del 80. El problema político institucional radica en que la constitución del 80 sigue vigente hasta que se apruebe la nueva constitución. Se trata en consecuencia de buscar mecanismos que aseguren que este impasse constitucional no se transforme en una fuente de problemas que agudicen los conflictos en marcha. Esto no parece ser entendido por la Administración.

 La pregunta de fondo es ¿cuáles son los problemas subyacentes que llevan al gobierno a desarrollar una política tan errática en este campo y que puede agravar el conflicto político?

El evidente grave impasse político que representaba el hecho que Chile Vamos y el propio gobierno estaban divididos respecto del proceso constituyente se quiso resolver con la idea de que para la derecha sería mucho más fácil ponerse de acuerdo, luego del plebiscito. Ello no solo no ha ocurrido, sino que los problemas tienden a agravarse. El problema de fondo es el conflicto entre dos sectores (a partir de los cuales se estructuran “matices” de diversa naturaleza) que por la falta de liderazgo presidencial no termina de resolverse. El primer sector de “los nostálgicos incurables” que probablemente encabeza Cristián Larroulet en el gobierno asume el rol de protector de los fundamentos del neoliberalismo heredado de la dictadura y quema los “últimos cartuchos” para proteger la herencia pinochetista. El otro sector encabezado por Desbordes entiende que es necesario la reconstrucción de la derecha para mantener vigencia en un escenario marcado por el colapso de la hegemonía neoliberal y la elaboración de una nueva constitución. El problema de este sector es que carece todavía de un relato, de un proyecto y de fuerza suficiente para imponer su hegemonía al sector encabezado por Larroulet.

“los nostálgicos incurables” que probablemente encabeza Cristián Larroulet en el gobierno asume el rol de protector de los fundamentos del neoliberalismo heredado de la dictadura y quema los “últimos cartuchos” para proteger la herencia pinochetista.

La línea política de los “nostálgicos incurables” se expresó en la reticencia del Gobierno para buscar una salida política a la crisis iniciada el 18.0, pues era plausible suponer que implicaría al menos un cambio de fondo en la constitución. Ello explica también, la tozudez con que se ha defendido el sistema AFPs que día a día pierde defensores. En octubre del 2018, el gobierno intentó impulsar una serie de reformas paramétricas (aumento de edad de jubilación, aumento de las cotizaciones y medidas poco sustantivas para incorporar mecanismos de solidaridad) que permitieran resolver algunos de los problemas del sistema de pensiones sin tocar los fundamentos del sistema de capitalización individual. Esta política que logró en algún momento arrastrar a la directiva DC y a algunos de sus diputados colapsó en el contexto de las movilizaciones del 18.O.

Ello explica también, la tozudez con que se ha defendido el sistema AFPs que día a día pierde defensores.

La falta de conducción en el gobierno que tuvo un momento particularmente grave luego del 18.O cuando el presidente de la República estuvo “consternado” durante varias semanas según contaba un reportaje de la Tercera y que se ha manifestado reiteradamente a lo largo de la pandemia, ha sido una característica permanente del panorama político en el último año. En el marco de la pandemia quedó en evidencia al no resolver la seria tensión entre acotar el gasto público (mediante débiles apoyos a los afectados por la crisis) y la aparición de crecientes señales en la oposición de que existía clara disposición a tomar iniciativas para ir en ayuda a la población violentando convicciones fuertemente asentadas en el sentido común del mundo político (“los recursos de los fondos de pensiones tienen como único fin el financiamiento de las pensiones”) y la búsqueda de mecanismos que respetando la letra de la constitución del 80 ponían en cuestión elementos fundamentales, como era la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en varias materias.

La presentación del primer proyecto de retiro de fondos a principios de abril debió haber representado una señal de alerta para el Gobierno. Primaron no obstante los objetivos de reducir al máximo el gasto público. De hecho, en el informe de Finanzas públicas de fines de abril del primer trimestre, la dirección de presupuesto informó que el enfrentamiento de la crisis se había hecho solo con base a reasignaciones presupuestarias. Influido probablemente por la subestimación por parte del Banco Central de la gravedad de la crisis, el gobierno supuso que con ayudas puntuales se resolvería el problema. Recién el 15 de junio se llegó a un acuerdo con parte de la oposición para subir el IFE a 100 mil pesos y extenderlo por 2 meses, destinando a ello nuevos recursos. El acuerdo alcanzado con ex funcionarios de Hacienda del gobierno de Bachelet II (que comparten en lo fundamental la preminencia de la contención del endeudamiento en la política fiscal) era insuficiente y dejaba, además, fuera a los grupos medios.

El segundo error radicaba en no entender la grave crisis de legitimidad del sistema privado de pensiones.

El diagnóstico del Gobierno que estaba a la base de esta política incurría en tres errores graves. El primero era suponer que comprometer a economistas de la oposición implicaba comprometer a los parlamentarios de la oposición. Se perdía así de vista la ya clara ruptura entre los economistas de la ex concertación y nueva mayoría que habían sido determinantes en las decisiones de política pública en las últimas décadas y la ciudadanía que había dejado clara su percepción sobre las políticas de los últimos años. Esta situación estaba siendo percibida de forma cada vez más clara por los parlamentarios de la oposición. El segundo error radicaba en no entender la grave crisis de legitimidad del sistema privado de pensiones. El primer retiro fue una respuesta a la precariedad que afecta a amplios sectores de la población; pero fue también una señal de la ciudadanía de que el sistema privado de pensiones no daba para más como columna vertebral del sistema de seguridad social. El tercer error asociado al anterior era no darse cuenta de que para un número creciente de parlamentarios de la coalición de gobierno el sistema de AFPs era un salvavida de fierro para la sobrevivencia de la derecha. De esta forma, el gobierno de Piñera con su política no solo abrió el camino para terminar con la Constitución del 80 sino que además al priorizar la contención de la deuda, está creando las condiciones para terminar el sistema de AFPs.

El tercer error asociado al anterior era no darse cuenta de que para un número creciente de parlamentarios de la coalición de gobierno el sistema de AFPs era un salvavida de fierro para la sobrevivencia de la derecha.

Es indispensable en consecuencia que el gobierno asimile las coordenadas fundamentales de la actual situación política. Ella está definida por una derrota estratégica de la derecha; por el rechazo de la Constitución del 80 por parte de la ciudadanía y por la exigencia de ir resolviendo el grave impasse que determina el funcionamiento del sistema político: una constitución que ha perdido toda legitimidad y otra que todavía no existe. No resulta compatible con la normalización de la vida política recurrir a subterfugios para evitar los cambios que exige la ciudadanía. En tal sentido, la aprobación del retiro de fondos debería ser seguido por una rápida aprobación de la propuesta de la oposición de reforma de pensiones.

No resulta compatible con la normalización de la vida política recurrir a subterfugios para evitar los cambios que exige la ciudadanía. En tal sentido, la aprobación del retiro de fondos debería ser seguido por una rápida aprobación de la propuesta de la oposición de reforma de pensiones.

Por Eugenio Rivera,
Fundación Chile 21 y Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible

Contenido publicado en La Mirada Semanal

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