La Cuenta Pública (CC) identifica 3 problemas urgentes: la pandemia, la recesión económica mundial y la recuperación de la economía. En relación con lo primero, es indispensable tener en cuenta que la suerte de la lucha contra la pandemia es el elemento determinante para definir la naturaleza y oportunidad para aplicar las medidas de reactivación. La Cuenta Pública deja en evidencia que el Gobierno opera a ciegas, pues, más allá del «Programa Paso a Paso», no entrega un diagnóstico respecto del período en que la contención de la pandemia seguirá siendo la tarea prioritaria.
Pese a que, según Piñera, la recesión económica mundial es un problema urgente, la CC le dedica un pequeño párrafo. Resulta claro que se incluye solo para decir que la recesión ha afectado a todo el mundo y que, por tanto, no hay responsabilidad del Gobierno de Chile involucrada. De esta forma, se elude un análisis de los errores cometidos y las consecuencias en términos de vida y penurias de las familias y pymes chilenas.
Aunque no lo mencionó en la presentación oral, en la CC el Presidente Piñera pide disculpas a los afectados. Lamentablemente, no hace un análisis de los errores y sus consecuencias, de manera que su Gobierno no los vuelva a cometer. Se alegra, por ejemplo, por la aprobación de la Ley de Protección de la Clase Media, que crea un bono de $ 500 mil por una vez y un préstamo “solidario”, cuando existe amplio consenso en que, por el alto endeudamiento, ello no constituye solución alguna.
Es claro que no se han sacado las lecciones, si se considera que justamente la insuficiencia de esta iniciativa legal llevó, entre otras cosas, a que el Congreso aprobara la reforma constitucional que permite el retiro de hasta el 10% de los fondos de pensiones.
El programa de reactivación denominado “Plan Chile se recupera” contempla las siguientes medidas:
-Un programa de subsidios al empleo, que podría beneficiar hasta 1 millón de personas, con un costo estimado en US$ 2.000 millones.
-Un Plan de inversiones públicas en infraestructura física, social y digital “con prioridad en campos” como ciudad y vivienda (que permitiría 47 mil soluciones habitacionales y 100 mil subsidios de arriendo), carreteras y caminos, puertos y aeropuertos, agua potable, riego y embalses, hospitales y consultorios, establecimientos educacionales, transporte público, parques y centros deportivos y culturales, redes digitales a nivel nacional e internacional e inversiones regionales y comunales de mejoramiento urbano y de barrios. Este “plan de inversiones” se desarrollará en el período 2020-2022, con un costo total para el período de US$ 34 mil millones.
-Apoyo a las pymes a través de los programas Fogape, Crece y Reactívate.
-Incentivos tributarios a la inversión privada y agilización de 130 proyectos de inversión privada que involucrarían US$ 21 mil millones de dólares. Como siempre, el “Plan” incluye un programa especial de simplificación de trámites.
¿Constituye esta política un real plan de reactivación?
No constituye un plan de reactivación, pues no especifica objetivos, no diferencia las distintas etapas que debe transitar el plan, plazos, obras ni los criterios a utilizar para seleccionar los proyectos. Es un mero listado de lo que hace normalmente el Estado. A cinco meses de iniciada la crisis de la pandemia, el Gobierno debería tener un real plan que especificara el tipo de obras, la periodización de su implementación y su localización.
Existen estudios que demuestran que los planes de subsidio al empleo no son eficaces, sino que constituyen un subsidio para la contratación de trabajadores que igual habrían sido contratados, orientado, principalmente, a las grandes empresas. Nada se dice, en cambio, de reponer los recursos que las municipalidades han perdido por la postergación del pago de varios tributos, lo cual sí podría redundar en programas locales de empleo de alta efectividad.
En lo referido a las pymes, el “Plan” hace caso omiso de lo señalado por Swett, respecto a que han quebrado 150 mil pymes formales y más de 300 mil microempresas informales, que no califican para los programas de apoyo a pymes indicados. ¿Puede un programa de reactivación ignorar esta grave situación?
Aunque no lo dice, el componente “incentivos tributarios y agilización de 130 proyectos de inversión” es el eje estructurante del “Plan”, está orientado a las grandes empresas y grandes proyectos de inversión. Prevé la aplicación de la depreciación instantánea, beneficios para la inversión en intangibles, los cuales aun cuando se presentan como orientados a las pymes, solo pueden ser aprovechados por las grandes empresas, intensivas en capital. Incluye también la eliminación del impuesto de 1% de beneficio regional a los grandes proyectos de inversión. Se trata, en definitiva, de una transferencia de ingresos cuantiosos a un puñado de grandes empresas con efecto reactivador nulo. Resulta problemático además, pues, en el contexto de este Gobierno, «agilización de trámites» significa hacer la vista gorda respecto de los impactos medioambientales y sobre las comunidades afectadas.
En suma, el “Plan” carece de un diagnóstico que dé cuenta de su relación con el control de la pandemia y delinee desde el punto de partida. Tampoco define objetivos, plazos, criterios, ni especifica las obras que constituirían el plan de reactivación. Una vez más el Gobierno improvisa y entrega titulares sin contenido, todo lo cual redunda en que, más que plan, estemos frente a una operación comunicacional.
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