SEÑOR DIRECTOR
Para enfrentar la crisis económica producto de la crisis sanitaria el presidente Piñera ha presentado el proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia, que es un subsidio focalizado a los hogares más vulnerables. Este anuncio, sumado a los anteriores en materia económica se traducirían en un gasto fiscal de un 6% del PIB.
Aparecen dos preguntas de interés en un contexto catalogado como la peor crisis sanitaria y económica de los últimos 100 años. ¿Es suficiente un gasto fiscal de un 6% del PIB? ¿Seguimos teniendo un enfoque de focalización en la asignación de estos recursos, o avanzamos hacia una política universal de protección a los trabajadores precarizados que no poseen ingresos de capital?
Para responder la segunda pregunta es imprescindible contestar la primera.
Un 6% del PIB para la financiación de la crisis es insuficiente puesto que el país cuenta con los recursos financieros para hacer frente. Como Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible hemos enfatizado la necesidad de reasignar los US$6.000 millones del Fondo Estratégico Militar – Ley Reservada del Cobre; hacer uso de los US$23.000 millones de fondos soberanos (9% PIB); incluso el Estado de Chile tiene ventaja de seguir aumentando su deuda pública (32,7% PIB) en comparación a sus pares de la OCDE.
Un gasto fiscal de un 6% del PIB dista de la política fiscal agresiva y de carácter keynesiano que han definido sus pares en Europa y América Latina: Italia, España y Perú tendrán un gasto fiscal comprometido que supera los 55%, 25% y 15% de sus respectivos productos internos brutos.
Contestada la primera pregunta, la segunda ya no es una definición técnica: es ética y política.
María José Becerra Moro
Economista LSE e investigadora Clacso
Contenido publicado en: La Tercera
