El sistema de pensiones que necesitamos en Chile

El sistema de capitalización individual instalado en dictadura ha fracasado rotundamente en la provisión de pensiones que permitan a los adultos mayores e inválidos satisfacer dignamente los gastos propios de la vejez y llevar una vida decente.

Es particularmente dramático el caso de las mujeres, pues el sistema tiene reglas que discriminan con base en género y las perjudica más allá de las desventajas laborales y culturales.

La tendencia de los resultados del sistema apunta irreversiblemente a un angustioso empeoramiento de la situación de los trabajadores en el tránsito a la vida pasiva. Es un asunto de la mayor responsabilidad evitar a nuestros adultos mayores la indignidad de esta tragedia.

Es indispensable retirar las lógicas de mercado del sistema de pensiones y avanzar decididamente hacia un sistema de seguridad social solidario y tripartito, con equidad de género, que sustituya la capitalización individual. Meros cambios paramétricos a este esquema no son suficientes.

Se requiere una profunda reforma estructural para acercarnos a un sistema que cumpla con:

• Entregar pensiones dignas que garanticen a los adultos mayores no caer en la pobreza y proteger los ingresos laborales ante invalidez.
• Dar certeza a toda categoría de trabajadores respecto de sus derechos de pensión.
• Contar con sostenibilidad financiera en el largo plazo.

Saludamos a la Convención Constituyente por rescatar los principios de la seguridad social en su texto aprobado en el Pleno, que obligan a Chile a reconocer el derecho de toda persona a la seguridad social. Ese texto determina la esencia del diseño institucional del nuevo sistema.

Con base en los principios rectores enunciados por el citado texto, proponemos las siguientes características principales para un sistema público moderno, solidario, de capitalización colectiva con reservas técnicas y de beneficios definidos:

a) Estructura del nuevo Sistema: estará conformado por los siguientes 3 pilares:

• Pilar 1: No contributivo, financiado con fondos generales del tesoro público.
• Pilar 2: Contributivo Obligatorio, financiado con aportes de trabajadores y empleadores.
• Pilar 3: Contributivo Voluntario, financiado con aportes individuales o colectivos.

b) Prestaciones: Las Prestaciones principales del nuevo sistema entregarán certezas a los trabajadores respecto de sus derechos de pensión a base de beneficios definidos:

• Pensión Básica Universal (PBU) de monto fijo no contributiva del Pilar 1 para el 100% de los ciudadanos chilenos y de los extranjeros avecindados en Chile, sujeta a requisitos de acceso.
• Pensión Laboral Contributiva (PLC) del Pilar 2 con una tasa de reemplazo para toda categoría de trabajadores del sistema, basada en criterios de solidaridad intra e inter generacional, en el esfuerzo contributivo y en los demás factores que incluya un diseño de cuentas nocionales.
• Pensión Voluntaria Autofinanciada (PVA) del Pilar 3, individual o colectiva, que permita una mayor suavidad en el tránsito de los niveles de consumo desde la condición activa a la pasiva.

c) Financiamiento: La distribución funcional del ingreso y el bajo nivel de los salarios no sustentan financiar el Pilar 2 sólo con base en el ahorro de los trabajadores. Por ello proponemos:

• Un Pilar Contributivo Obligatorio financiado por trabajadores y empleadores en un marco de mayor equilibrio, tendiendo a una relación de 40/60 similar a la situación en la OECD.
• Una Contribución Objetivo de largo plazo de 20% a alcanzar gradualmente en 10 años.
• Una reducción gradual de la actual tasa de cotización de los trabajadores en armonía con una evolución creciente del aporte del empleador.
• El Pilar Contributivo Voluntario se financiará con recursos libremente aportados por trabajadores individuales, cualquiera sea su condición contractual, con aportes colectivos acordados formalmente entre empleador y sindicato, y con aportes de planes colectivos subsidiados para empresas de menor tamaño.
• El Pilar No Contributivo será financiado con cargo a fondos generales.

d) La institucionalidad del nuevo sistema de seguridad social y su organización funcional se conformará de:

• Una agencia pública como ente rector del nuevo sistema a cargo de:
  • la evaluación periódica de la sostenibilidad financiera y actuarial de largo plazo del sistema y de la adecuación de sus parámetros clave, considerando:
    • Tasas de contribución, edades de retiro, objetivos de tasas de reemplazo y reservas técnicas;
    • Variables demográficas y de salubridad.
    • Diseño de beneficios definidos y sus requisitos de acceso, y
    • Esquema de cuentas nocionales.
  • la administración y operación de cuentas centralizada para:
    • llevar el control y gestión de los registros individuales y de los derechos de pensión, y
    • delegar las funciones que estime conveniente.
• Una Superintendencia de Pensiones y Seguridad Social a cargo de su supervisión.
• Un órgano consultivo integrado por representantes de trabajadores y pensionados que asegure la participación ciudadana.

e) Consideramos indispensable reorientar la Gestión de las Inversiones financiadas con los fondos de los trabajadores. Proponemos constituir una Comisión de Inversiones, integrada por miembros no remunerados e independientes de la industria financiera, con las siguientes funciones:

• dictar una nueva normativa cuyos objetivos serán:
  • la seguridad y rentabilidad de los fondos;
  • el balance de plazos entre activos y obligaciones;
  • el respeto a los criterios ESG;
  • el desarrollo inclusivo y sostenible, y
  • la creación de empleo decente según los define la OIT.
• definir los criterios de elegibilidad y los límites por instrumento y emisor en el marco de los límites estructurales que establezca el Banco Central.
• proponer al ente rector distintos tipos de fondos, sean de estrategia pasiva, de estrategia activa y de proyectos estratégicos de desarrollo.

Resumen elaborado para ser presentado en el Proceso de Diálogo Social para una Reforma en el sistema de Pensiones. Santiago, Mayo de 2022.

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