El Gobierno debería adoptar seis medidas básicas para superar la triple crisis que afrontaremos este año

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En 2021 nos enfrentamos a la continuidad de la mayor crisis social y económica desde el retorno a la democracia, manifiesta en una declaración pública el Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible.

En los ámbitos sanitario, económico y social

El Gobierno debería adoptar seis medidas básicas para superar la triple crisis que afrontaremos este año.

En 2021 nos enfrentamos a la continuidad de la mayor crisis social y económica desde el retorno a la democracia, manifiesta en una declaración pública el Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible.

Este año enfrentamos una crisis sanitaria, económica y social tanto o más compleja que la vivida en 2020, pues no se vislumbran el fin de la pandemia, ni alivio al drama social que viven millones de compatriotas ni una oportuna y suficiente reacción del gobierno, en particular del ministro de Hacienda.

En circunstancias que ahora la pandemia es simultánea en todo en todo el territorio, el personal de salud se encuentra agotado y el sector privado no está dispuesto a seguir colaborando en la misma medida, como lo demuestra la demanda de la clínica Las Condes. Se suma la pérdida de credibilidad del gobierno y los mensajes contradictorios en la información referente a la pandemia, lo que ha producido desorientación y actitudes irresponsables en la población.

En 2021 nos enfrentamos a la continuidad de la mayor crisis social y económica desde el retorno a la democracia.

La recuperación económica no llegó a fines de 2020 como pregonaba el gobierno y estimamos que la caída del PIB fue cercana al 7%. De no haber sido por los retiros de fondos de pensiones, la caída habría sido cercana al 10%, uno de los peores resultados en la región, pese a tener el mayor espacio fiscal, no solamente entre las economías de América Latina, sino que también en la OECD.

Dado el fallo del Tribunal Constitucional que impide nuevos retiros de fondos desde las AFP y, por lo tanto, recurrir a los ahorros de los trabajadores para impulsar la recuperación, solo queda que el gobierno asuma su responsabilidad.

La mantención de la actual política de Hacienda amenaza el crecimiento proyectado de 4% a 4,5% para este año, lo que solo sería una recuperación respecto a la caída del año pasado. De seguir esta tendencia, recién el 2022 se retomará el nivel del PIB de 2019. Por lo tanto, en los próximos meses se mantendrán altos niveles de desempleo y difíciles condiciones de supervivencia para las familias afectadas. De los 2.700.000 empleos perdidos como consecuencia de la pandemia, más de 2 millones siguen sin recuperarse. La mayor parte de las fuentes laborales generadas en este tiempo son además informales. Se proyecta que el primer trimestre de 2021 también el PIB muestre una variación negativa.

Estimamos que esta triple crisis debe ser enfrentada por el gobierno, de manera urgente y con los recursos necesarios. El Estado puede adquirir deuda, pues cuenta con el espacio fiscal que se lo permite, para financiar –a lo menos- las siguientes medidas básicas:

  1. Se requiere una estrategia sanitaria diseñada e implementada en conjunto con el Colegio Médico, la asociación de municipios y un consejo de exministros para fortalecer el proceso Testeos Masivos, Trazabilidad y Aislamiento (TTA) en un clima de unidad nacional, destinando muchos más recursos a la atención primaria, básicamente administrada por los municipios.

La negativa a entender la importancia del proceso de TTA ha agravado los efectos de la pandemia y nos sitúa en una perspectiva de mayor riesgo para este año.

Aun cuando la disposición de vacunas es muy importante, no tendrá efecto social o sanitario antes de fin de año, en el mejor de los casos. El deterioro en la salud mental de toda la población producto de la pandemia, en particular de aquellas personas que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad y situaciones más complejas, requiere también una atención urgente a nivel municipal y ello no se está abordando.

  • Otorgar un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) digno a todas las familias que lo requieren durante la duración de la crisis, que sea equivalente a la línea de la pobreza de las familias, utilizando la información disponible en el SII y en el Registro Social de Hogares.
  • Mejorar las políticas de educación y provisionar los recursos necesarios para su llegada equitativa a toda la población estudiantil.

Se debe implementar una estrategia educacional que asegure recursos para atender los efectos de la pandemia en la escolaridad, lo que implica acceso a computadores y a redes de internet de manera equitativa a toda la población estudiantil, así como el desarrollo de propuestas curriculares de calidad, para enfrentar una situación de emergencia como la presente.

  • Impulsar un programa de inversión del Estado en obras de infraestructura, estratégicas desde la perspectiva social y ambiental e intensivo en empleo.
  • Otorgar las facilidades crediticias y subsidios a las empresas de menor tamaño, cuyos mercados y cadenas de pago se han visto limitados por los efectos de la pandemia.
  • Revisar el currículo de la educación técnica y las orientaciones del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), para generar las capacidades laborales que se requerirán en el escenario pospandemia y que se deben ir generando en este período.

Santiago, 24 de enero de 2021

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