El Presidente consideró oportuno hacerse presente de alguna manera en el proceso constituyente y publicó un “Decálogo” que, a decir de El Mercurio, “busca resaltar los principios básicos de una Carta Magna en un Estado democrático”. Pero este decálogo tiene al menos tres incongruencias.
La primera de ellas es que ignora la Constitución porque todas las fuerzas políticas la modificaron estableciendo cuatro normas básicas (no principios) que deberá tener la nueva Constitución si es que se da inicio a ese proceso con el triunfo del “apruebo”.
Esas disposiciones que deberá contener la futura Constitución son que Chile es una república, que es democrática, que mantiene la vigencia de los tratados internacionales (asume los avances en materia de derechos humanos y honra los compromisos de todo orden que obligan a Chile ante la comunidad internacional y ante otros Estados) y que respetará las sentencias judiciales (garantiza la independencia del Poder Judicial).
Esas son las normas básicas, acordadas por todos los sectores políticos, sobre las cuales deberá escribirse una nueva Constitución. A final de cuentas la hoja no está tan en blanco.
La segunda es que repite disposiciones de la actual Constitución sin modificación alguna. Por ejemplo, “la educación deberá ser obligatoria y
financiada por un sistema gratuito hasta la educación media”. Eso está tal cual en la Constitución actual. En agosto pasado celebramos el centenario de la Ley de Educación Primaria Obligatoria y desde entonces ese derecho/deber de los padres y esa obligación del Estado (gratuidad) existe en Chile. Por una reforma constitucional del año 2003 se amplió esa obligatoriedad a la educación media. ¿Cuál es la novedad entonces?. Ninguna.
La tercera es que algunos principios del decálogo contradicen sus propias decisiones como en el punto 10. sobre Descentralización. Nuevamente repite artículos que tiene la Constitución actual pero avanza en decir que “debemos consagrar constitucionalmente y en forma mucho más efectiva una real distribución de potestades locales, regionales y nacionales, decisiones políticas, administrativas y fiscales”. Buen punto, solo que su
gobierno ha ido en el sentido exactamente contrario.
Veamos, en el gobierno Bachelet 2 se aprobaron la reforma constitucional de elección de gobernadores regionales y la ley de fortalecimiento de los gobiernos regionales, GOREs. Entre las nuevas competencias de los GOREs está elaborar y aprobar el Plan Regional de Ordenamiento Territorial; pues bien, para que los GOREs asuman esa competencia debe contarse previamente con una Política Nacional de Ordenamiento Territorial y con
un Reglamento de Procedimiento para Elaborar el Plan Regional.
El primer documento quedó ingresado a la Contraloría a fines del gobierno anterior. ¿Qué sucedió? El Presidente Piñera ordenó el retiro de ese documento desde la Contraloría y hasta el día de hoy, transcurridos dos años y medio de gobierno, no tenemos ni Política Nacional ni Reglamento.
Otro ejemplo, la transferencia de competencias a los GOREs todavía no se aplica. Pero la guinda de la torta es que el Presidente y Chile Vamos han hecho varios intentos por postergar la elección de gobernadores regionales prevista para el 21 de abril de 2021 y ¿cuál es el argumento que esgrimen?: que los gobernadores regionales van a tener pocas facultades.
Afortunadamente algunos parlamentarios de su coalición han rechazado esta idea. Por ello el Decálogo se parece más a un “defendamos con dientes y muelas esto” como si alguien tratara de dar vuelta atrás en la educación básica y media obligatoria; cual Quijote el Presidente lucha contra molinos de viento. Este es el problema de la derecha, se enfrenta a imaginarios que están solo en sus mentes alentando temores infundados. Cero propuestas nuevas que respondan a las demandadas ciudadanas y de un Chile que ha
cambiado desde 1980.
Contenido publicado en Diario El Informador
