Economistas de la ex Concertación llaman a que salud privada «quede bajo administración del sector público» por Covid-19

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El "Foro para un desarrollo justo y sostenible" se plegó además a la solicitud de decretar cuarentena plena, "al menos en las regiones más afectadas".

El expresidente del Banco Central Roberto Zahler, el exministro de Economía Carlos Ominami, el economista Ricardo Ffrench-Davis, el exsenador PS Jaime Gazmuri, además de otras figuras como la abojada Jimena Orrego o la economista María José Becerra crearon el año pasado el «Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible».

El grupo coordinado por Álvaro Díaz, exsubsecretario de Economía, busca generar un espacio de debate sobre las políticas publicas.

Y hace pocos días se pronunció sobre la emergencia del coronavirus, proponiendo una serie de medidas económicas y sociales.

«Si bien valoramos la dictación del decreto de Estado de Catástrofe, esperamos que se concentre exclusivamente en el control de la epidemia. Sin embargo, instamos al Gobierno a asumir como propias las recomendaciones del Colegio Médico y de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Por ello creemos que debe avanzarse hacia una cuarentena plena, al menos en las regiones más afectadas. Es evidente el costo económico que implica, pero no hay opción si lo que deseamos es aplanar la curva de incidencia del virus y evitar el colapso del sistema de salud», señalan.

Más adelante, plantean como iniciativas que «la salud privada, clínicas y laboratorios deben quedar bajo la administración del sector público. Resulta insólito que el Estado pague a privados para atender durante la emergencia».

Respecto de medidas económicas plantean que «es inaceptable ir en ayuda de grandes empresas tipo Latam. La prioridad deben ser las pequeñas y medianas empresas. Para ello recomendamos postergar pago de contribuciones, de impuestos, patentes comerciales y permisos de circulación, sin acumular intereses. Del mismo modo, líneas de crédito sin intereses a las actividades de turismo y pequeño comercio».

Paralelamente, piden «incorporar al Código del Trabajo una cláusula transitoria que impida durante 90 días invocar como causal de despido caso fortuito, fuerza mayor o necesidades de la empresa».

A ello agregan que es preciso asegurar un ingreo a quienes deban permanecer en sus casa. «Como en general son las mujeres las que estarán a cargo de sus hijos y/o familiares, incorporar el enfoque de género en las medidas laborales, dado que serán las que cargarán con el peso de la pandemia», dice el documento.

Contenido publicado en: Emol

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