Diego Portales:¿Quién tiene miedo a los gobernadores regionales?

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El 30 de septiembre han quedado inscritas las listas de precandidatos a las primarias para elegir los candidatos que competirán al nuevo cargo de Gobernador Regional.

Este simple hecho administrativo pone fin a más de dos años de esfuerzos por posponer o anular la elección, contra lo que mandatan la Constitución y las leyes. Ha sido una lucha silenciosa porque no existían argumentos socialmente legitimados para defender públicamente el intento. Aquí describimos las últimas iniciativas y los inicios de una nueva estrategia que busca desperfilar y reducir el poder de la autoridad democráticamente electa. ¿Por qué este cambio ha generado tanta resistencia? ¿Quién tiene miedo a los gobernadores regionales?

  1. La lucha por los espacios: una anécdota reveladora

Valdivia. Plaza de la República. Edificio del Gobierno Regional. En el quinto piso, ventanas de la extrema izquierda, oficinas del Intendente Regional, jefe del servicio.

¿Quién se quedará en esa oficina? Según nos informan, funcionarios del Ministerio del Interior de Santiago han comunicado que a partir de junio de 2021 allí se instalará el Delegado Presidencial; el jefe del servicio deberá ocupar unas dependencias menores en el cuarto piso.

El 90% de los funcionarios que allí laboran dependerán del Gobernador Regional. Sólo el 10% restante cumplen funciones de “Interior” y estarán subordinados al Delegado Presidencial. El resto del personal dedicado al orden público está en la calle Picarte, un moderno edificio donde actualmente opera la “Gobernación Provincial”.

El símbolo del poder regional pretende ser ocupado por el poder central. ¿Qué se busca con esta intervención? ¿se pretende que la nueva institucionalidad regional pase desapercibida? ¿o se intenta que el Gobernador o Gobernadora Regional asuma su cargo sicológicamente disminuido/a?

Lo que aparenta fortaleza es la expresión del miedo. Autoridades que creen dirigir bien un país porque imparten órdenes. No han aprendido a escuchar a la sociedad. No conocen los atributos del liderazgo. No son capaces de pensar en términos colaborativos.

2. Mareas, marejadas y marejadillas.

En materia política, la que trata sobre los asuntos del poder, no puede esperarse la calma absoluta. Cualquier cambio provoca movimientos, como las aguas del mar sometidas a las fuerzas gravitacionales. Mucho menos si se trata de reformas que modifican formas culturales establecidas por más de dos siglos.

Nadie que se proponga descentralizar el Estado chileno puede esperar que todo transcurrirá en una taza de leche. Como las mareas, el movimiento de las olas, siempre debemos esperar un estado líquido que requiere estar alertas. Pero, 2020 no solo ha sido el año de las crisis sociales y sanitarias, también ha sido el de las olas que presionan por la postergación o la supresión de la elección de gobernadores regionales. Grandes marejadas el primer semestre. Marejadillas en el segundo.

Nadie que se proponga descentralizar el Estado chileno puede esperar que todo transcurrirá en una taza de leche.

En la primera parte del año el movimiento de diversos actores ha puesto en acción vientos de postergación de todo el proceso de descentralización.

Ya en enero algunos alcaldes metropolitanos reclamaban los presupuestos de la elección de gobernadores para incrementar el Fondo Común Municipal (¿por qué exactamente esos recursos?), mientras la SUBDERE señalaba que la fecha de la elección no estaba en duda.

En marzo, con la aparición del Covid 19 y el acuerdo transversal para la postergación de todo el calendario electoral, un grupo de parlamentarios oficialistas puso en peligro todo el entramado cuestionando sólo la fecha de la elección de gobernadores; la emergencia sanitaria obligó a importantes dirigentes del gobierno a deshacer el entuerto.

En abril, el ministro del Interior insinuó que sería conveniente racionalizar el calendario, otra vez apuntando al mismo objetivo.

En mayo, el senador Jaime Quintana (el mismo que se hizo famoso con la tesis de la retroexcavadora) propuso la suspensión indefinida de la elección.

El semestre culminó con una contundente declaración, firmada por más de 80 senadores y diputados de todo el espectro político, que rechazaba las maniobras al respecto. Se pensó que esa declaración era contundente, que no estaban los votos para seguir perdiendo el tiempo en esas siembras.

No fue así. En agosto, la prensa informó que el presidente le había encargado al ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg la búsqueda de acuerdos para intentar la mentada postergación. La tarea fue divulgada en la prensa capitalina y rápidamente cundió la respuesta regionalista. 19 senadores se comprometieron públicamente a rechazar la iniciativa. Ya lo habían hecho 67 diputados en junio. El Parlamento impidió la consumación de lo que quería el gobierno.

el presidente le había encargado al ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg la búsqueda de acuerdos para intentar la mentada postergación.

Ante el temor de un nuevo fracaso legislativo (después del retiro del 10% de los fondos de las AFP) se delegó la tarea en los parlamentarios. El senador designado Claudio Alvarado quedó a cargo, y consiguió el patrocinio de otros 2 senadores, uno de ellos el opositor Quintana. Si fracasaran, pensaron, no cargarían con el costo. Acertaron.

El asunto parece haber estado entre las prioridades políticas personales del presidente. A menos de un mes de dar el inicio al proceso (Inscripción de los precandidatos que buscan participar en primarias) todavía se elaboraban estrategias y se buscaban apoyos. Todo un signo de los tiempos que corren en la política nacional.

¿No debieran todos estos actores priorizar la difusión entre los ciudadanos del sentido del mandato constitucional y legal del fortalecimiento de la regionalización, en vez de insistir como monos porfiados en esas iniciativas?

¿No debieran todos estos actores priorizar la difusión entre los ciudadanos del sentido del mandato constitucional y legal del fortalecimiento de la regionalización, en vez de insistir como monos porfiados en esas iniciativas?

Después de tantas maniobras queda clara la importancia del asunto.

El fin de los intendentes designados es la ruptura del cordón umbilical que hace depender absolutamente a los territorios del centro del poder.

El Intendente es el eslabón principal del centralismo. No solo está a cargo del orden público, también es el jefe directo del servicio público “gobierno regional”, designa a los directores de división y todo el personal operativo depende de él. Las decisiones del Consejo Regional, órgano autónomo electo por la ciudadanía, pasan por sus manos.

Elegir al gobernador regional es, ni más ni menos, que constituir un sujeto político autónomo a nivel intermedio. Eso causa el horror del centralismo.

Elegir al gobernador regional es, ni más ni menos, que constituir un sujeto político autónomo a nivel intermedio. Eso causa el horror del centralismo.

La próxima elección inicia un cambio de la estructura del Estado. Desde el centralismo uniforme con sus políticas estandarizadas a la diversidad. El proceso será gradual, pero no tiene retorno. Por cierto, como cualquier recién nacido, tiene que aprender muchas cosas y seguirá dependiendo de las reglas que les fijen los progenitores. Pero, tal como sucede en la biología, también en la política el retoño irá creciendo, aprendiendo, haciéndose cargo de su propio destino.

tal como sucede en la biología, también en la política el retoño irá creciendo, aprendiendo, haciéndose cargo de su propio destino.

La relación Nación, Región, Localidad seguirá formando una unidad de sentido. Pero, ahora será una unidad en la diversidad. Una diversidad que permitirá descubrir las capacidades propias, potenciar las experiencias y desarrollar sus propios proyectos.

La elección de los gobernadores regionales, el mismo día de los constituyentes del 21, será todo un signo de los tiempos. Ya no se podrá pensar en volver atrás. La profundización de la democracia chilena, el desarrollo equitativo y sustentable tendrá que hacerse con la participación de todos los ciudadanos en todos los territorios.

La elección de los gobernadores regionales, el mismo día de los constituyentes del 21, será todo un signo de los tiempos.

3. Las barajas del naipe.

En torno al 30 de septiembre el Ejecutivo comenzó a descongelar reglamentos y proyectos de ley. Parece que estaban ahí a la espera del resultado de las gestiones que hemos descrito en el párrafo anterior y que resultaron infructuosas.

En particular, llama la atención que dos proyectos de Ley, largamente comprometidos, fueron enviados en esa fecha: el 29 de septiembre ingresó al Senado la llamada “Ley Corta” que aclara aspectos del sistema de traspaso de competencias a los gobiernos regionales y el 30 de septiembre fue enviada a la misma cámara la Ley de Financiamiento Regional.

La Ley Corta recoge las conclusiones del trabajo de la Mesa convocada por el gobierno, la cual entregó su Informe Final el 18 de octubre de 2019. Aclara aspectos no explicitados en la ley 21.074. Entre ellos destacamos la calidad del gobernador regional como jefe de los servicios públicos descentralizados, el rol de la Unidad de Control que velará por la legalidad de los actos informando al Consejo Regional y la definición que cualquier revocación de traspasos de competencias deberá hacerse por ley. Quedan dudas sobre el alcance del concepto de “competencia” definido en el proyecto de ley (importante señalar que el Ministerio de Obras Públicas se negó a traspasar programas de su cartera argumentando que esos no correspondían a competencias).

Sin embargo, hay aspectos que se mantienen en una visión centralista unilateral: el proyecto establece un sistema de evaluación del funcionamiento por parte del gobierno central (SUBDERE) que claramente mantiene un nivel de tutela administrativa innecesaria. Por otra parte, el procedimiento de traspaso establece un “silencio administrativo negativo”, esto es si el gobierno central no responde a la petición de los gobiernos regionales en un plazo de 6 meses, la solicitud se entenderá rechazada; cualquier rechazo sin fundamentos será una fuente de conflictos. Por último, la resolución de controversias en manos de la persona del Contralor General de la República parece entregar una sobrecarga administrativa altamente centralizada y burocrática; algunos expertos sostienen que sería mejor una instancia colectiva o un tipo de tribunales contencioso administrativo. El Parlamento tendrá que discutir, corregir y mejorar este proyecto de ley.

En cuanto al proyecto de ley de financiamiento regional no se avanza hacia un auténtico sistema descentralizado con la potencialidad de definir rentas regionales y flexibilizar niveles razonables de endeudamiento para desarrollar proyectos de inversión rentables.

En sus aspectos positivos podemos señalar la participación del gobierno regional en la definición del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) y los conceptos presentes en la creación de los Fondos de Equidad Interregional y de Contingencia Regional. Se indica que el primero de ellos tendrá asignaciones que responden a criterios de distribución objetivos no discrecionales. También señala modalidades de transparencia y rendición de cuentas que son importantes para el avance del proceso.

Sin embargo, predomina un enfoque de tutela del gobierno central a través de controles burocráticos de SUBDERE y DIPRES, así como un rol destacado del delegado presidencial en materia de coordinación lo que agrega problemas al reconocimiento de la máxima autoridad regional.

predomina un enfoque de tutela del gobierno central a través de controles burocráticos de SUBDERE y DIPRES, así como un rol destacado del delegado presidencial en materia de coordinación lo que agrega problemas al reconocimiento de la máxima autoridad regional.

La voluntad política del actual gobierno queda manifiesta en la desconsideración de los gobiernos regionales y locales como actores relevantes en el proceso de reactivación post pandemia. De acuerdo con las informaciones de la DIPRES el Fondo Nacional de Desarrollo Regional tendría una reducción de 2,9% en el Presupuesto 2021 y las transferencias a los GORES caerían en un 4,4%. Ambas cifras muestran que la opción no es potenciar a los gobiernos regionales durante este gobierno lo que contradice la frase que pronunciara Sebastián Piñera el 11 de marzo de 2018 en su discurso cuando asumió el mando de la Nación.

Habrá que esperar la instalación de los gobernadores regionales en sus cargos para que junto a los alcaldes puedan plantear un efectivo avance del proceso de descentralización y así contribuir efectivamente a un auténtico desarrollo territorial del país.

Habrá que esperar la instalación de los gobernadores regionales en sus cargos para que junto a los alcaldes puedan plantear un efectivo avance del proceso de descentralización y así contribuir efectivamente a un auténtico desarrollo territorial del país.

Contenido publicado en La Mirada Semanal

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