Diego Portales: Lugar para el optimismo. Cerca de la casa “de todas y todos”

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En medio de los discursos mediáticos y atizado por muchos despropósitos que surgen de aquí y de allá pareciera una ingenuidad mayúscula decir que la Convención Constituyente se está acercando a la construcción de la casa de todas y todos.

Desde la primera reunión comenzó el ruido. Entre manifestantes extemporáneos y exigencias desmedidas fue necesaria la emergencia de la abogada Valladares con un liderazgo breve y apaciguador que fraguó la calma para permitir una elección inusitada. La primera asamblea constituyente democrática de Chile quedó presidida por Elisa Loncón, una mujer mapuche con todos sus atuendos, su hablar bilingüe y su tono diferente que sorprendió al país.

Mucha agua ha pasado bajo los puentes. Otra mujer preside hoy la Convención, secundada por un médico de provincias que declara con orgullo su condición sexual. Desde la pretensión de convertir a Chile una república de los soviets, hasta los exabruptos racistas, xenófobos y amenazantes de personajes de una elite que se siente atropellada; todo parecería llevar el proyecto al descalabro.

Sin embargo, hay una corriente subterránea que parece predominar. Una corriente que se afirma en esa notable exigencia inicial para que los textos se aprueben por los 2/3 de los convencionales. Y, entonces las propuestas descomedidas reciben el rechazo y se exige más realismo y moderación. No es un texto perfecto, habrá mucho que armonizar, evitar tanta reiteración paritaria, plurinacional, regional, autónoma, ecológica y tanto la y el que, a mi juicio, lleva a un cierto barroquismo literario.

Lo anterior podrá hacerse afirmando sin ambigüedades las metas sociales de la equidad de género, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, la imperiosa necesidad de la descentralización, el respeto por las atribuciones de cada institución y nivel del Estado y la inclaudicable lucha por la defensa del futuro del planeta sin lo cual lo que se acuerde no durará mucho; todas ésas son obligaciones básicas para llegar a la “casa de todas y todos”.

La construcción de la voluntad colectiva

Construir lo que el jurista argentino Roberto Gargarella popularizó como la “sala de máquinas” de una Constitución es la tarea más difícil. Combinar la capacidad del Estado -gobiernos, cámaras parlamentarias, justicia y otros poderes autónomos- para permitir el logro de objetivos socialmente deseados respetando la diversidad de opiniones y proyectos es el gran desafío.

La democracia es el juego de mayorías y minorías. La construcción de mayorías es la principal tarea para el buen gobierno. Hoy vivimos tiempos de fragmentación, el individualismo campea por doquier, y vivir en sociedad exige reconocer la necesidad del respeto al orden social.

Como dijera Benito Juárez“Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.

La sociedad moderna ha generalizado el concepto y la práctica que la construcción de la voluntad colectiva se hace a través de la voluntaria asociación a partidos políticos. Es cierto que en el Chile de hoy estas instituciones están afectadas por una crisis de legitimidad producto de experiencias clientelares abusivas y pérdida de los discursos integradores. Pero, no se ha inventado nada equivalente en su reemplazo.

Es un grave error pensar que movimientos sociales particularistas, legítimos en sus reivindicaciones propias, pero carentes de visiones integradoras, puedan reemplazarlos o convertirse en instituciones equivalentes.

Peor aún, la pretendida consagración de los “independientes” como sustituto eficaz de los partidos en la construcción de voluntad colectiva es una falacia. Significa desconocer que la creación de confianzas y la obtención de legitimidad es un proceso largo que requiere no solo la elaboración de un discurso y una propuesta de sociedad, sino la prueba de la verdad de su coherencia y validación social. Una asociación temporal de individuos en una lista a cargos de representación popular no puede tener la solidez mínima necesaria para conducir un país hacia objetivos socialmente deseables.

El texto constitucional debiera reconocer el rol exclusivo de los partidos políticos en esta materia, sin perjuicio de la potestad de integración a ellos de personas independientes bajo su responsabilidad.

Al mismo tiempo, la nueva Constitución debiera introducir altos estándares éticos y normas claras de acceso, derechos de pertenencia, transparencia en los nombramientos de autoridades y en la toma de decisiones internas, cumplimiento de la disciplina interna, financiamiento público y probidad en el uso de los recursos y rendición de cuentas a los militantes y al país. Todos estos principios están en la base de la recuperación de la credibilidad y la legitimidad social de los partidos.

Los sistemas políticos con partidos fuertes y de mayor legitimidad social son aquellos que alcanzan metas más altas de cohesión y logros políticos y económicos más amplios y permanentes.

La necesidad de compartir poder

La construcción de voluntad colectiva no puede hacerse desde la imposición unilateral de una persona, una institución (por legítimo que sea su origen), o un partido por mayoritaria que alcance su aprobación ciudadana en una elección. Es necesario el contrapeso institucional y social en un sistema que haga efectiva la diversidad de miradas; esto es, la voluntad colectiva no anula la diversidad y la necesidad de compartir poder.

Uno de los ejes principales de un sistema institucional de poder compartido es lo que hemos llamado “Descentralización con Participación” (ver documento del Grupo de los 23 en www.chiledescentralizado.cl).

En esta línea la Convención Constitucional ha avanzado de manera significativa en el conjunto de artículos aprobado desde la Comisión Forma de Estado y solo queda abrochar su vínculo estrecho con las normas próximas a aprobar desde la Comisión Sistema Político.

La legitimidad del nuevo sistema político se jugará mucho en los niveles de la participación social. Hay un conjunto de normas que las favorecen, pero aquí lo más importante es crear instituciones y procedimientos permanentes de participación. Y ello exigirá mucha descentralización. Hacer obligatorio y potenciar el funcionamiento de los consejos de la sociedad civil en todos los niveles, generar mecanismos de consulta para definir visiones estratégicas, prioridades de inversión y presupuestos participativos. Afianzar la normativa que exige una rendición de cuentas efectiva con capacidad de interpelación desde las estructuras de participación ciudadana.

Pero, compartir el poder no es algo que solo daba ocurrir en los territorios. Es fundamental que el poder central sea compartido. Las normas de equidad de género y cupos de representación de los pueblos originarios que cumplan con el principio de una persona un voto están en esa línea.

Queda por completar el asunto de la representación territorial en el nivel central. Una sociedad con alta concentración demográfica determina que el principio de una persona un voto haga desaparecer de la representación los intereses de las zonas menos pobladas. Si la Región Metropolitana tiene 80 veces más representantes que la Región de Aysén ¿Cuándo esta última podrá colocar sus temas en la agenda?

Por eso ha sido importante superar la visión centralista del Congreso Unicameral y que se haya aprobado la llamada “Cámara de las Regiones” (hubiera sido preferible denominarla Cámara de los Territorios para incluir lo regional y lo local). Resta aprobar el conjunto de sus atribuciones y así permitir que el conjunto sea equilibrado en pesos y contrapesos.

Falta poco tiempo, pero el optimismo es otro ingrediente intransable.

Contenido publicado en La Mirada Semanal

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