Esta realidad reconoce múltiples causas, muchas de ellas estructurales: bajos sueldos, empleos precarios, prestaciones sociales insuficientes, entre otras. Sin embargo, lo que no se dice, es que parte de este problema es una injusta distribución de los costos asociados a las operaciones de crédito.
Aunque los beneficios son compartidos entre el acreedor y el deudor, son estos últimos quienes asumen los costos asociados a las operaciones de crédito.
En el caso de los seguros, le permiten a la entidad crediticia disminuir el riesgo de prestar dinero, y así aumentar su cartera de clientes. Y luego, si se verifica el siniestro, les permite pagarse de la contingencia que afectó a su deudor sin mayores trámites, y quizá hasta “repactarles” la deuda cómodamente sin reportar pérdidas. No ocurre lo mismo con el deudor que carga con el costo total de los seguros. Lo deseable es que si tanto el deudor como el acreedor se benefician por un servicio (seguro), ambas partes deben compartir el costo.
La Cámara de Diputados aprobó transversalmente una serie de indicaciones a los proyectos de ley N° 18.045 y 18.046 que proponen mejores regulaciones en materia de operaciones de crédito y algunas disposiciones que regulan el mercado de seguros asociados a dichas operaciones. Ahora estos proyectos de ley se tramitan en la Comisión de Hacienda del Senado, donde se discuten nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes en los mercados.
Estas indicaciones buscan modernizar nuestro sistema financiero; hacerlo más transparente, coherente con sus normas, sustentable, alineando incentivos para el sistema bancario, con condiciones adecuadas y justas para el cliente bancario.
En particular, uno de los aspectos en discusión propone que las entidades crediticias compartan parte del costo de las operaciones de crédito mediante el pago de la mitad de la prima de los seguros asociados a ellas, pues quien participa de los beneficios también debiese hacerse cargo de los costos. Más aún, esta medida pone en línea los incentivos del sistema bancario con el riesgo de sus clientes, disminuyendo efectos indeseados de aumentar el crédito de forma desmedida, cargando el riesgo a los seguros.
El texto aprobado por la Cámara incluye también la creación de un sistema automático – y en línea – de consulta de seguros, que permitirá a los consumidores conocer cuántos seguros de vida y generales tienen y evitar contratar más de los necesarios. Esta modificación es muy relevante para la construcción de un Registro Único de Seguros, administrado por la CMF. Esto es relativamente expedito y es fundamental para la transparencia y mayor información a los clientes y deudores.
Adicionalmente y como tercer elemento, la devolución de primas cuando se renegocian créditos o se prepaga alguno de ellos, debería ser abonada directamente por la Compañía o el intermediario, al medio de pago del deudor.
Un cuarto elemento relevante propone limitar el interés que las instituciones cobran cuando las personas se atrasan en el pago de los créditos (interés moratorio). Hoy, salvo contados casos, opera la máxima convencional. Se propone que se aplique un interés promedio, (interés corriente).
Estas medidas son un avance y llamamos a tomar con cautela las prevenciones expresadas por Bancos, Cajas de Compensación, Compañías de Seguros, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Casas Comerciales, entre otros.
Como Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible valoramos estas iniciativas en la dirección de modernizar, robustecer, transparentar y hacer más justo y coherente el sistema crediticio chileno.
