Día a día la ciudadanía y por cierto los funcionarios/as cuestionan severamente las decisiones que adopta la máxima autoridad de nuestro servicio en favor de grandes empresas, las cuales no se apegan a la ley ni a las normas internas, mucho menos al sentido común, deteriorando sistemáticamente los cimientos de la función pública, tales como:
- Aceptación de millonarios gastos utilizados en la defensa de Penta y sus dueños por delito tributario. ¿También se les aceptará a Corpesca, y a las demás empresas que cometieron delito?
- Oficios “a la medida” para que, por ejemplo, la empresa que originó el proyecto Pascua Lama pueda recuperar más de 440 millones de Dólares.
- Contratación a inicios de este año como Director de Grandes Contribuyentes a un asesor tributario, quien ha sido fuertemente cuestionado por sus evidentes conflictos de interés y su “forma de dirigir” casos bajo su responsabilidad.
- Desestimación de querella contra Carlos Heller por operación del Grupo Bethia para obtener devolución de $2.744 millones que no correspondía, quien además compró la participación de LATAM al Presidente Piñera el año 2010.
Lamentablemente, este es un atisbo de un largo listado de situaciones vergonzosas, que se amplió con el veredicto del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que en el caso Corpesca y el financiamiento ilegal de la política no pudo emitir sanción por delito tributario contra la Ex-diputada Marta Isasi, pues el Director del SII decidió no querellarse.
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