Las grandes movilizaciones sociales que arrancaron el histórico 18 de octubre están abriendo paso a lo que parecía imposible: dotar a Chile por primera vez en su historia de una Constitución emanada de la soberanía popular. Este gran triunfo que es preciso asegurar, es sin embargo incompleto. El avance en el campo político institucional debe ser complementado con un acuerdo social de la misma envergadura. Chile debe y puede dar un salto cualitativo en materia de protección social. Constituye una completa anormalidad que un país con el grado de desarrollo del nuestro reproduzca tan grandes desigualdades, mantenga carencias tan evidentes en materia de salarios, pensiones, acceso a una salud de calidad, apoyo a miles de jóvenes que no estudian ni trabajan, servicios e infraestructura de calidad en las comunas pobres al tiempo que permite abusos graves en mercados tan esenciales como el de los medicamentos, por parte de empresas que disponen de un poder monopólico.
Chile necesita una Nueva Constitución que establezca las bases de un nuevo Pacto Social hoy inexistente. Entre otras disposiciones, este debe garantizar derechos sociales básicos en áreas decisivas como: salud, previsión social, relaciones laborales, servicios públicos, igualdad de trato laboral entre hombres y mujeres y protección de los consumidores.
La Asamblea Constituyente debe ser el espacio en donde debatir sobre la extensión de estos derechos y generar las mayorías necesarias para hacerlos realidad. Falta sin embargo todavía mucho para ello. Recién hacia finales del 2021 o principios del 2022 Chile podrá disponer de una Nueva Constitución. Los trabajadores y el pueblo de Chile deben ser la prioridad. El Gobierno debe concordar con la dirigencia social y política una agenda de ejecución inmediata. No hay ninguna razón política ni menos moral para no atender reivindicaciones que se vienen postergando por décadas, ni tampoco respuestas a cuenta gotas, como las que se han propuesto hasta ahora. En tiempos de hegemonía neoliberal la mantención de los equilibrios macroeconómicos fue el argumento que se opuso para cerrar el paso a demandas justas y posibles de ser satisfechas. Este argumento se utilizó muchas veces de manera indebida. Esto no puede seguir ocurriendo.
La gravedad de la situación actual exige poner por delante la defensa de nuestra democracia que tanto costó recuperar. Pero, el regreso a una nueva normalidad y el fin de la violencia pasan necesariamente por atender reclamos históricos. Los trabajadores y el pueblo de Chile a través de sus organizaciones y hoy mediante el Bloque Sindical de Unidad Social han elaborado una propuesta que debe ser atendida.
En lo inmediato, es necesario:
• un aumento sustantivo del salario mínimo,
• generar programas masivos de reincorporación de los jóvenes a los sistemas de educación y capacitación laboral, crear nuevos espacios culturales y condonar deudas educacionales,
• establecer programas de empleo productivos que permitan enfrentar el aumento en el desempleo coyuntural que se pronostica (una línea importante es un programa de reconstrucción de la infraestructura dañada),
• Adaptar el Pilar Solidario para que todos superen rápidamente la línea de la pobreza, con la perspectiva de universalizar esta prestación.
• generar las condiciones para que los trabajadores puedan financiar una pensión superior al salario mínimo.
• revisar sistemas de tarifas de servicios públicos y concesiones,
• asegurar un precio justo para los medicamentos y otros productos y servicios básicos,
• racionalizar los subsidios al sistema de transporte público
• garantizar equidad territorial mediante cambios estructurales y un aumento sustantivo del aporte estatal a los municipios
Para poder avanzar decididamente por este camino es indispensable recuperar la capacidad de crecimiento de la economía. El crecimiento, al generar mayores ingresos para todos y, en particular aumentar los ingresos fiscales, permite financiar de manera sostenible mayores niveles de inversión pública y mejores niveles de prestaciones sociales, al tiempo que hace más llevadero para las familias enfrentar sus necesidades de consumo sin tener que acudir a crecientes niveles de endeudamiento. Para ello se requiere de una nueva estrategia de desarrollo que permita la diversificación de nuestra estructura productiva. Nuestro Foro se ha creado justamente para impulsar esta nueva estrategia.
Nosotros, desde este Foro, queremos aportar desde el ámbito que nos es propio: estimar con rigurosidad cuáles son los márgenes de maniobra de los cuales dispone la economía chilena para solventar nuevas demandas sin correr el riesgo de una deriva inflacionaria y/o de desequilibrios de las cuentas externas que terminen haciendo sal y agua las conquistas obtenidas.
Fuentes de financiamiento
Una agenda social contundente como la que se necesita requiere fuentes de financiamiento macizas para hacerla sostenible en el tiempo y evitar desequilibrios fiscales y financieros. Gastos permanentes requieren de ingresos permanentes.
Chile no puede pretender financiar un sistema de protección social correspondiente a nuestro nivel de desarrollo con una carga tributaria de poco más de 20% del PIB.
Medidas a lo largo de los próximos años
Es indispensable considerar una reforma a nuestro sistema tributario que en el plazo de 5 años eleve la carga tributaria en unos 5 puntos del PIB, que estará todavía 9 puntos por debajo del promedio
OCDE (34%). En el largo plazo, en la medida que el consenso social y político lo permita, debemos tender hacia una carga tributaria de 30 puntos del PIB (ver apéndice gráfico 1).
Este Pacto Fiscal debe considerar la completa desintegración del sistema tributario, exceptuando a las MIPYME, de forma que las grandes empresas paguen sus impuestos por las utilidades obtenidas y las personas paguen los suyos sobre las rentas que perciben sin créditos por lo ya pagado por las empresas. Esta es la práctica en la gran mayoría de los países del mundo y era el sistema que operaba en Chile hasta 1984. Además, se debe reducir drásticamente el sistema de tributación por renta presunta, así como muchas de las exenciones tributarias que benefician principalmente a los ingresos de capital —que casi en su totalidad perciben las personas de más altos ingresos— y que hoy representan 2,88% del PIB, según datos proporcionados por la Dirección de Presupuesto- DIPRES.
En esta línea, también es necesario considerar la introducción de nuevos tramos de impuestos al global complementario. El gobierno ha propuesto un tramo de 40% para las personas cuyos ingresos superen los $15 millones mensuales. Proponemos que la tasa de 40% se aplique a partir de los $12 millones y que se cree una tasa de 50% para los ingresos que superen los $16 millones. Esto en adición al impuesto propuesto por el gobierno a las personas y empresas que tengan propiedades cuyo avalúo fiscal total exceda $400 millones.
Esta combinación de desintegración, reducción de exenciones y nuevos tramos para los altos ingresos, junto a la aplicación rigurosa de la cláusula anti elusión de la ley de rentas es la base de una nueva estructura tributaria capaz de sustentar un Pacto Social que garantice efectiva cohesión social.
Procesos de este tipo han tenido lugar en países hoy día plenamente desarrollados como Australia y España (ver apéndice Cuadro 1). Además, tendría la ventaja de mejorar la distribución del ingreso después de impuestos con relación a la situación antes de impuestos, lo que no hace el sistema tributario actual (ver apéndice Cuadro 2).
Otro elemento a considerar es el cobro de un royalty perfeccionado, aplicado a las actividades extractivas, como la minería, y las actividades que utilizan recursos naturales, como el mar. En el caso del cobre algunos economistas que han estudiado el tema proponen considerar un impuesto equivalente al 10% del valor del mineral exportado. Por ejemplo, este royalty habría generado un 0,6% del PIB anual entre los años 2016 y 2018, equivalente a unos US$1.700 millones anuales. Este impuesto, si bien se puede legislar ahora, no tendría efecto para las empresas que firmaron un acuerdo con el gobierno en 2010 a raíz del terremoto y entraría en vigor entre los años 2023 y 2027, dependiendo de la empresa. Sí aplicaría desde ahora a las nuevas inversiones mineras. La regla de un impuesto equivalente al 10% tiene la ventaja de ser de fácil aplicación y difícil de evadir.
Medidas de corto plazo
Un Pacto Fiscal como el propuesto irá generando recursos crecientes a lo largo de los próximos 10 años, pero no resuelve el problema de corto plazo.
Chile tiene una buena tradición de responsabilidad fiscal que es preciso mantener. Esto se refleja en varios aspectos. Al 30 de septiembre de este año Chile disponía en los fondos soberanos de US$24.600 millones, US$10.500 millones en el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) y US$14.100 millones en el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). De este último fondo el gobierno de la época utilizó US$9.000 millones durante el año 2009 para enfrentar una crisis que, para Chile, fue menos grave que la actual. En ese año el déficit fiscal alcanzó al 4,3% del PIB, cifra que supera en más de un punto porcentual la última proyección de déficit fiscal presentado por el Ministro Briones para 2020.
En síntesis, el país está en perfectas condiciones de financiar en el corto plazo la agenda social sin generar desequilibrios macroeconómicos. Cabe señalar que la eventual reclasificación del riesgo crediticio del país, producto de un deterioro temporal de las cuentas fiscales, tendría un efecto muy marginal en el costo del financiamiento externo.
Por otra parte, Chile tiene un bajo nivel de endeudamiento público que asciende a solo 27% del PIB, uno de los más bajos de América Latina y del mundo (ver gráfico 2 en el apéndice). Acompañado de un Pacto Fiscal que lleve la carga tributaria a niveles cercanos a los países de la OCDE en los próximos 10 años. En este contexto, elevar la deuda en 10 puntos del PIB es algo perfectamente razonable y, de mantenerse la situación de los demás países, todavía estaríamos entre los cinco países menos endeudados del continente (ver gráfico 3 en el apéndice) y también entre los menos endeudados del mundo (ver gráfico 4 en el apéndice).
Por último, la reciente devaluación del peso le permitiría al Estado morigerar su impacto sobre el precio de los bienes y servicios de consumo básico, de la misma manera que lo acaba de hacer el gobierno retrasando en tres semanas el aumento del precio de los combustibles. Esto porque el Fisco es uno de los grandes beneficiarios de la devaluación del peso ya que le ingresan muchos más dólares de los que gasta. Por lo tanto, por cada dólar de ingreso fiscal el Estado tiene una ganancia neta equivalente a la diferencia entre el precio considerado en el presupuesto para 2019 ($650/US$1,00) y el nivel actual de la divisa que se ubica en torno a $800; es decir cada dólar que ingresa a las arcas fiscales produce un beneficio de 23% que no estaba considerado en el presupuesto.1 El Fisco se ha beneficiado de este efecto durante todo el presente año.
APÉNDICE
Gráfico 1
Gráfico 2
Gráfico 3.
Gráfico 4
