Desde marzo, este Foro ha insistido en que no habrá solución a la crisis sanitaria y social creada por el COVID-19, si el gobierno no provee los ingresos que permitan a las familias cumplir con la cuarentena. La tasa de desempleo potencial entre marzo-mayo es de 27,9% y empeorará en los próximos meses. El deterioro de las condiciones de vida de los hogares
de bajos y medios ingresos continuará y el país corre el riesgo de retroceder, al menos, una década en los indicadores de salud, económicos y sociales.
Ante este terrible tsunami, este Foro ha representado al gobierno la necesidad de establecer una Renta Básica Universal para posibilitar la subsistencia de las familias chilenas en cuarentena. Lamentablemente, el gobierno rechazó esta propuesta.
Además, hemos propuesto aumentar la cobertura del IFE, pero el gobierno se resiste elevar su monto al nivel de la línea de la pobreza, restringe su cobertura y opera con suma tardanza. Asimismo, hemos planteado expandir la cobertura del seguro de cesantía, permitiendo el uso del fondo solidario, pero el gobierno también rechaza esta propuesta.
Ante la ausencia de una acción decidida por parte del gobierno, la Cámara de Diputadas y Diputados ha despachado al Senado una Reforma Constitucional que tiene por objeto permitir que casi 11 millones de chilenos puedan retirar, voluntariamente, el 10% de sus fondos depositados en las cuentas individuales del sistema de AFP, con un máximo de 150 UF. A los afiliados cuyo ahorro sea inferior a 35 UF se les permite retirar, si así lo desean, el 100% de su saldo.
Con todo, ciertas condiciones del retiro de fondos son, en opinión de este Foro, perfectibles.
Primero, dado que las cotizaciones al sistema están exentas de impuesto, es necesario analizar el caso de los trabajadores cuyos ingresos superan el tope imponible. Para ese segmento, proponemos que el retiro sea considerado renta para efectos tributarios.
Segundo, la fórmula de retiro deja espacio para que afiliados de altos salarios puedan obtener ventajas tributarias a través del mecanismo de Ahorro Previsional Voluntario. Esto constituiría un abuso para una medida de emergencia que busca apoyar a los más vulnerables. Apoyamos que se ingrese una indicación que cierre esta posibilidad de abuso.
Tercero, el efecto de los retiros en las futuras pensiones será absorbido por el Pilar Solidario para aquellos trabajadores que pertenezcan al 60% más pobre. Esperamos que, en un futuro próximo, ese parámetro sea ampliado al 80% de la población.
Cuarto, planteamos reponer la creación de un fondo solidario tal como se planteó en la Cámara de Diputadas y Diputados. Es nuestra convicción que, cualquiera sea la opción que se adopte, es indispensable asegurar que la asignación del fondo tenga criterios de solidaridad progresivos en apoyo a quienes verán caer sus pensiones autofinanciadas debido a este retiro.
En lo medular, estimamos que debe cuidarse especialmente el carácter universal, incondicional y voluntario del retiro que se propone, de modo de asegurar su máxima cobertura e impacto en los hogares chilenos, y que, sin que se enrede en tecnicismos, su ejecución se materialice a la mayor brevedad.
Debe quedar claro en la opinión pública que esta iniciativa de la mayoría del Congreso es responsabilidad del gobierno, quien subestimó la pandemia y la crisis social al tiempo que impulsó medidas tardías y completamente insuficientes para el apoyo de las clases populares y medias.
