Entre las trabas al crecimiento tiene una importancia primordial la modernización del Estado, porque es decisiva para resolver los impedimentos que traban la mejoría del bienestar ciudadano.
En ese sentido llama la atención que no aparezca como una prioridad en las conversaciones de los constituyentes, ya que debieran partir por debatir el tipo de Gobierno en que se basará la estructura básica del Estado chileno. Una razón podría ser la carencia de almuerzos que han reclamado, generando su debilitamiento, a lo que se suma la carencia de movilización para recorrer las 5 cuadras entre el Congreso Nacional y el Palacio Pereira, causando su agotamiento.
Es un tema en que se han planteado importantes diferencias. Se debe definir el tipo de Gobierno entre diferentes alternativas: mantener el sistema actual con una fuerte concentración del poder en el Presidente; modificar lo presente reduciendo algunas facultades del Primer Mandatario; proponer un sistema semipresidencial, similar al francés; establecer un régimen parlamentario como el existente en muchos países europeos; o un sistema federal, tan alejado de lo actual.
Esta definición es esencial porque la necesidad de un cambio es ostensible y el país está sufriendo una crisis de autoridad. De allí la necesidad de un Gobierno de unidad y con el poder para realizar las transformaciones que se requieren, a pesar de las resistencias de todo orden que habría en el futuro.
Se puede partir por establecer que las principales entidades requieren cambios de la mayor importancia: el Poder Ejecutivo, el Parlamento, el Poder Judicial, la Contraloría, el Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas y de Orden y su régimen previsional, la Seguridad Interior del Estado, entre ellos.
La situación es crítica porque muchas de estas instituciones tienen un alto grado de obsolescencia o no dan respuesta a los temas nuevos que han ido apareciendo a nivel global o nacional, producto tanto del acelerado progreso ocurrido o, bien, contribuyen al atraso. Resaltan el medio ambiente, la globalización, la desigualdad, la inmigración, la ancianidad, los pueblos originarios, el poder femenino y la ciencia y tecnología.
Si bien han ocurrido avances en áreas específicas, la situación es compleja y no se pueden abordar todos en forma inmediata, en especial cuando se trata de soluciones con una mirada de largo plazo y se deben establecer prioridades.
La situación es crítica porque muchas de las instituciones tienen un alto grado de obsolescencia o no dan respuesta a los temas nuevos que han ido apareciendo a nivel global o nacional, producto tanto del acelerado progreso ocurrido o, bien, contribuyen al atraso. Se puede partir por establecer que las principales entidades requieren cambios de la mayor importancia: el Poder Ejecutivo, el Parlamento, el Poder Judicial, la Contraloría, el Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas y de Orden y su régimen previsional, la Seguridad Interior del Estado, entre ellos.
El Poder Ejecutivo
La estructura ministerial se mantiene, desde hace más de un siglo, actuando por inercia, a pesar de que se han creado algunas nuevas tareas y entidades.
En su estructura cabe recordar que hasta el comienzo de la dictadura, en el área económica el poder se concentraba en el Ministerio de Economía, para después trasladarse al de Hacienda, como consecuencia del proceso de desregularización que se dio en los últimos 50 años.
No solo el Ministerio de Economía sufre de obsolescencia, también ocurre con los ministerios de Agricultura y Relaciones Exteriores, mientras se mantiene el de Bienes Nacionales, tradicionalmente utilizado para los acomodos políticos.
En la estructura del Gobierno ha sido común resolver los nuevos temas creando varios ministerios, pero pocas supresiones. Surgió la idea de crear un supraministerio de asuntos sociales, poniendo bajo su dependencia a los actuales de Educación, Trabajo, Previsión y Acción Social, pero la propuesta no prosperó.
La función del fomento productivo está casi ausente, a pesar del aporte que podría hacer al crecimiento económico. En cierta medida algunos avances los realiza la Corfo, pero en forma incompleta. La reorganización de la última entidad también es urgente y aclarar los límites entre ambas entidades. Una alternativa podría ser que el ministerio concentrara la tarea del fomento productivo, y la Corfo de llevarla a la práctica. Para enredar más el asunto ha surgido la idea de crear un Banco del Desarrollo, en circunstancias que se le podría asignar esa función a una transformada Corporación de Fomento acompañada del papel que cumpla el BancoEstado.
La tarea es reducir la concentración productiva, que genera la desigualdad. Desde el punto de vista institucional, se requiere reorganizar la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Mirado por los consumidores, debe mejorarse su defensa de la libre competencia. Estas medidas contribuirían a atenuar la formación de carteles, tan frecuentes en la economía nacional.
El tema de las empresas estatales está presente en el debate actual desde dos puntos de vista. 1) Un sector propone crear nuevas entidades para cubrir nuevos temas. Sin embargo, iría contra la tendencia moderna de robustecer la tarea regulatoria del Estado y los recursos tienen alternativas más prioritarias. 2) El grado de autonomía que tienen las actuales entidades dificulta el control del Ejecutivo. Por ejemplo, el Banco Central, Codelco, Ferrocarriles y las dependientes de Corfo.
El fomento a las exportaciones se ha debilitado significativamente, a pesar de que fue uno de los motivos del crecimiento chileno. Se trata de lograr avances en áreas específicas, a partir del fomento de las pymes. Para estos efectos es prioritaria la existencia de un tipo de cambio estable en el tiempo, lo cual no ha ocurrido en los últimos años, impidiendo su expansión; su inestabilidad ha sido causada en parte por la excesiva movilidad de capitales de corto plazo. Además se requiere aprobar el tratado TPP11.
Pero la modernización del Estado no termina aquí. Hay otros temas para la siguiente columna.
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