La gran mayoría de las chilenas y los chilenos vive en ciudades, la mayoría realmente sobrevive en ellas, por eso Chile necesita una verdadera política urbana que considere los temas de vivienda y urbanización, de infraestructura comunitaria y de servicio, de transporte y urbanismo, la sostenibilidad ambiental y la resiliente realidad de los campamentos.
De acuerdo a la Cámara Chilena de la Construcción, el déficit de viviendas afectaba en 2017 a más de 700 mil familias. De ellas, 425 mil carecían de vivienda, incluidos los 47.050 hogares que señala el Catastro Nacional de Campamentos del MINVU, y 315 mil ocupaban inmuebles cuyo deterioro exigía su reemplazo.
Un programa para radicar o erradicar 802 campamentos y construir 700 mil viviendas dignas, reemplazar otras 315 mil, y otorgar oportunidades a las nuevas familias y los nuevos chilenos, requiere un esfuerzo especial.
Es necesario conocer las causas por las que, aún hoy, con un país mucho más rico, con programas intensivos de vivienda y acceso a ella, hay familias que viven en campamentos, o de allegados o en condiciones indignas de arriendos. Sin duda, hay un problema de distribución de recursos, que hace que no todo el mundo tenga suficientes ingresos o acceso a créditos, pero ellos debieran tener acceso a subsidios, y algo ocurre con estos, que en muchos casos no alcanzan a cubrir los costos asociados al valor del suelo y una vivienda digna, en un barrio con espacios verdes, infraestructura social y comunitaria. Es que la política urbana y de vivienda ha sido entregada, como la salud, la educación y las pensiones, al mercado.
Pero también es un hecho que la vivienda no ha sido una prioridad para el actual gobierno. Es un hecho que se construyen menos soluciones habitacionales que las que podrían edificarse, y que ello se debe a que no se asignan suficientes recursos a los programas de vivienda, y no a la falta de proyectos.
La política de vivienda establece que se concurse por fondos presentando proyectos que deben cumplir con requisitos técnicos y financieros. Se exige una solución completa, es decir un proyecto que considere que los postulantes cumplen los requisitos, que la propuesta incluya el terreno, la urbanización, la arquitectura y que se financie con el subsidio.
Sería un problema diferente que no hubiera postulaciones que cumplieran con los requisitos y que, consecuentemente, hubiera subsidios o fondos no asignados, pero no es esa la realidad. De hecho en los últimos llamados ha ocurrido lo contrario, es decir, se han presentado más propuestas que incluyen postulantes habilitados, terrenos disponibles, y soluciones habitacionales que cumplen con los requisitos técnicos y financieros, que aquellas que el actual gobierno está dispuesto a financiar.
A manera de ejemplo, en el último llamado del DS 19 se presentaron propuestas por dos tercios más que lo dispuesto por el gobierno, unas 30.000 viviendas que quedan sin construirse sólo por esta línea de política habitacional.
¿Y los resultados del DS19?
Resulta paradojal que, en tiempos de recesión, de alto desempleo liderado por la construcción, y en que se necesita un impulso reactivador, no se asignen más recursos en esta área que tiene la doble dimensión de resolver temas sociales relacionados con el espacio para la vida, y simultáneamente generar empleos y fuentes de ingresos decentes.
La tarea quedará para el próximo gobierno, como otras tantas.
Contenido publicado en La Mirada Semanal
