Hace un año, el 21 de agosto de 2020, el Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible dio a conocer un documento llamado “Por una Reactivación Justa y Sostenible” en el que analizaba la evolución de la crisis a seis meses de su inicio, y proyectaba escenarios para este año y el próximo. Lo hacía con una visión crítica de las intervenciones del gobierno hasta esa fecha, al decir que “el gobierno perdió la oportunidad de transformar el combate a la pandemia en una gesta de unidad nacional”, y reconociendo que “las medidas económicas de apoyo a las familias han sido numerosas”, señalaba que “sin embargo, han llegado tarde, a cuentagotas, con insuficientes montos y obertura y con mecanismos de acceso demasiado complejos”.
A esa fecha tres de cada cuatro pesos destinados a sostener las actividades económicas y dar sustento a las familias afectadas por la crisis económica y enfrentadas a prolongadas cuarentenas provenían de los ahorros de esas mismas familias.
El Foro sostenía que “la reactivación económica será lenta e incierta pues dependerá mucho de la evolución sanitaria. En este contexto, podría tomará dos años para retornar al PIB por habitante de 2018 y a niveles de desempleo de un dígito. Costará reducir el elevado nivel de desempleo, la pobreza y la pesada carga de la deuda que aflige a millones de familias. Enfrentaremos también restricciones de oferta por la quiebra de miles de pequeñas empresas”, y agregaba que “la magnitud y característica de esta crisis requiere que la política fiscal tenga un rol de primera importancia”.
De acuerdo al Informe de Finanzas Públicas del Segundo trimestre de este año, de la Dirección de Presupuestos, el esfuerzo fiscal hasta el mes de septiembre de 2021 alcanzará la suma de US$ 23 mil millones, que si lo comparamos con el esfuerzo desde los ahorros privados (del orden de US$ 50 mil millones) nos dice que hasta ahora dos de cada tres pesos gastados en la reactivación proveen de los ahorros de las personas.
La suma de estos gastos, provenientes de ahorros en el caso de los esfuerzos privados y de ahorros y endeudamiento en el caso del gasto del gobierno, si consideramos que se realiza en un año y medio, representa un veinte por ciento del Producto Nacional del período. Una cifra no menor.
Por su parte, el gobierno sostiene que extender el IFE representa del orden de US$ 3 mil millones mensuales, por lo que su extensión hasta fines de año representaría un gasto adicional de cerca de US$ 14 mil millones, debido a que desde julio tiene un alcance universal.
El gobierno tardó meses o un año en entender que las políticas que se requerían eran de carácter universal, y hoy, cuando se aplican, se requiere nuevamente un enfoque diferente, no para volver a los engorrosos sistemas de hiperfocalización, sino para asociar los beneficios que se entregan a las nuevas condiciones de la sociedad.
Hoy día sabemos con certeza que la crisis no afecta a todos por igual existiendo sectores y personas que han beneficiado con ella, incrementando sus utilidades y sus patrimonios. Asimismo, sabemos que hay sectores que demandan trabajo y que no encuentran personas dispuestas a emplearse. Esta última situación tiene directa relación con la condición sanitaria y, en especial en cuanto afecta al empleo femenino, con los roles de cuidado de los párvulos y la suspensión de las actividades presenciales en la educación primaria.
En este contexto se debe revisar el conjunto de las políticas en implementación, considerando que no hay incompatibilidad en recibir el IFE y tener un empleo, y que aún la ocupación es inferior al nivel de previo a la pandemia en más de un millón y medio de empleos.
Claramente, la opción de un cuarto retiro de fondos previsionales no tendría el mismo impacto que los anteriores. Por una parte, hay un número muy importante de personas que ya no tienen fondos que retirar, y los que aún tienen no los necesitan en la misma medida que antes de establecerse el IFE universal. Desde esta perspectiva un nuevo retiro sería más regresivo y menos reactivador que los anteriores.
Una alternativa es mantener el IFE, pero condicionarlo a la búsqueda de empleo y la aceptación del mismo, o a el acceso a un curso de capacitación, sobre la base del cambio que se está viviendo en la estructura de los empleos, y que se ha visto acelerada por la pandemia.
Otra opción, que en realidad es complementaria a la anterior, es retomar la propuesta de, las entonces precandidatas Ximena Rincón y Paula Narváez, de complementar los ingresos familiares para que ninguna familia integrada por cuatro personas reciba menos de $ 600 mil. Esto reduciría el monto del gasto en IFE iniciando una normalización del gasto, que será necesaria para la reactivación sostenible.
No realizar cambios tendrá un efecto adicional sobre las políticas públicas que pueda y deba implementar el próximo gobierno, ya que la inercia tiene importantes efectos macroeconómicos, especialmente en inflación, cuyo efecto es claramente perjudicial para los más pobres, y tal como hemos visto con la falta de reacción del actual gobierno, lo que no se hace a tiempo se hace luego a un costo mayor.
Esperemos que el Congreso y el gobierno actúen con responsabilidad y lo hagan ya.
El momento es ahora.
Contenido publicado en La Mirada Semanal
