«Debemos reemplazar en el pilar solidario la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario por una pensión básica universal».
El sistema chileno de pensiones actual impide que todos puedan autofinanciar una pensión digna. Para mejorar las pensiones deberemos transitar desde el actual mercado obligatorio de ahorro individual de largo plazo, subsidiado por el Estado, hacia un verdadero sistema de pensiones patrocinado por el Estado y guiado por los principios de la seguridad social. No podemos continuar con un sistema que necesita de un estallido social para reaccionar. Que demanda de permanentes aportes del Gobierno para mejorar los beneficios que ofrece. Que desconoce la pobreza relativa a que tiene sometida a la clase media una vez que llega a la vejez y que afecta con mayor fuerza a las mujeres.
El nuevo sistema debe hacerse cargo de la realidad nacional y permitir continuas mejoras para promover y garantizar el acceso universal y asequible a prestaciones dignas. Adaptar su diseño y parámetros para cumplir con sus promesas. Reconocer las diferentes realidades en el mercado laboral (el trabajo del cuidado, el emprendimiento, la informalidad y, las propias políticas de empleo y remuneraciones de los asalariados) que impiden alcanzar los niveles necesarios de ahorro en forma individual. Permitir la participación de los afiliados en su administración. Mejorar las actuales pensiones en forma solidaria por la generación actualmente activa. Nada de esto lo hace el actual sistema de AFP, y ha perdido toda legitimidad.
Primero, debemos ofrecer garantías por la sola condición de residente, de modo de beneficiar no solo a quienes tienen dificultades de cotizar, sino también a quienes hacen esfuerzos contributivos. Para ello, debemos reemplazar en el pilar solidario la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario por una pensión básica universal, que estimamos inicialmente en $ 225 mil (70% del salario mínimo).
Segundo, recuperar el aporte del empleador en forma permanente para mejorar la calidad y cobertura de los beneficios de los afiliados más vulnerables. Se utilizarán para alimentar un fondo colectivo y de beneficios definidos incentivando o complementando los esfuerzos contributivos de los más vulnerables.
Tercero, terminar con los abusos al afiliado en su calidad de consumidor de servicios financieros, manteniendo la propiedad del ahorro producto de su cotización. Junto al Estado y los empleadores conformarán una instancia encargada de la recaudación de cotizaciones, administración de cuentas, y cálculo y pago de pensiones. Institución que los asesorará en la gestión financiera de sus ahorros.
Cuarto, continuar incentivando el ahorro voluntario adicional, ya sea corporativo o individual, en una forma estrictamente regulada por el Estado, y complementaria al ahorro obligatorio.
Todo ciudadano residente en Chile y llegada la edad de pensionarse, será elegible para una Pensión Total de cuatro componentes: la Pensión Básica Universal Garantizada, la Pensión Solidaria Contributiva, la Pensión Autofinanciada y la Pensión Voluntaria. Una mujer tipo recibe en el sistema de hoy una pensión subsidiada de $252 mil y un hombre de $386 mil. Una vez en régimen, el nuevo sistema debiera entregar, como mínimo para esta mujer, una pensión de $440 mil y el hombre de $560 mil. Si tuvieren igual nivel de ahorro, ambos hombres y mujeres recibirán la misma pensión. La pensión total no podrá ser inferior a $300 mil para quienes hayan cotizado 30 años o más.
Enmendar el camino resulta fundamental para lo que como sociedad debe ser nuestro principal objetivo: un nuevo sistema de pensiones para Chile.
Contenido publicado en El Dínamo
