Duró cuatro meses en el cargo durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, sus ácidas críticas en contra del sistema de AFP, entre otras cosas, le costó la salida. Para él existe una “captura cultural” de la superintendencia de Pensiones, organismo encargado de fiscalizar, y que ha estado en el ojo del huracán debido a una denuncia de FyF sobre las triangulaciones de la familia Piñera.
“Es que hay un convencimiento que este sistema de AFP es muy bueno”, comienza diciendo. Además, asegura que varios ex superintendentes después terminan trabajando en entidades financieras similares a las AFP o incluso siendo asesores de ellas.
“Las AFP tienen rentabilidades sobre capital del orden del 20% o 25%. Algunas durante varios años logran retornos sobre capital de 100, o sea ¿Qué negocio te da esa rentabilidad? Y por otro lado, si tu miras la rentabilidad de los afiliados no supera el 4,5% y si tu le descuentas el costo de las comisiones y bueno ahí baja otro punto más y está en la cuadra del 3% o 3,5%. Entonces es una cuestión insólita que se permita que en un negocio que es la provisión de un bien público, un bien social que son las pensiones, se permita que el agente privado que opere el sistema obtenga estas rentabilidades”, afirmó.
–¿Qué debilidades tiene el rol fiscalizador de la superintendencia?
-La superintendencia tiene todos los recursos a su alcance, tanto el recurso humano calificado como recursos financieros de presupuesto para realizar todas las fiscalizaciones necesarias, o sea, es un tema de la voluntad del superintendente, de la superintendencia, llevar adelante estos procesos de fiscalización, de investigación y eventualmente aplicar sanciones cuando hay infracciones a los límites y a las normas, ese es el rol de la superintendencia. Ahora, si tú me preguntas si es fuerte o débil, bueno hay un punto que desde la superintendencia se ve que el sistema (de AFP) es un muy buen sistema, están convencidos de que ese es el sistema que debe existir y en consecuencia su mirada no es crítica, y su fiscalización por lo tanto, se restringe a lo meramente operacional.
–Usted estuvo muy poco tiempo en la superintendencia
-Sí, estuve cuatro meses.
–¿Trató de hacer alguna fiscalización más aguda?
-Bueno, en general los superintendentes han sido de alguna manera amistosos con los fiscalizados, yo diría que hubo un superintendente que era duro que fue Juan Ariztia Matte en la época de la dictadura, después vinieron los superintendentes designados por la concertación que han tenido relaciones amistosas con las AFP.
Los propios gobiernos no están dispuestos a hacer grandes cambios en el sistema, de hecho, el único cambio relevante que podríamos decir que favoreció a los afiliados, fue la reforma del 2008, pero en general, toda la reforma de la institucionalidad del sistema desde el 90 en adelante ha ido en beneficio de las administradoras más que en el beneficio de los afiliados. Todo eso es una característica de como ha evolucionado esto y eso obviamente lo que genera una impronta en el organismo supervisor que en este caso es la superintendencia.
-Por ejemplo uno ve a algunos ex superintendentes ligados a las AFP
-He visto a algunos que están en otros entes financieros, ya sea de directores o asesores donde si tienen una relación cercana con las AFP, algunos también han sido asesores internacionales que promueven este sistema en otros países. En general los superintendentes han sido proclives al sistema, con diferentes grados por supuesto, pero eso es una característica.
¿A qué se debe esta especie de amistad entre los superintendentes y las AFP?
Es que hay un convencimiento que este sistema de AFP es muy bueno, este es un convencimiento que está obviamente en la industria y que también ha estado presente en los gobiernos desde el año 90 en adelante, no solo acá, también en los partidos políticos y por eso que las reglas que se han cambiado, no se han cambiado para modificar este sistema, si no más bien para perfeccionarlo en la línea de darle mayores garantías a los agentes que operan el sistema como son las AFP, las compañías de seguros y otras y no en el sentido de ayudar a los afiliados.
De hecho, en la propia reforma del 2008, lo que hace es agregar un pilar solidario, pero no toca el sistema de capitalización individual, entonces lo que ocurre ahí es que todos ven que hay un déficit en el nivel de las pensiones que se entregan y entonces comprometen al fisco en un esquema de subsidios cubierto con recursos fiscales para complementar las bajas pensiones, pero no hay normas o cambios en esa reforma que afecten negativamente el negocio.
–¿Cuál es su visión frente a esta triangulación entre ILC- Hábitat y Moneda Asset que se está investigando y vincularía al presidente?
–Bueno, esto es producto de este ambiente poco fiscalizador y que hace que los actores del sistema vayan llevando a cabo acciones que se acercan a los límites de la norma, me refiero a las fronteras de la norma y como no ven que existan muchos llamados de atención o cuando alguien comete alguna infracción a las normas sea castigado con severidad, entonces se va corriendo naturalmente el cerco y finalmente ocurren estas cosas.
Tenemos el caso de estos fondos a los cuales las AFP han invertido recursos sin que hubiese una clasificación de riesgo. Eso es una cosa bastante sui generis de parte de los fondos de inversión, lo que hacen es que ofrecen las cuotas, sus cuotas para que los adquieran los fondos de pensión y para que esas cuotas puedan ser adquiridas, deben pasar por un proceso de selección en la Comisión Clasificadora de Riesgos, ella es la soberana en esa materia, es una comisión que también está integrada por agentes de la industria. Uno puede decir “ya, bueno no es muy imparcial esto” y no es muy exigente quizás, lo concreto es que ahí hay una falla y posteriormente lo que se ha visto es que esos fondos de inversión donde las AFP ha adquirido cuotas, tiene dentro de sus activos inversiones o títulos que finalmente llegan a un dueño de una AFP, que es el caso de ILC que controla Hábitat, y ocurre que la ley no admite ninguna desviación en el sentido que prohíbe cualquier inversión del fondo de pensiones en los actores del sistema, ya sea directa o indirectamente, es decir, no se puede invertir recursos del fondo de pensiones en AFP, compañías de seguros, corredoras de bolsa, etc.
No hay ninguna posibilidad que eso ocurra, si es que ha ocurrido es porque hay una deficiencia, primero, en los controles de las propias AFP, porque estas tienen que asegurarse que los activos subyacentes de los fondos de los cuales ellos invierten no generen una infracción a estas normas, de hecho existe la obligación de la superintendencia de hacer eso y la superintendencia clasifica esos fondos de inversión en diferentes categorías, esa clasificación en realidad está relacionada con las comisiones que pueden pagar las AFP a esas administradoras. De todas maneras, como requiere una clasificación, esa está basada en los activos subyacentes, entonces obviamente hay una falla que se deja pasar y no se fiscaliza adecuadamente.
El caso Volcom
Para Gallegos, es muy extraño que una nueva administradora de fondos como es el caso de Volcom tenga ese acceso tan expedito y rápido a una cantidad muy relevante de recursos de los fondos de pensiones, he escuchado que tiene el orden de 500 a 700 millones de dólares invertidos, lo que es, obviamente una cantidad muy importante.
No se entiende de como una administradora que no tiene experiencia anterior, donde sus socios tampoco tienen experiencia, logre algo semejante.
-¿Cómo es posible que Volcom logre atraer los aportes de los fondos de pensiones? Eso debe ser analizado porque hay varias cuestiones que son contrarias a la norma aplicable a las inversiones.
Claro, por eso se habla de la relación de Volcom con Sebastián Piñera Morel, quién fue parte de la fundación de la administradora. Él fue fundador y posteriormente se retira de esa administradora y ahora hay un señor, Felipe Larraín Aninat, que es familiar del gerente de la Asociación de AFP Fernando Larraín Aninat, además participa el ex ministro de la concertación René Cortázar, quién a su vez es director de ILC que es la dueña de Hábitat. Ahí hay un problema de “interlocking” que es el nombre técnico que se usa para describir la situación en que hay directores compartidos en empresas que debieran en principio ser competidoras o tener un cierto antagonismo de intereses, y esto es muy llamativo.
También está la situación del decano de la FEN de la Universidad de Chile, José de Gregorio, que tiene un cargo que se supone que es de dedicación exclusiva, sin embargo acá es representante legal de esta administradora lo cual también es llamativo y debería revisarse si corresponde o no.
Lo que sí está claro es que la presidencia de ese tipo de directorio, lo que está haciendo es prestar prestigio a la administradora de fondos para facilitar la relación con las AFP.
–¿Qué cambios podría tener el organismo para evitar que estas situaciones vuelvan a ocurrir?
-La superintendencia tiene todos los recursos, tanto financieros como humanos, además de estar muy bien calificados y pagados para llevar adelante una política y decisión más exigente, el problema de esto es que existe una captura cultural del organismo, en el sentido de que dentro de la superintendencia se estima que este sistema es el mejor sistema que pudiésemos tener y eso genera una cierta benevolencia a la hora de fiscalizar. Hay situaciones que pudiendo ser objeto de una fiscalización más rigurosa, terminan siendo mimetizados y no llegan a conclusiones concretas ni a multas.
Esto es un problema que abarca a todas las agencias reguladoras de Chile, porque como decía George Stigler, premio de economía de la universidad de Chicago, se debe desconfiar de las regulaciones porque tienden a ser diseñadas por la industria y aplicadas en su beneficio. Creo que estamos en una situación así y no es el problema de que cosas se pueden cambiar en la superintendencia, es un tema más estructural, no es posible sostener este sistema, primero porque no da buenas pensiones y eso es el objetivo. Las pensiones no son malas, son de miseria.
En los últimos tres años, la mediana de la pensión fue de $50.000, en el caso de las mujeres $25.000, entonces esta es una cosa que no se sostiene, lamentablemente lo que ha habido hasta ahora ha sido solamente propuestas por la cuales se traslada al fisco la responsabilidad de complementar estas malas pensiones, así fue la propuesta de 2017 promovida por el entonces Ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, que también tiene una mirada condescendiente con el sistema. Ahora la propuesta del gobierno de Piñera es muy parecida a la de Rodrigo Valdés, tampoco hace una reforma de fondo estructurada, si no que básicamente le traspasa al fisco la responsabilidad de subsanar las cosas que este sistema no resuelve.
El problema de este sistema no es solo que dé malas pensiones, además tiene reglas internas que son absolutamente ineficientes o derechamente contrarias a la constitución. En las fallas internas, por ejemplo, son tales que se calculan las pensiones por la base de algunos factores, entre ellos el factor de expectativa de vida que hace que una persona, un varón que se jubila a los 65 sean los 85 la edad promedio de expectativa de vida, ocurre que cuando se muere ese señor a los 85, en su cuenta de pensión obligatoria queda la mitad de lo que ahorró durante toda su vida, entonces esa es una demostración de la ineficiencia del diseño de ahorro, puesto que ese señor se sacrificó durante 30-40 años ahorrando el 10% , pero cuando finalmente se jubila, la pensión que recibe es la equivalente al haber cotizado 5% y el saldo que queda no es pensión, si no que se transfiere a los herederos. Esas son negligencias que son terribles porque no se cumple con el principio de la equivalencia, eso es un problema de ineficiencia económica del sistema.
Por otro lado, hay otras reglas que son francamente inconstitucionales, la principal de ellas, es que el sistema tenga tablas de expectativa de vida diferenciadas por sexo, en consecuencia, las mujeres que tienen mayor longevidad son castigadas en su pensión por ese solo efecto, en un 15% y ocurre que la distinción basada en género, es inconstitucional, de hecho, está prohibido en los Estados Unidos desde 1964, está proscrito en Europa desde el 2011 y debería estar proscrito en este país porque el artículo 5 incorpora a la constitución los pactos internacionales de no discriminación y por lo tanto ellos son parte grande de esta constitución y sin embargo nadie hace objeción de constitucionalidad de esta intolerable discriminación de género.
Además el sistema es inadecuado al mercado laboral al cual pretende servir, ya ves todos los problemas que hay con los independientes y los informales, con el hecho que la pensiones sean muy bajas. Los dueños de los fondos no tienen voz ni voto sobre que se hace con esos recursos, no están en ninguna parte, entonces se traslada todo el poder a las AFP.
Contenido publicado en La Voz de los que Sobran
