Contenido publicado en Diario El Mercurio
Incluso considerando la necesidad y éxito de los tres primeros retiros, plantear un cuarto que apunte a la totalidad de los fondos es un error.
Nuevamente, una propuesta legislativa sugiere la idea del retiro del 100% de los fondos previsionales. La argumentación que esgrime esta vez el diputado de Renovación Nacional Jorge Durán es, literalmente, “porque realmente lo que busca la extrema izquierda de nuestro país es expropiar los fondos de pensiones”.
Se suma así a la propuesta que ya había hecho el diputado de la UDI Jorge Alessandri en que propone un proyecto similar, y que se mezcla con la propuesta que también presentó un grupo de cinco diputados encabezados por Pamela Jiles, que fija un límite de $40 millones.
Todas estas propuestas son insensatas.
Primero, porque no hay amenaza de expropiación. Ninguna de las precandidaturas presidenciales ha propuesto la expropiación de los ahorros previsionales de los trabajadores, argumento base del diputado Alessandri para plantear el retiro total de los fondos de pensiones.
Segundo, porque no hay razones económicas ni sociales que justifiquen. Después de un año del primer retiro, por fin, el gobierno parece haberse allanado a un programa universal de gasto en favor de la ciudadanía por poco más de US$ 11.000 millones. El programa cubre por tres meses al 100% de las familias del Registro Social de Hogares e incluye ayudas dirigidas a las PYME. Si, como es esperable, la crisis derivada de la pandemia cede en intensidad y en extensión en el tiempo, no serían necesarios nuevos retiros de fondos.
Tercero, transformar ese patrimonio financiero en recursos líquidos generaría enormes e innecesarias pérdidas para los afiliados, de paso dando lugar a una disrupción financiera inmanejable para el Banco Central. El daño al funcionamiento del mercado financiero, en profundidad y extensión, sería en extremo difícil de reparar.
A diferencia de la propuesta de retiro total, los primeros tres retiros de los fondos de pensiones fueron totalmente justificados. Se plantearon en un contexto en que el Gobierno no estuvo dispuesto a proponer un programa fiscal de emergencia de amplia cobertura, montos suficientes y acceso sencillo. La verdad es que nunca hubo sobre la mesa una política alternativa a los retiros que se hubiese hecho cargo de la magnitud de la crisis económica derivada de la pandemia y los hogares debieron recurrir a sus ahorros privados para reemplazar sus ingresos perdidos.
Los resultados dieron la razón a esta opción. La ciudadanía votó “con los pies” en favor de los retiros, ejerciendo ese derecho el 90% de los afiliados habilitados. Las solicitudes alcanzaron un número agregado de 25 millones y el monto retirado ha totalizado cerca de US$ 49.000 millones. Además, según el Banco Central de Chile, los retiros estimularon el consumo, impulsaron la actividad económica y redujeron la morosidad y el riesgo en la banca.
Muchas cuentas se desfondaron y será el tesoro público el que finalmente deba restituir esos ahorros vía bono de reconocimiento u otra fórmula que sea progresiva. Es responsabilidad de este Gobierno haber endosado al Fisco esa gran deuda.
Si hubo algún mérito entre quienes impulsamos tempranamente los retiros, fue la lucidez de anticipar la conducta tipo gigante egoísta del Gobierno. Después de un año, plantear un cuarto retiro que apunte al 100% de los fondos es una irresponsabilidad.
