Respaldado en un controvertido diagnóstico de peligro de recalentamiento, que no concita consenso entre los economistas, el Banco Central derramó sobre el trabajoso camino de la recuperación un sorpresivo balde de agua fría. Millones de familias chilenas, duramente golpeadas, albergaban una esperanza de alivio a partir del IFE universal y de los retiros de AFP.
Tras el alza de la TPM, ella se ve súbitamente defraudada.
Fue la insensibilidad social de un Gobierno ausente la que hizo necesario que los hogares echasen mano a sus ahorros previsionales para reemplazar sus ingresos laborales perdidos. Recién después de un tercer retiro, y como reacción a la fuerte presión ejercida desde el Congreso por una oposición unida, fue posible conmover a la autoridad fiscal para que aplicara un programa de ayuda universal de monto razonable, sin cuentagotas ni letra chica.
El paliativo que esas medidas trajeron permitió a la población recuperar niveles de consumo, cubrir el pago de servicios básicos y reducir la morosidad crediticia a un nivel récord, así como hacer frente a necesidades nuevas originadas en el teletrabajo y teleclases.
Sin embargo, el Banco Central ve en ellas una amenaza. A anuncios anteriores de una catástrofe financiera y de destrucción del mercado de capitales, que se probaron totalmente injustificados, se añaden hoy presagios de graves desequilibrios macroeconómicos.
El razonamiento económico detrás de la recesiva alza de la TPM no es claro ni evidente.
El impulso del consumo tiene sus raíces en medidas esencialmente transitorias de apoyo, como el IFE universal y los retiros de AFP, ambas carentes de causas monetarias.
El desajuste de la oferta, que no permite absorber la mayor demanda, obedece a factores reales de quiebres de inventarios, discontinuidades logísticas en la cadena de abastecimiento, mayores costos del petróleo y del transporte naviero internacional. Se trata de cambios en los precios relativos que generan incrementos transitorios de márgenes, no de una capacidad productiva sobrepasada. Es muy cuestionable intentar frenar este shock real, que el mercado está llamado a resolver, a través de un shock recesivo adicional de política monetaria.
Tampoco suena coherente mencionar la depreciación del peso, cuando los retiros dan lugar a un flujo de dólares al mercado local, por la liquidación de inversiones en el exterior, con un efecto contrario a la devaluación. Es el propio Banco Central el que presiona al alza el tipo de cambio al comprar US$ 40 millones diarios para incrementar reservas.
En suma, es dudosa la efectividad de la política monetaria para apaciguar la actual presión sobre los precios, que mayoritariamente responde a inflación importada, mientras que su impacto sobre la actividad es claramente negativo.
Con una débil recuperación de puestos de trabajo, la desocupación en la economía continúa alta en torno a 20%, considerando a los trabajadores que abandonaron la fuerza de trabajo. Con ese nivel, no es posible hablar de recalentamiento.
Según el IPoM, se espera una inflación en el rango de 4-5% de 2021 a 2022 que retorna a niveles de 3% en 2023. En EEUU, si bien la inflación está por sobre el 5%, la Reserva Federal no da señales de elevar la tasa de interés, a la espera de noticias positivas del nivel de empleo.
El impacto alcista en las tasas está destruyendo valor de los fondos de pensiones de los trabajadores. En lo que va de septiembre, en términos reales, el Fondo D ha caído 3,1% y el Fondo E lo hace en 4,3%. ¿Quién responde a los afiliados por estas pérdidas?
Aunque el Banco Central es autónomo y es libre de tomar las decisiones que mejor le parezcan, siempre ellas han de adoptarse pensando, sin dejar lugar a duda alguna, en que la economía debe estar al servicio de los ciudadanos, de los hogares y de las familias, ponderando sus efectos en el mundo laboral, de modo de contribuir a la preservación de la paz social.
Contenido publicado en La Mirada
