La discusión de reforma a nuestro sistema de salud cobra especial importancia ante la presentación del proyecto de Fonasa por parte del Ejecutivo y la propuesta del plan de salud universal (PSU). El AUGE demostró el liderazgo del sistema público junto a los logros sanitarios de varias décadas. Nadie podría decir que las Isapres no tuvieron su oportunidad de ofrecer una alternativa para un segmento importante de la población. Pero fallaron en su promesa. Incluso recibieron un subsidio del 2% como aporte del Estado, además de la posibilidad de recibir 7% de cotizaciones obligatorias de las personas de mayores ingresos durante décadas. Esto es una anomalía totalmente fuera de las lógicas de seguridad social y representa un caso único en el mundo que los seguros privados tengan ese recurso. Junto a ello la posibilidad de incrementar a casi un 11% el promedio de cotizaciones en los contratos sin ninguna regulación efectiva (7% obligatorio + 4% voluntario).
La opción del Seguro Único de Salud paulatinamente ha ido logrando legitimidad en sus resultados en variables como la equidad en el acceso, sostenibilidad financiera y organización eficiente, permitiendo responder de mejor forma a los desafíos que Chile exige en materia de salud. La tradición de experiencias exitosas como Australia, Canadá o Corea del Sur supera con creces modelos como el norteamericano, donde han prevalecido lógicas de mercado y de seguros privados como administradores de la salud.
Chile tiene para esto dos grandes componentes de sus sistemas que debemos mejorar, tal como lo establece el informe de la Comisión Nacional de Productividad. Uno de ellos es la gestión de los hospitales públicos y la atención primaria. Este patrimonio sanitario desde que fue creado el año 1952 como Servicio Nacional de Salud ha sido líder en la región y a nivel global. El otro es el seguro público, Fonasa, que entrega cobertura al 80% de la población. Su fortaleza han sido sus mejorías progresivas y que hoy asume el desafío de transformarse en un seguro público potente para el siglo 21.
Los principios de la seguridad social están plenamente vigentes. Debemos avanzar hacia la universalidad efectiva, en que los derechos sociales sean parte de acuerdos en los que Chile avance de manera definida a través de instituciones públicas fuertes que estén a la altura. Un argumento necesario de relevar es que Chile, en materia de gasto público, está aún muy por debajo de los países OCDE. Asimismo, en número de profesionales de la salud y camas por habitante estamos aún muy lejos de los estándares del sistema de salud que Chile merece. Esto requiere sostener una inversión pública decidida por largos períodos de tiempo.
No puede existir duda de que el dramático gasto de bolsillo y sensación de desprotección que sufren las familias en Chile deben ser causa de escándalo. Avanzar hacia un Seguro Único de Salud con un ministerio con redes sanitarias fortalecidas hace posible responder de manera equitativa hacia un sistema de salud que no deje a nadie atrás.
Contenido publicado en La Tercera
