El RC debiera crear nuevos bienes públicos de acceso universal, respetando las normas sobre privacidad.
Esto sería un activo para una real transformación digital del país.
Lamentablemente, ello no parece estar presente en la actual licitación que involucra unos US$ 400 millones para la próxima década. El RC y el gobierno estarían perdiendo una oportunidad histórica. Sin embargo, las bases de la licitación ya fueron aprobadas por la Contraloría. Ahora se está en la fase de las consultas que hacen los que participan en la licitación y éstas revelan bastante de las ambigüedades, silencios y falta de precisión de las bases técnicas que elaboró el RC.
En efecto, las más de 3.000 preguntas que han formulado las empresas a través del portal de mercado público apuntan a una debilidad de las bases en aspectos relevantes, lo cual hace dudar de que el Registro tenga en realidad una visión clara y estratégica de lo que debería ser el nuevo sistema. Surge también la impresión de que al RC le faltaría dominio técnico del sistema de identificación actual ya que según los participantes solo lo describe de manera muy general en las bases.
Las empresas consultan además si es cierto que las nuevas cédulas pasaportes podrán tener menos seguridad que los documentos actuales, o por qué no se exige un sistema biométrico preciso.
Después de una década sería de esperar que se elevaran los requisitos de seguridad, pero en cambio parecería que estos se reducen. ¿Esto es consecuencia del ajuste presupuestario en torno a -16,3%?
El Registro Civil ha decidido esta vez otorgar 35% a la calidad técnica y un 65% a la oferta económica, cuando en procesos tecnológicos similares a este la proporción es más bien 50/50. Vale decir, obtener un precio bajo resultaría más importante que aplicar los mejores estándares técnicos.
Por otra parte, se hicieron muchas consultas pidiendo al Registro que defina mejor quién llevará las riendas del proyecto, ya que al parecer no queda clara la frontera del futuro contratista al haberse fraccionado el sistema en múltiples pedazos con diferentes proveedores y ningún integrador general.
Los silencios y ambigüedades de las bases de licitación de un sistema técnicamente complejo generan riesgos para la consistencia del proyecto y eventualmente hasta de judicialización por fallas de coordinación entre los diferentes proveedores, así como entre éstos y el RC. Ojalá las respuestas del Registro Civil a los miles de preguntas que ha recibido sean suficientes para resolver las grandes dudas que se han generado.
Contenido publicado en Diario Financiero
