Es un texto complejo, pero evidencia que posiblemente podría haber cambios en las bases de licitación, aunque necesariamente tendrá que adecuar los plazos para asegurar que haya competencia efectiva entre las empresas que aspiran a ser ejecutoras del contrato.
Esto es crucial. El propio Registro Civil declara que está emprendiendo el proceso de modernización más importante de los últimos cuarenta años. Ojalá que así sea, porque las respuestas a mis artículos que publicaron el actual director y el exdirector del Registro Civil efectivamente entregan información nueva, pero no aclaran otros aspectos y abren nuevas interrogantes.
Primero, lo más importante es que el Registro Civil aclara que en la licitación habrá una sola empresa ganadora para 7 de los 12 módulos. Esto es un cambio importante respecto a las bases de la licitación publicadas, donde abrieron la posibilidad de que fueran varias empresas las que ganaran partes de los 7 módulos, lo que generaba riesgos de fallas de coordinación y eventuales litigaciones en los tribunales, a costa de todos(as) los(as) chilenos(as).
Segundo, ¿pero que pasará con los módulos restantes? Las bases de la licitación declaran que el Registro Civil será el encargado directo de gestionar esos módulos, lo que en principio parece loable. Pero fuera de la prestación de servicios a los ciudadanos, el RC debiera fortalecer sus capacidades fiscalizadoras e incluso reguladoras, cuando tengan una plataforma digital de alcance nacional, para expandir el uso de los medios de identificación digitales para usos públicos y privados.
¿Es el Registro Civil la entidad idónea para gestionar los 4-5 módulos restantes? En mi opinión, no creo que este servicio disponga de las competencias para elaborar y gestionar la ingeniería de detalle para la fabricación de muebles o equipos de computación, que deben responder a los requerimientos de la empresa ganadora de la licitación en curso.
Entonces el Registro Civil se confronta a una decisión estratégica. Y hay tres opciones. Una es asumir directamente los 4-5 módulos. Otra es que el RC haga nuevas licitaciones o contratos directos para que terceras empresas se encarguen de esas funciones, lo que generará un nuevo problema de coordinación entre el RC, la empresa que gane la licitación de los 7 módulos y las empresas que asuman parte o todos los módulos que en principio serían gestionados por el RC.
Una tercera opción que el Ministerio de Justicia debería considerar y que, en mi opinión, es la más deseable, sería crear una empresa pública con el fin de prestar servicios tecnológicos al Registro Civil y otras entidades gubernamentales, dejando al servicio funciones regulatorias, fiscalizadoras y de relación directa con los clientes. Si el gobierno lo presenta como proyecto de ley, tendría apoyo de la oposición y el quórum necesario. Sin embargo, no creo que ello esté en el horizonte ideológico del actual gobierno.
Finalmente, el Sr. director del RC anuncia que el costo de la licitación se reduce de US$ 480 millones a US$ 280 millones. Pero él debería saber que en economía no hay almuerzos gratis. Si antes la mayor parte de los costos de fabricación de pasaportes y cédulas se cargaban a usuarios (con subsidios cruzados), hoy el servicio de Registro Civil deberá asumir funciones que implican un mayor gasto fiscal, por lo menos de US$ 10 millones al año. Lo mismo ocurrirá si licita o contrata por trato directo el resto de los módulos a terceras empresas. Esto se debería transparentar a la opinión pública.
Agradezco las dos invitaciones que los directores del Registro Civil me han hecho para conversar sobre estas materias. Ciertamente lo haré, pero después de finalizada la licitación en curso. Por ahora valoro mucho la transparencia y el debate público. Aquí está en juego el interés general de todas las chilenas y los chilenos.
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