Álvaro Díaz: Interrogantes sobre la licitación del Registro Civil

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Entre todos los servicios de los que dispone el Estado, el Registro Civil es el ente que posee la base datos que prácticamente cubre todo el universo de la población chilena y tiene un potencial extraordinario que va más allá de otorgar cédulas de identidad y pasaportes. Con sus dos indicadores biométricos –que son las huellas digitales y el reconocimiento facial– el RC podría otorgar servicios a entidades del Estado para simplificar sus procesos y agilizar la entrega de beneficios, como para el caso de la cesantía, que seguirá siendo elevada más allá del 2020. Y también podría apoyar a la CMF para que haya más inclusión financiera móvil, incluyendo –por ejemplo– los celulares como medio de pago.

La reciente salida del entonces director del Registro Civil (RC) evidenció que había severos problemas en la estratégica licitación que este servicio intenta desarrollar. El nuevo director tendrá que asegurar una licitación que no termine en litigación judicial, un proceso limpio y transparente para todo el país. Si no lo logra, se deteriorará aún más la confianza de la sociedad en las instituciones públicas.

Primero, el RC tendrá que precisar y quizás modificar las bases de la licitación, respondiendo a las más de 3 mil preguntas que formularon las empresas que eventualmente participarán en dicho proceso. El RC se dio plazo hasta fines de enero y emitió una resolución, diciendo que podría introducir “eventuales modificaciones a las bases de licitación”. Esto es un reconocimiento de que las bases originales de dicha licitación no fueron diseñadas con todo el rigor necesario. Ojalá que el organismo acierte, porque se juegan US$ 480 millones de dólares.

Y, finalmente, cuando termine la licitación, el Registro Civil debe elaborar una estrategia de desarrollo a 20 años plazo, que abarque al menos dos licitaciones futuras y que permita transparentar la orientación de este servicio crucial para Chile. Este es un vacío grave y evidencia falta de planificación estratégica o ausencia de transparencia.

Segundo, el Registro Civil debe identificar –con visión estratégica– las funciones que asumirá. En las bases de licitación, el organismo no explica por qué el RC se encargará de muebles y equipos. Esto no es relevante. Lo principal es la gestión de las bases de datos y el desarrollo de una plataforma digital, para la modernización de los sectores público y privado, popularizando el uso social de medios digitales de la identidad. Ambas funciones suponen un mayor gasto fiscal y personal técnicamente competente, lo que no se puede improvisar. Se requiere una planificación a 2-3 años plazo.

Tercero, el Registro Civil debe aclarar, con precisión, cómo resolverá los eventuales problemas de coordinación que podrían surgir si varias empresas se adjudican partes de un proceso, que hasta ahora una sola empresa realizaba. Es legítimo y deseable que el RC asuma nuevas funciones estratégicas, pero ¿cuán preparado está para hacerlo? Y, sobre todo, ¿cómo resolverá los problemas de coordinación entre diversas empresas privadas y de estas con el RC? Esto requiere llenar vacíos y ambigüedades en los contratos que se suscriban. De lo contrario, la falta de precisión, genera un gran riesgo de continuas litigaciones judiciales que generarán altos costos de transacción y disminuirán la productividad.

Cuarto, el RC debe velar para que los requisitos de calidad cumplan con los más exigentes estándares internacionales. En efecto, no se entiende por qué se decidió reducir los requisitos de calidad sin mayor explicación. Por un lado, los niveles de seguridad del carné de identidad disminuyeron ¿Por qué este servicio no transparenta los criterios utilizados? Por otro lado, ¿por qué la relación calidad/precio cae de 65%/35% a 50%/50%? Nada de ello está explicado. Es cierto que el país vive un período de restricciones presupuestarias, pero esta es una inversión estratégica, cuyo valor presente neto se medirá en una década.

Y finalmente, cuando termine la licitación, el Registro Civil debe elaborar una estrategia de desarrollo a 20 años plazo, que abarque al menos dos licitaciones futuras y que permita transparentar la orientación de este servicio crucial para Chile. Este es un vacío grave y evidencia falta de planificación estratégica o ausencia de transparencia.

Entre todos los servicios de los que dispone el Estado, el Registro Civil es el ente que posee la base datos que prácticamente cubre todo el universo de la población chilena y tiene un potencial extraordinario que va más allá de otorgar cédulas de identidad y pasaportes. Con sus dos indicadores biométricos –que son las huellas digitales y el reconocimiento facial– el RC podría otorgar servicios a entidades del Estado para simplificar sus procesos y agilizar la entrega de beneficios, como para el caso de la cesantía, que seguirá siendo elevada más allá del 2020. Y también podría apoyar a la CMF para que haya más inclusión financiera móvil, incluyendo –por ejemplo– los celulares como medio de pago.

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