Un hito relevante, pues en su gestión están puestas las esperanzas del inicio del tan ansiado proceso de descentralización del país, lo que permitirá asimismo acercar las decisiones a la ciudadanía.
Sin embargo, hay claridad en que sus facultades son insuficientes y para que su labor tenga éxito, es necesario ampliarlas en distintos ámbitos de acción.
Así, ya desde el año pasado el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) propuso avanzar en entregar nuevas atribuciones, en los ámbitos de la planificación, decisiones de inversión y gestión en el área de la infraestructura pública.
Un punto central es fortalecer la capacidad de los nuevos gobiernos regionales de impulsar desde las regiones los planes de inversión a desarrollar, contribuyendo en la generación de equidad y oportunidades. Para ello, creemos que se deben reforzar con mayores equipos técnicos y presupuestos en cada una de las regiones la nueva División de Infraestructura y Transportes, que presenta la ventaja de ser un especio de integración institucional. En contraste con el nivel central, en la práctica se integran las áreas públicas dedicadas a la infraestructura: MOP, MINVU y MTT, lo que puede ser un paso interesante para mayores niveles de integración y coordinación a nivel nacional.
En ese marco, es importante ampliar la facultad que tiene los gobernadores en la planificación de la infraestructura de financiamiento regional a la facultad de participar activamente en la planificación de infraestructura de financiamiento nacional. Esto además debiera ser complementado con la injerencia directa en la priorización de presupuestos sectoriales de ejecución permanente que se hacen en la región, como por ejemplo los planes de infraestructura urbana, la pavimentación rural y urbana y los planes de financiamiento de agua potable rural.
En lo relativo al transporte público -tema fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas-, las nuevas autoridades debieran tener entre sus facultades, en una primera etapa, la gestión del transporte público urbano para, en una segunda fase, también liderar las licitaciones de éste. Esto es clave, tanto por la pertinencia – el transporte urbano debiera ser por definición descentralizado – como por la cercanía que tienen los gobiernos regionales con el territorio, sus particularidades y urgencias.
En la misma línea, también nos parece relevante que entre las facultades de las gobernaciones esté lo relativo a la gestión de transporte interurbano intrarregional, las autopistas urbanas y las decisiones de restricción vehicular por congestión y/o por contaminación. Asimismo, un paso importante es que en las empresas públicas de carácter regional (Metro, Ferrocarriles, Puertos), esté representada la gobernación en sus directorios.
Por cierto, en este proceso de descentralización también debemos definir qué tipo de decisiones de infraestructura es adecuado que sigan en el ámbito nacional, ya sea por su carácter estratégico, por la complejidad de éstas o bien por su impacto nacional. Es el caso, por ejemplo, de la red de carreteras nacionales, la red primaria de aeropuertos, los pasos fronterizos, la política portuaria, el plan de embalses, el transporte inter regional y la política ferroviaria, entre otras áreas relevantes.
El proceso de descentralización que comienza Chile ha sido largamente esperado en cada una de las regiones. Todos debemos colaborar para que sea un éxito, y uno de los factores del éxito es qué transferirles nuevas facultades a los gobernadores para una mejor gestión. El ámbito de la infraestructura pública y transportes es una de las áreas donde deberían tener más facultades.
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