Se trata del Acuerdo de Escazú, un convenio promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) cuya adopción presidieron precisamente Chile y Costa Ricaen 2018 tras cuatro años de negociaciones.
El acuerdo recibió ese nombre por adoptarse en la ciudad costarricense de Escazú y su objetivo es facilitar el acceso a la información pública y promover la participación ciudadana en las políticas medioambientales de América Latina y el Caribe.
Tanto el ministerio de Relaciones de Exteriores como el de Medio Ambiente chilenos argumentaron el rechazo al tratado por incluir «ambigüedades» en algunas normas que «prevalecerían sobre la legislación interna», causando confusiones jurídicas y exponiéndoles a posibles demandas internacionales.
El acuerdo entra en vigor el próximo 26 de septiembre, siempre y cuando sea ratificado por al menos 11 de los 22 Estados que originalmente lo suscribieron.
De momento ha sido ratificado por nueve países.
Y aunque otros miembros como Colombia, Perú, México o Argentina no han puesto su firma final de momento, el caso de Chile resulta paradójico e «inconsistente» por rechazarlo abiertamente tras ser uno de sus impulsores principales.
La decisión provocó duras críticas de la oposición y de organizaciones defensoras del medioambiente.
¿En qué consiste el Acuerdo de Escazú?
Firmado en 2018 por 22 países de la región, el propósito del tratado es, según recoge la CEPAL, «garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados».
«Uno de los aspectos que refuerza Escazú es la protección de las poblaciones más vulnerables a los efectos del cambio climático y facilitarles un mejor acceso a la justicia y a la información», amplía a BBC Mundo Pedro Cisterna Gaete, abogado e investigador de derecho y medioambiente de la Universidad de Concepción de Chile.
Se trata de un acuerdo regional alcanzado en negociaciones presididas por Chile y Costa Rica y otros cinco integrantes de la Mesa Directiva, conformada por Argentina, México, Perú, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago.
Si bien 22 países suscribieron originalmente el acuerdo, este ha sido ratificado, de momento, por solo nueve: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis y Uruguay.
A falta de las dos firmas requeridas para que el acuerdo entre en vigor y a cuatro días de cumplirse el plazo, Chile lo ha rechazado.
¿Por qué Chile rechazó el acuerdo?
El 8 de septiembre, el ministro de Exteriores, Andrés Allamand, anunció que el acuerdo suponía un «inconveniente para Chile».
Este martes, a través de una alocución conjunta del propio Allamand y la ministra de Medioambiente, Carolina Schmidt, se desarrollaron a fondo las razones de la decisión final.
El ejecutivo chileno considera que el tratado de Escazú contiene obligaciones «ambiguas» que podrían condicionar las legislaciones ambientales de Chile, crear incertidumbre jurídica y exponerles a controversias internacionales.
Cita, por ejemplo, que el hecho de que se reconozcan derechos de defensores medioambientales otorgaría «un estatus diferente al de otras agrupaciones de derechos humanos, afectando así la igualdad ante la ley».
El análisis agregó que el acuerdo no define sus principios y que eso provoca «un problema interpretativo».
Al comienzo del documento que resume las razones, se asegura que «Chile tiene una legislación ambiental que es reconocida, nacional e internacionalmente, por su contenido, alcance y consistencia».
Por otra parte, y apenas unas horas antes, el presidente del gobierno, Sebastián Piñera, aseguró que Chile está «totalmente comprometido» con el cambio climático ante la Asamblea de las Naciones Unidas.
«Publicidad engañosa»
La ola de reacciones y críticas por parte de la oposición y las organizaciones defensoras del medioambiente no se hizo esperar.
Matías Asun, director nacional de la organización Greenpeace en Chile, criticó la gestión del gobierno, acusándole de realizar «publicidad engañosa» por hacer creer a la gente que las políticas medioambientales están en el centro de su agenda.
«El gobierno promovió y lideró el acuerdo de Escazú que hoy decide no firmar, el gobierno expuso el acuerdo de Escazú como argumento para conseguir la sede de la COP25. Bueno, resulta que todo fue un engaño. Una publicidad engañosa que finalmente hoy se sincera», dijo Asun.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos también se pronunció al respecto y dijo en Twitter que el gobierno «prioriza intereses empresariales por sobre los derechos ambientales de las comunidades».
Rechazo del Gobierno a firmar Acuerdo de Escazú, da cuenta de su doble estándar en DDHH, prioriza intereses empresariales por sobre los derechos ambientales de las comunidades y pone a Chile al margen de la comunidad internacional.
— Comisión Chilena de Derechos Humanos (@ComisionChilena) September 23, 2020
Vlado Mirosevic, miembro del Partido Liberal de Chile, calificó los argumentos del gobierno como «rebuscados y pobres».
Marcelo Mena, exministro de Medioambiente durante el anterior gobierno de Michelle Bachelet, dijo en Radio Duna de Chile que «sacar estas razones ahora es totalmente poco serio y tiene que ver con que hay sectores empresariales que han presionado al gobierno, porque tienen desconfianza de lo que signifique una mayor participación».
Incoherencias
Las razones del gobierno chileno están siendo un asunto de debate en el país. Para muchos son incoherentes y paradójicas.
«La decisión es un poco inconsistente porque Chile ya ha firmado en otros acuerdos algunos principios similares a los que ahora califica como ambiguos en el tratado de Escazú«, dice Cisterna Gaete a BBC Mundo.
«En Escazú se habla del principio de equidad intergeneracional, algo que está incluido en la mayoría de tratados medioambientales, como el de París, firmado por Chile. Realmente es difícil de entender la decisión», amplía.
El investigador teme que el rechazo de Chile tenga un «efecto rebote» y afecte la ratificación del acuerdo por parte de otros países.
«Sería lamentable que el futuro del acuerdo estuviese en peligro por una decisión de un solo país que, bajo mi opinión, no da razones fundadas para no firmar el acuerdo y que está siendo inconsistente con respecto a su postura histórica con Escazú», advierte Cisterna Gaete.
A la vista de las críticas recibidas, BBC Mundo contactó al ministerio de Relaciones Exteriores chileno, pero no obtuvo respuesta hasta el momento de la publicación de esta nota.
Contenido publicado en BBC Mundo
